La fiscal Pamela Pérez señaló este sábado que es imposible que nadie se haya percatado de la fuga de internos de la cárcel de Tacumbú, atendiendo a que había guardia perimetral. Destacó que por el momento la investigación se está centrando en la parte interna de la penitenciaría.
“Por ahora estamos centrándonos en la parte interna del penal. Es imposible que no se haya visto nada, siendo que había gente resguardando el perímetro del penal. Estamos haciendo las diligencias correspondientes sobre lo ocurrido”, manifestó este sábado la fiscal del caso en comunicación con la radio 1080 AM.
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Sostuvo que continúa la investigación para determinar cómo se fugaron los internos de la cárcel de Tacumbú, atendiendo a que había guardiacárceles y militares y policías en las inmediaciones. También ya hay sumariados, atendiendo a que hay un puesto en las inmediaciones de la cárcel.
Pérez indicó que los guardias de la penitenciaría ya fueron convocados a declarar, buscando esclarecer lo ocurrido. Uno de los fugados es Hugo Lazarte, quien participó en el rescate del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, y el asesinato del subcomisario Félix Ferrari en setiembre del 2019.
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“Estamos haciendo todas las diligencias para saber cómo estas personas pudieron salir de la penitenciaría. Ya convocamos para declarar a funcionarios para poder ir chequeando la información. Encontramos una abertura en un ventanal de hierro y por ahí habrían salido, pero no lo aseguramos”, agregó la fiscal del caso.
Los internos se fugaron de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú durante la madrugada del jueves. Los mismos fueron identificados como Hugo César Lazarte, de 33 años, oriundo de Pedro Juan Caballero; Alejandro Báez, recluido por robo agravado desde el 2019; Julio César Martínez, por hurto agravado desde el 2020, y Sergio Iván Fernández Roa, de 24 años de edad.
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Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
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Condenan a 4 años de cárcel a Miguel Servín, alías “Celular”, por tener título falso de abogado
Un tribunal de sentencia condenó a 4 años de cárcel al supuesto líder narco Miguel Ángel Servín, alías “Celular”, luego de ser responsable de haber falsificado su título de abogado para obtener su matrícula en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Yolanda Portillo dictó la sentencia condenatoria contra el procesado.
Los jueces de sentencia concluyeron que sí se probó el hecho con documentos y por sobre todo los testigos que declararon durante el desarrollo de la audiencia oral.
La acusación fiscal fue presentada por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. De acuerdo a la investigación, en diciembre del año 2017 Miguel Ángel Servín y su presunto testaferro Hugo Meza habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos títulos de contenido falso.
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Los títulos fueron expedidos supuestamente por la Universidad de San Lorenzo (UNISAL) y la Universidad Católica (UCA), pero los mismos eran apócrifos, puesto que los acusados ni siquiera fueron alumnos de las instituciones.
La fiscal Nathalia Silva refirió que el día de la fecha se presentó la directora de la UNISAL y también los firmantes del título, quienes desconocieron totalmente que ellos hayan emitido un título a favor del señor Miguel Servín, así como que el mismo ni siquiera se matriculó en dicha institución. Afirmó estar conforme con la decisión, teniendo en cuenta que la pena máxima es de cinco años.
Proceso por narcotráfico
Miguel Ángel Servín, alias Celular, está procesado igualmente por liderar un esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero, en el cual sería pieza clave Hugo Meza Huespe, alias MH, quien manejaba los negocios de la banda a través de diversas actividades.
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Triple choque en Sanber: jueza decretó prisión en la cárcel de Emboscada de Sanabria Vierci
La jueza penal de Garantía, Silvia Carolina Cáceres, decretó la prisión preventiva de Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino.
Sanabria Vierci pasará a estar recluido en la penitenciaria de Emboscada una vez que tenga el alta médica. Asimismo, los médicos del centro asistencial donde está internado el imputado deberán informar del estado de salud al juzgado cada 24 horas.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, diligencia judicial llevada a cabo en el sanatorio privado.
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
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Sigue en marcha plan para convertir Tacumbú en un penal solo para procesados, dice Nicora
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, manifestó que en el marco del proceso del nuevo modelo de gestión penitenciaria impulsado por el gobierno de Santiago Peña continua en marcha el plan para convertir la cárcel de Tacumbú en un Centro Nacional de Prevenidos. Agregó que este proceso será fundamental para aplicar los programas de reinserción social.
“Toda la parte frontal de la penitenciaría donde antes se tenían las habitaciones vip, los casinos y un galpón grande con un montón de gente acostada en el piso será rencausada. Estamos apuntando que en la cárcel de Tacumbú ya no se tenga mezclado a los reclusos procesados y condenados, solo tendremos a las personas procesadas”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La intención ya había sido anunciada por Nicora en mayo pasado luego del exitoso operativo militar y policial denominado Veneratio, desarrollado el 18 de diciembre del 2023, que hizo frente a uno de los grupos criminales con mayor influencia en los penales, el clan Rotela.
Sin embargo, el ministro reiteró en la fecha que sigue firme la intención de concretar el ambicioso plan. “De esta forma Tacumbú solamente será para las personas procesadas de alto tránsito que tengan que ir al Poder Judicial para la revisión de sus audiencias, juicios orales, entrevistas con psicólogos, siquiatras. En la etapa del proceso abierto hay mucho más movimiento judicial justamente por las audiencias y las etapas previas a una sentencia”, explicó.
El secretario de Estado argumentó que de concretarse la iniciativa no solo el Estado paraguayo optimizará recursos humanos y logística, sino que se dará cumplimiento “al gran precepto internacional en clasificar a las personas privadas de libertad en condenadas y procesadas”.
Por otra parte, Nicora sostuvo que el saneamiento que se encuentra impulsando su cartera en las diferentes cárceles del país es el éxito de una gran coordinación de las fuerzas públicas, esto en referencia al inicio del proceso de clasificación de los condenados de acuerdo a sus perfiles.
Ayer martes el Ministerio de Justicia impulsó un operativo de traslado de reos de alta peligrosidad que anteriormente se encontraban alojados en las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.
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