“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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Los trabajadores del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu salieron a las calles para manifestarse en reclamo de mejoras salariales. Piden recibir los mismos beneficios que sus colegas de otros centros especializados dependientes del Ministerio de Salud Pública.

Tanto el personal de blanco como administrativo se encuentra en movilización permanente desde el día de ayer lunes para exigir reivindicaciones laborales, ya que indican que hace diez años no reciben ajustes en sus estipendios. Además se cortaron las bonificaciones para algunos trabajadores.

“Nosotros hace diez años que venimos postergados en las reivindicaciones salariales, eso solo para el Hospital Pediátrico. Como hospital especializado exigimos también igualdad y equidad de parte del Ministerio de Salud”, señaló la licenciada Nelly Giménez en diálogo con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Afirmó que “son los únicos olvidados” por parte del Ministerio de Salud. “No solo deben vanagloriarse cuando hay logros institucionales y cuando hay trasplantes. Ahí siempre todo el tiempo ellos convocan a conferencia de prensa y en sus redes todo el tiempo somos el hospital ejemplo”, expresó.

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La trabajadora pidió a las autoridades sanitarias tenerles en cuenta cuando se trata de “reivindicaciones salariales que muchísimo tiempo estamos postergados”.

La enfermera consideró “injusto” que otros hospitales especializados reciban otro trato, sin embargo el trabajo es el mismo. “Trabajamos 365 días del año, no tenemos feriado. Es lo que nosotros elegimos, amamos lo que hacemos, pero creo que eso debería reflejarse también en nuestros salarios para poder vivir dignamente”, sostuvo.

Detalló los salarios que ganan los profesionales de diferentes áreas. “Nosotros no cobramos como los asesores, no tenemos el privilegio de poder ir dos veces a la semana o de manera virtual. Imagínense cuántas veces ya subieron las cosas y nuestro salario ronda entre 4.320.000, 3.650.000, un médico terapista gana cinco millones”, reveló.

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Un grupo de 40 personas aproximadamente, convocados por el movimiento ciudadano “CDE Libre”, se manifestó hoy para exigir la intervención de la administración municipal del intendente Miguel Prieto Vallejos y su destitución del cargo. Es lo que refirió Rogelio Núñez, uno de los convocantes.

Se concentraron en la Plaza de la Paz ubicada frente a la municipalidad, luego marcharon por la avenida Pioneros del Este y posteriormente se instalaron en el patio de la Junta Municipal de Ciudad del Este, situada sobre la misma avenida.

“Queremos la destitución de Miguel Prieto por los innumerables hechos de corrupción y por eso estamos reiniciando nuestra lucha; llegamos a la Junta Municipal porque es una de las vías para la intervención, también la Contraloría General puede solicitar y vamos a insistir en eso”, dijo Núñez.

Acusó al intendente Prieto de estar negociando su renuncia y, “según versiones que manejamos, hoy se iba a presentar a la Junta Municipal su renuncia y se iba a tratar la designación del concejal Richard Alfonso, quien hace rato es su aliado”, refirió.

Agregó que se manifestaron ante los concejales, “para que se intervenga la municipalidad y se impida la elección de alguien apoyado por Miguel Prieto”.

Consultado por qué cree que el intendente renunciaría, Rogelio Núñez mencionó que “ya está acorralado por sus más de 40 denuncias, ya no tiene como salvarse y está buscando dejar a alguien de su equipo para completar el periodo”.

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Informó además que llegarán hasta la Contraloría General de la República, dentro del plan de manifestaciones que pretenden realizar, con tal de conseguir la destitución o la renuncia de Miguel Prieto. En sus últimas intervenciones, Prieto volvió a decir que no renunciaría.

Por su parte, el concejal de Honor Colorado, Richard Alfonso, refirió a La Nación/Nación Media que “es una teoría descabellada la que plantean, no se de dónde sacaron una cuestión conspirativa así, quizás quieren desprestigiarme, no tiene ningún sustento lo que dicen”.

Mencionó que no habla con el intendente Miguel Prieto, “todos saben que con él (Miguel Prieto) no se habla, es todo a través de nuestra gestión legislativa, es imposible hablar con él y, se supone que si estoy en algún plan, yo debería saber”.

Alfonso agregó que, hoy no existen condiciones para construir una mayoría en la Junta Municipal y la única que puede pedir la intervención es la Contraloría General de la República.

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El sector del Movimiento al Socialismo (MAS), afín al expresidente de Bolivia Evo Morales, ratificó su candidatura para las elecciones de 2025, a pesar de no estar habilitado para ello de acuerdo con el Tribunal Constitucional, y reclamó la liberación de los más de cien detenidos durante las últimas protestas.

Fue el propio Morales quien presentó ambas propuestas junto con la de pedir a su vez la renuncia de los magistrados que se “autoprorrogaron” en sus cargos tras cancelar las elecciones judiciales, en un acto celebrado este domingo en la localidad de Lauca Ñ, en el departamento de Cochabamba.

“Jurídicamente se ha demostrado que Evo está habilitado para las elecciones 2025 y ratificaron nuevamente que es el único candidato del MAS”, defendió el expresidente boliviano, dirigiéndose a sí mismo en tercera personas.

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Morales argumentó que las decisiones que han tomado los jueces “autoprorrogados” del sistema judicial boliviano, incluido el Tribunal Constitucional, no son legales y por tanto “sus actos son nulos de pleno derecho”.

Asimismo, acusó al Gobierno de utilizar la Justicia para desmotivar y fragmentar el voto del tradicional electorado del MAS. “Va a intentar sacar de esto algún candidato para dividirnos, mucho ojo y mucha reflexión”, alertó.

Por otro lado, Morales ha reclamado la liberación de los 104 detenidos durante las protestas y bloqueos que han mantenido paralizado una parte del país durante casi un mes. “Vamos a movilizarnos para liberar a nuestros hermanos”, dijo.

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Por último, el llamado Estado Mayor del Pueblo pidió al Gobierno acción frente a la crisis económica, así como el reconocimiento del congreso del MAS de octubre de 2023, en el que los afines a Morales expulsaron al presidente Luis Arce del partido hasta que el Tribunal Superior Electoral lo anuló.

Fuente: Europa Press