Tras el terrible derrumbe que se registró en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, donde perdieron la vida una abuela junto a su nieta, un concejal denunció que el municipio “hace la vista gorda” a los controles que se deben realizar previamente a la construcción. Instó a la junta a realizar una revisión de todos los edificios de la localidad.

Según el concejal Eduardo Florentín, la situación es crítica en la ciudad de Encarnación y se debe realizar controles a todos los edificios de la zona, ya sea que estén en proceso de construcción o ya estén recibiendo a turistas. Resaltó que este derrumbe fue criminal, porque se perdieron la vida de dos personas.

“Es evidente que cada uno construye lo que quiere en Encarnación porque el ejecutivo de la municipalidad hace la vista gorda al control. Estamos dolidos con lo ocurrido, pero esto tiene que servir para identificar a los responsables y que no vuelva a ocurrir. Esta es una irresponsabilidad del propietario y del constructor”, declaró Florentín, en entrevista con la 780 AM.

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Refirió que la firma constructora fue autorizada para construir un edificio de cinco pisos y que ya habían llegado al noveno. Aclaró que la situación iba a ser más grave si se terminaba y habilitaba para recibir a personas en temporada alta, que sería en época de verano cuando recibe a una importante cantidad de turistas del país y la región.

“Acá hay varios responsables directos, es un acto criminal lo que ocurrió y creo que es momento de impulsar desde la junta una revisión total de los edificios de la ciudad. Hoy seguro más de uno está preocupado si vive en un departamento de altura en Encarnación porque se evidencia que no se controla al que construye. Pudo haber sido más grave si se habilitaba así y estábamos en temporada alta”, indicó.

El edificio en construcción que colapsó el miércoles por la noche en el barrio San Roque de Encarnación, arrojando dos víctimas fatales, presentaba fallas en el diseño. Según el plano, presentado y aprobado por la municipalidad local, fue proyectado para cinco pisos, pero se habrían construido 9 lozas.

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En el salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional se desarrolló un análisis crítico “Al poder disciplinario ejercido por la Corte Suprema de Justicia contra los abogados litigantes”, donde se contó con la presencia de renombrados disertantes. Seis de los exponentes coincidieron de que la Corte no puede sancionar a los abogados que no trabajan para ellos.

Según el profesor doctor Nicolás Gaona Irún hubo coincidencia entre los colegios de abogados de que la Corte no tiene facultades disciplinarias que está ejerciendo sobre los abogados que no dependientes o funcionarios judiciales. Sin embargo, uno de los disertantes se mostró renuente a la situación y demostró su apoyo a la Corte, afirmando que sí tiene la potestad contra los litigantes.

“La postura de seis de los exponentes es que la Corte no puede juzgar disciplinariamente a quien no es su dependiente. Cada uno dio su punto de vista y fue socializado con el auditorio”, detalló Gaona en entrevista con La Nación/Nación Media. El evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) contó con una alta participación al tratarse de una situación que compete a los abogados del territorio nacional.

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Confirmó que uno de los expositores se mostró a favor de la Corte Suprema de Justicia y se excusó ante una ley que ya fue derogada. “Excepto el colegio de abogados de Villarrica representado por el doctor David Bogado, quien dijo que cree que la Corte tiene facultades e infundo su punto de vista, pero en una Ley que está derogada que es la 879″, señaló.

Indicó que el auditorio realizó sus preguntas como puntos de vistas, en el que muchos coincidieron en que la corte se extralimita y que no tiene la facultad disciplinaria con los abogados independientes. “En todos los casos hubo coincidencia que no puede disciplinar y que son inconstitucionales las medidas aplicadas por la Corte. Además, se habló de que la colegiatura obligatoria era una salida que había fracasado”, puntualizó.

Agregó que se resolvió hacer un informe sobre la exposición realizada y que será publicada dentro de un mes en formato de libro, que tendrá una presentación en formato digital y más adelante en impreso. “Yo creo que la corte se extralimita que funda la existencia del Consejo de Superintendencia así como la Ley 609 y el mal entendido sobre la vigencia de la ley 879 que fue derogada en el año 1992, sin embargo ellos están poniendo en vigencia”, sentenció.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) procedió a la incautación de varias maquinarias agrícolas en la zona de Canindeyú durante un control rutinario y derivadas hasta la base central en la ciudad de Asunción.

En conversación con el programa “Dos en la ciudad”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el jefe operativo de la DNIT, Martín Cáceres, explicó que desde hace meses se encuentran realizando controles a camiones que transportan maquinarias pesadas, en especial de uso agrícola, para corroborar si las mismas cuentan con las documentaciones legales que avalen el ingreso al país de contrabando.

“En el último operativo logramos incautar de una retroexcavadora y una sembradora que eran transportadas desde la zona de Amambay hasta Canindeyú, donde durante una barrera de control los funcionarios se percataron de que estos vehículos no contaban con documentación que avale que fueron nacionalizados, ni tampoco una cédula verde para confirmar su legalidad”, explicó Cáceres.

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El funcionario destacó que el costo de estas maquinarias incautadas oscilaría entre los 1.500 millones de guaraníes, recordando que en lo que va del año ya han incautado vehículos y maquinarias similares por un valor aproximado de 7.000 millones de guaraníes, todos por carecer de documentos identificatorios y que continúan en la base de la DNIT porque nadie los ha reclamado.

“Cuando se dan este tipo de incautaciones, lo que hacemos es notificar a las autoridades correspondientes para que se abra un sumario para la investigación de la procedencia de los mismos y que también quienes sean propietarios puedan acercar los documentos en caso de que los tengan para que se les sea devuelto. Queremos recordar a los propietarios u operarios que este tipo de vehículos debe contar con documentos porque es igual que cualquier otro vehículo”, subrayó el jefe operativo.

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