El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrentan los exfiscales Hugo Volpe y Armando Cantero, acusados de recibir presuntamente costosas lapiceras Mont Blanc y dinero a cambio de archivar una causa del supuesto narco Sergio Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”.

La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a los dos acusados.

De acuerdo a la presente investigación, en el año 2019 el entonces fiscal Hugo Volpe habría recibido una lapicera de la marca Mont Blanc, valuada en G. 5.800.000, la cual presuntamente le fue entregada por los abogados de Minotauro en concepto de pago por archivar una causa en la que se investigaba al narcotraficante. El abogado que entregó el costoso bolígrafo fue Edson Sánchez Benítez.

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Con relación al fiscal Armando Cantero, la acusación señala que el mismo había recibido la visita de emisarios de Minotauro, quienes presuntamente habían entregado al agente la suma de USD 10.000 para que archive una causa por producción de documentos no auténticos en la que el narcotraficante era objeto de investigación.

Volpe es procesado por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y la ejecución penal, mientras que Armando Cantero fue procesado por el hecho de soborno agravado.

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Tras varias denuncias recibidas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) una comitiva fiscal en compañía de agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional allanó una vivienda ubicada en el barrio Bella Vista de la ciudad de Luque, en la que funcionaba un depósito de mercaderías de contrabando.

Al llegar al sitio, los intervinientes se percataron de la gran cantidad de productos de diversos rubros que se encontraban en muchos casos listos para su traslado. Entre las mercaderías con mayor volumen estaban cajas de aceites, comida enlatada, budines, fardos de harina y de arroz, además de bebidas alcohólicas y yerba mate.

Durante la inspección la fiscal Myrian Rodríguez encontró que en el lugar también había una importante cantidad de bolsas tanto de papel como plásticas, que presuntamente se utilizarían para el reempaquetado de los productos para su posterior redistribución ya bajo otro nombre.

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“Los propietarios manifestaron que algunas de las mercaderías cuentan con factura y otras no, y eso lo que estamos corroborando en estos momentos. Los responsables principales se exponen al hecho punible de contrabando, el cual se tipifica y castiga con una pena privativa de hasta 5 años”, indicó la agente del Ministerio Público en conversación con el programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La fiscal mencionó que durante el allanamiento solo se encontraba en el lugar una persona que aseguró que el lugar sería un depósito, donde se reúnen todos los productos para su posterior distribución a otros comercios pequeños de la zona central.

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La Municipalidad de Lambaré suma conflictos. Esta vez, una comitiva del Ministerio Público, encabezada por la fiscal Alba Delvalle, realizó un allanamiento tras la denuncia de un grupo de concejales contra un exfuncionario de la Municipalidad por el supuesto intento de delito informático. La abogada Blanca Agüero, representante legal de los ediles, explicó cómo se dio la denuncia.

“Ellos tenían una sesión extraordinaria ese día a la mañana, a las 9, pero antes un funcionario de la Junta, llegó antes de la sesión y le vio a un exfuncionario, todos pensaban que era un exfuncionario, Carlos Alberto Cardozo, que anteriormente era funcionario y fue procesado por aquella manipulación del sistema informático de la Municipalidad, en el tema de la sobrefacturación de la Junta, el mismo está todavía procesado”, detalló en la 1080 AM.

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La abogada explicó que, en ese momento existió una fuerte sospecha en contra del funcionario de que accediera al sistema de la Municipalidad para alterar o borrar documentos considerados como pruebas, ya que existe una licitación de G. 2.000 millones que se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas, sin la firma y la aprobación de la Junta Municipal

“Aparentemente, se le contrató de nuevo en el mes de mayo. Estaba manejando las computadoras de la Junta en las cuales hay documentos públicos muy importantes sobre contrataciones, licitaciones, etcétera. En realidad, son pruebas documentales”, apuntó.

Agüero representa a los concejales, Lorenzo Mendieta Caballero, Osmayra Pereira, Daniel Molinas, Elvis Daniel Paniagua, Carolina González y Diego David Rotela, quienes realizaron la denuncia en contra de este funcionario.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes de la subcomisaría 52.ª de la Fracción Piro´y de Minga Guazú detuvieron a un ciudadano brasileño por una orden de captura emitida por un homicidio doloso ocurrido en el 2008. Se trata de Maicon Cristiano Rebbein Tavares, de 36 años, quien reside en la ciudad de Curitiba (Brasil), quien era buscado en la causa 729, que fue expedida por el Juzgado Penal de Santa Rita, del pasado 29 de octubre, en relación a un crimen registrado hace 16 años.

La detención se produjo ayer sábado a las 7:00 sobre la ruta PY06, en un procedimiento de control regular de personas y vehículos en la zona del kilómetro 30 de Minga Guazú, pero en el caso del detenido, el mismo circulaba a alta velocidad a bordo de una Chevrolet con chapa brasileña DAV-9009.

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El oficial inspector Víctor Recalde, subjefe de la subcomisaría interviniente, refirió a La Nación/ación Media que, según lo señalado por el detenido, hace unos días ingresó al Paraguay por Ciudad del Este, pero ya vino en otras oportunidades, a visitar a algunos familiares. El subjefe policial mencionó que, según datos preliminares, Maicon Critiano habría vivido en Tavapy, pero luego del homicidio huyó a su país, fijando residencia en Brasil.

La doctora Delia Torres, actuaria judicial del Juzgado Penal de Santa Rita, refirió a La Nación que la causa de homicidio doloso ya fue en el año 2008, pero “antes se enviaban en formato papel los oficios de orden de captura a la Policía Nacional y ahora, con el nuevo sistema, se digitalizó y ahí saltó su nombre en el registro de la policía Nacional”. El detenido fue citado en varias oportunidades para su comparecencia ante el juzgado, pero no acudió, por cuya razón fue expedida la orden de captura, según la actuaria judicial.

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