Tal y como lo había anunciado el presidente de la República, Santiago Peña, en el marco de la Jornada de Gobierno, el mandatario firmó el decreto por el cual se autoriza la contratación de créditos para la construcción de la ruta que unirá a Concepción con Vallemí. En el documento se menciona cuáles serán las entidades de las que se adquirirán los USD 185 millones que serán invertidos.

“Facúltase al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en carácter de organismo ejecutor del programa, la ejecución oportuna y la adopción de los recaudos pertinentes para el cumplimiento de los objetivos propuestos”, establece el decreto firmado por el Poder Ejecutivo en su artículo N.° 5.

Con este documento, se aprueban los términos y condiciones en los que se adquirirán estos préstamos que serán adquiridos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por una suma de hasta USD 135 millones. Otra de las entidades habilitadas es el Fondo de de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (Ofid) hasta por USD 50 millones.

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Durante la presencia del mandatario en Concepción, anunció sobre la construcción de esta ruta como parte de su objetivo de unir a estas ciudades con miras al progreso y desarrollo. “Estuvimos trabajando hasta la medianoche para firmar este decreto que autoriza la construcción de la ruta de Concepción a Vallemí y San Lázaro, una deuda pendiente con la región”, expresó durante el acto de inauguración de obras sanitarias.

El proyecto beneficiará a más de 123.000 habitantes de Concepción, Loreto, San Alfredo y San Lázaro, potenciando una región que alberga inversiones estratégicas como una planta cementera y el megaproyecto de celulosa Paracel, este último con una inversión de USD 5.000 millones, la mayor en la historia del país.

Además de esto, la ministra de MOPC, Claudia Centurión también habló sobre otra obra que beneficiará a Concepción y a Presidente Hayes. “Este el tramo del alivio, de la esperanza, de la paz y lo que nos permite hoy mirar para adelante todo el futuro prometedor que tiene Concepción, aquí viéndole a todo Concepción y a las autoridades como testigos quiero hacer hacer la firma de la adjudicación de los USD 70 millones para el tramo Pozo Colorado-Concepción”, manifestó.

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Hugo Franco, repre­sentante de la Mesa Nacional Intersecto­rial de Competitividad Bana­nera (Menicob), destacó la recepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) de las ofertas para avanzar con la construc­ción de la Ruta de la Banana. Puntualizó que el hecho res­ponde a un reclamo histórico de los productores.

“Con esto evitaríamos el cruce de las balsas, con todo el peligro que implica y tam­bién brindará muchas facili­dades a aquellos que viajen desde Campo 9 hasta Asun­ción. Para quienes se encuen­tren en el norte del país, con­tarían con un camino más unificado, se puede llegar a Concepción, Pedro Juan Caballero, zonas más fron­terizas”, explicó para La Nación/Nación Media.

Unas 15 empresas presenta­ron sus ofertas para la licita­ción de la construcción de la ruta, que conectará Tembia­porã, Raúl Arsenio Oviedo y José Domingo Ocampos, en Caaguazú, mientras que en Paraguarí se llevará a cabo el asfaltado del tramo Quyqu­yhó-María Antonia. Franco indicó que se prevé iniciar con la obra en diciembre. “Este noviembre se cumple seis años de la presentación de nuestro pedido de la ruta asfáltica. Primero, porque debemos cruzar el lago con los peligros que acarrea, y segundo, porque durante el camino se golpea mucho la banana y se estropea”, señaló, destacando el impacto posi­tivo para miles de producto­res.

La propuesta del MOPC tiene como objetivo principal mejo­rar la infraestructura vial y la calidad de vida de las zonas mencionadas, beneficiando así a más de 50.000 habitan­tes de todos los municipios involucrados.

Las obras se dividirán en tres lotes: el primero abarcará al departamento de Caaguazú, con los distritos de Tembia­porã, Raúl Arsenio Oviedo y José Domingo Ocampos, desde el km 0 hasta el km 21. El lote 2 continuaría los mis­mos distritos, desde el km 21 hasta el km 41,6 km, totali­zando así una extensión de 41,6 km.

El lote 3 abarcará el depar­tamento de Paraguarí, con el tramo Quyquyhó-María Antonia, que sería de 31,5 km. De este modo, cada lote ten­drá un plazo de ejecución de 24 meses desde la notificación de la orden de inicio.

Las pésimas condiciones en que se encuentra la ruta PY01 (exAcceso Sur) preocupan a la ciudadanía, principalmente en el tramo comprendido entre las ciudades de Ypané y Guarambaré. La capa asfáltica está muy deteriorada y presenta cráteres enormes que podrían generar incluso una desgracia para los automovilistas que no conocen la zona.

Ante quejas reportadas, un equipo periodístico del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media efectuó un recorrido por el lugar y mostró que efectivamente el problema vial existe y amerita una inmediata intervención de la cartera del Estado encargada de garantizar el tránsito seguro.

Lo peligroso es que, para eludir los pozos, los conductores tanto de autos, camiones de gran porte y de los buses tienen que pasar necesariamente al carril contrario momentáneamente, con el riesgo de generar un accidente fatal como consecuencia de las bruscas maniobras.

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Se observan profundos baches en el trayecto de la ruta que une Itá y Paraguarí, rumbo a la ciudad de Encarnación, hacia la región sur del país. Así también, la vía alternativa que une una parte de Itá con Nueva Italia y Carapeguá presenta verdaderas zanjas que exigen destreza al volante para evitar caer en ellas y que, aparte de dañar el vehículo, podrían incluso derivar en un accidente fatal.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habían anunciado la renovación de un tramo de 93 kilómetros de la ruta PY01, señalando que seis empresas están compitiendo para ocuparse de las obras de mejoramiento del trayecto Ypané-Quiindy, mientras se aguarda la duplicación de la ruta internacional, aunque no se especifica cuándo iniciarían los trabajos.

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“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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