Bajo la consigna de que “Protegiendo a periodistas y medios se protege a la democracia”, la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay (MSPP), que aglutina a gremios de comunicadores sociales e instituciones del Estado ligadas a la justicia y la seguridad, realizó un pronunciamiento público. Según organismos internacionales de DDHH, el asesinato de periodistas es la peor forma de censura.
Esto, atendiendo a que mañana 2 de noviembre se conmemora el “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, y tras el reciente asesinato del periodista Humberto Coronel en manos del crimen organizado que conmocionó a todo un país.
Según las Naciones Unidas, impulsor en la instauración de esta fecha, en todo el mundo, el porcentaje de impunidad en crímenes es significativamente alto, ya que nueve de cada diez crímenes quedan en la impunidad. Este no es un caso aislado para Paraguay, ya que en los últimos 30 años, ya en la época democrática, con Coronel suman 20 periodistas paraguayos asesinados por su labor informativa y más de 600 hechos de violencia en contra de comunicadores sociales.
“El ejercicio libre y seguro del periodismo es una clave sustancial para el desarrollo de una sociedad democrática, no puede existir democracia sin un acceso libre a la información, sin el ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Por eso es importante que los periodistas y los medios de comunicación puedan ejercer el periodismo con total libertad y seguridad”, indicó José María Costa, coordinador de la Mesa, Corte Suprema de Justicia, en comunicación con La Nación-Nación Media.
La MSPP a través del comunicado expuso cinco planteamientos: uno de ellos la necesidad de que en Paraguay tengan efectiva y plena vigencia los derechos humanos fundamentales, entre los que remarcan el de libertad de expresión, derecho a la información, derecho al ejercicio libre y seguro del periodismo, libertad de prensa y derecho de acceso a internet. “Estos derechos están ligados intrínsecamente a la existencia de la democracia republicana y a la participación ciudadana en la vida política”, refiere el punto uno.
En segundo lugar expusieron que en el 2022 en Paraguay fue marcado por una serie de actos violentos contra periodistas, entre ellos el repudiable asesinato del colega Humberto Coronel en Pedro Juan Caballero, con el que suman ya 20 periodistas asesinados desde 1991 hasta la fecha. “Una cifra que obliga a que todos –Estado y sociedad civil- nos comprometamos a actuar efectivamente en lograr mecanismos que permitan la prevención de estos crímenes y la sanción de quienes los ejecutan”, reza el segundo punto del manifiesto.
En tercer lugar, recordaron que se cumplen 10 años del Plan de Acción de Naciones Unidas para luchar contra la impunidad en crímenes contra periodistas. “En función a este Plan, los tres poderes del Estado paraguayo firmaron en el 2016 una carta de intención como compromiso para cumplir las recomendaciones hechas en dicho plan. Sin embargo, una de las principales es la de contar con una norma legislativa específica para la protección del ejercicio del periodismo, que sigue ausente”, refieren.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el 2013, en su 68º periodo de sesiones, la Resolución A/RES/68/163 que dio origen al Día Internacional. El texto insta a los Estados Miembros a que apliquen medidas concretas para contrarrestar la actual cultura de la impunidad. La fecha fue elegida en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí, el 2 de noviembre del 2013. Si bien existe un anteproyecto presentado a nivel legislativo, aún debe impulsarse sostenidamente el estudio del mismo en la búsqueda de contar con ese marco institucional apropiado.
La MSPP apunta también que a pesar de no haberse hecho justicia por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, ocurrido el 26 de abril de 1991, “estamos ante la inminencia de un fallo histórico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo seno se ha radicado y tratado la denuncia del caso, y en cuyo marco el Estado paraguayo ha admitido ya su responsabilidad”.
Este caso gravitante es un paradigma que debe estimular a que los mecanismos de seguridad y justicia del Estado paraguayo obren cada vez con mayor eficacia y eficiencia en crímenes contra periodistas, a fin de garantizar derechos esenciales para la vida democrática.
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“Como instancia que busca articular esfuerzos entre Estado y sociedad civil sobre la problemática de la seguridad de periodistas, esta mesa viene trabajando en la sensibilización y capacitación de actores sociales y funcionarios, así como en la atención de denuncias y la búsqueda de protección y justicia en torno a esta realidad”, refiere el documento.
El Observatorio de Violencia contra Periodistas en Paraguay ya lleva más de 600 casos de violencia registrados en los últimos 30 años (De los cuales se consignan más de 300 en: https://seguridadperiodistas.org.py/observatorio/ ). La misma alienta al Estado paraguayo a fortalecer este empeño y generar políticas públicas eficaces para que en el país se pueda ejercer integralmente un periodismo libre, seguro y de calidad.
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