El superintendente de Salud, Ignacio Mendoza, señaló que el control a las clínicas clandestinas está fuera del alcance de la institución cuando llega a la justicia, haciendo referencia al sanatorio privado allanado en la ciudad de Fernando de Mora por casos de aborto a menores de edad.

“Nosotros ya habíamos intervenido hace dos años y se había clausurado, ya no tenemos injerencia como Superintendencia de Salud. Si estaba trabajando de forma clandestina, se escapa de los controles”, manifestó el superintendente de Salud en comunicación con la radio 1020 AM.

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Sostuvo que el caso de la clínica allanada en la ciudad de Fernando de la Mora está cargo del Ministerio Público porque en el 2020 ya hubo un procedimiento similar por denuncias por tráfico de niños y recordó que el centro asistencial no cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública.

Mendoza indicó que cuando hay denuncias contra las clínicas clandestinas se fiscaliza el sitio y por lo general se dan clausuras temporales o definitivas, se da participación a la Policía Nacional y a la Fiscalía y luego queda a cargo de la justicia procesar a los responsables, como ocurrió con el sanatorio de Fernando de la Mora.

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“En su momento, el ambiente no estaba acorde a un establecimiento de salud, había medicamentos vencidos y todos esos datos se pasaron a la Fiscalía y al Ministerio de Salud. Todas las entidades prestadoras de servicios de salud deben estar habilitadas por el Ministerio de Salud y la Superintendencia porque cuando trabajan de forma clandestina es imposible seguirles los pasos”, agregó el superintendente de Salud.

Una comitiva fiscal allanó un sanatorio privado ubicado en la Zona Sur de la ciudad de Fernando de la Mora tras denuncias de prácticas de aborto a menores de edad. La clínica ya fue allanada en el 2020 por tráfico de niños, pero siguió funcionando a pesar de no tener la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública.

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