La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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• Fuente: AFP

Estados Unidos sancionó este viernes a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Julio Miguel De Vido por “corrupción significativa” y les prohíbe entrar en el país, informó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Ambos “abusaron de sus posiciones al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, resultando en millones de dólares robados al gobierno argentino”, afirma Rubio en un comunicado.

En su red social X, el jefe de la diplomacia escribió que hoy viernes anunció la designación de la expresidenta de Argentina, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y del exministro de Planificación de Argentina, Julio Miguel De Vido. Esto, debido a su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público. Estados Unidos se compromete a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos en todo el mundo, agregó en su red social.

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• Por Juan Marcelo Pereira

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

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En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.

Monto demandado: G. 3.010.768.440

Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada

Monto demandado: G. 68.965.418.419

Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones

Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)

Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados

Monto demandado: G. 2.482.950.000

Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados

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• Matías Ordeix
• Socio del Club de Ejecutivos del Paraguay

El Índice de Percepción de Corrupción sigue golpeando muy fuerte a Paraguay… y lo que más preocupa, es que seguimos empeorando. Pero esto no es novedad, o sea, no debe un organismo internacional como Transpareny International ranquearnos, sino validar objetivamente lo que todos sentimos y vemos día tras día.

La corrupción ha aumentado considerablemente. Pero somos todos responsables, unos más que otros, pero todos. Comencemos por lo alto de la pirámide, que no es el Poder Ejecutivo, sino el Congreso. Es principalmente ahí donde, con una alta concentración de poder, y sometiendo al Poder Judicial e incluso al Poder Ejecutivo, lleva la bandera negra de la carabela pirata. Es ahí donde se tejen los hilos y se hacen las conexiones para que el delito de corrupción sea moneda de uso corriente. Le sigue, en orden de importancia y manejo deshonesto, el Poder Judicial, donde los jueces a merced de un “lamentable e indecente” Jurado de Enjuiciamiento, se venden al mejor postor.

Un presidente de la República, por muy buenas intenciones que tenga, está “bajo la pata” de su partido y del corrupto legislativo. ¿Y qué más podría hacer?; si no obedece, el camino es simple a Juicio Político y listo. Y seguimos con otras instituciones, ministerios, municipios, etc.

Pero los más responsables somos nosotros, los ciudadanos, que nada tenemos que ver directamente con la política o cargos estatales, los laburantes, los de a pie, que votamos sobre todo a un parlamento muy lamentable. Y los mal llamados “empresarios” que, a costas de seguir haciendo negocios con el Estado, son “cómplices exitosos” de la crítica situación.

Es increíble como igualmente, y gracias al sector productivo y empresarial con la pujanza que le meten, nuestro país siga creciendo, logre el primer grado de inversión y esté en la hoja de ruta de algunos inversores globales.

Imagínense cuán alto podríamos volar hoy, cuánta desigualdad podríamos combatir tan siquiera si mejoramos nuestra transparencia. Si bajásemos los niveles de corrupción, si todos hiciésemos la tarea, el Paraguay estaría en otro nivel. Gente, hemos empeorado en un año 13 posiciones, hoy estamos en el puesto 149 de 180, solo superado por Venezuela en América (ranking 2024 – Transparency International). ¿No es lamentable?

Somos como esa ventanita de baño, que en un frío invierno, y con ducha caliente se empaña cada vez más y más. Si no paramos ahora, llegará un momento que nadie nos verá. Porque no es suficiente que el país sea atractivo financieramente para invertir, no es sostenible la inversión en un país donde las instituciones son cada vez más corruptas, la Justicia, el parlamento, la administración, etc. Demos un golpe de timón ahora mismo.