Este jueves, durante la conferencia de prensa realizada por representantes del colegio lambareño, en relación a los acontecimientos de abuso en la institución, los mismos hablaron acerca de la morosidad de varios alumnos y también de las conductas durante la movilización realizada cuando se tuvo conocimiento del supuesto caso de abuso.
La duda que había es que supuestamente se amenazó con desmatricular a quienes se unieron a las movilizaciones y que usarían pretexto administrativo. En la ocasión, manifestaron que algunos de los casos de desmatriculación se dieron por morosidad y otros cinco, porque los padres fueron parte de la protesta.
“Sí, por supuesto, ellos se movilizaron. Dentro y fuera de esa movilización tuvieron conductas que no son educadas”, expresó el representante legal del colegio al ser consultado acerca de los casos de padres que participaron de la manifestación. En cuanto a los datos que habían solicitado, señaló que no precisamente eran para desmatricular, sino para someter a una consideración para aplicar alguna sanción a estas personas si fuere necesario.
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“También ver los elementos de prueba porque nosotros le pedimos no solamente la identidad de los supuestos agresores sino qué pruebas tienen contra esos menores y también brindarles la oportunidad de defensa a los supuestos agresores. Luego de eso, quitar una conclusión que puede ser una sanción disciplinaria o no”, agregó.
También dijo que la institución oficialmente no sabe quiénes fueron los agresores porque la Fiscalía no quiso dar la información, la jueza de la Niñez tampoco y ahora la cámara de apelaciones confirma la decisión de no remitir esa lista. Resaltó que se trata de un caso de abuso, no de varios y que la Fiscalía es la titular de la acción penal, por lo que si ella no avanza, nadie puede hacer nada, ni el colegio, ni la víctima ni nadie. “La Fiscalía afirma que se trata de agresores, pero un solo hecho. Son menores inimputables eso significa que no se puede avanzar”, resaltó.
Casos de morosidad
Por su parte, una madre de alumnos de la institución habló acerca de que el MEC lo que hizo fue una intervención desde el punto de vista académico y administrativo documental. “Estamos hablando de una institución del sector privado, eso hay que tener en cuenta. Lo que el MEC manifestó como hecho nuevo, no es tal, teniendo en cuenta que hay una ley que ampara que el colegio (privado) pueda tomar las medidas administrativas en caso de que no se cumplan o no se honren las deudas asumidas”, expuso.
Aclaró que el Ministerio no tiene una intervención con relación al aspecto administrativo del colegio y aseguró que eso hay que tener bien claro, ya que hay que entender que esta es una contraprestación en un colegio del sector privado y que el ministerio no puede intervenir. “El 86% corresponde a una situación de morosidad, por lo que una vez que se pongan al día, podrán matricularse sin inconveniente alguno. El colegio no está privando en forma taxativa a no ingresar, sino que lo que te dice es que paguen esa deuda y no hay problema para continuar, pero hay que cumplir”, enfatizó.
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