Tras las denuncias de tortura meses atrás en la Academia Militar (Academil) Francisco Solano López, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó en audiencia pública convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, un informe especial que contiene hallazgos y recomendaciones.

La presentación del mismo estuvo a cargo de la comisionada nacional del MNP Sonia Von Lepel y los comisionados Orlando Castillo y José Antonio Galeano. La audiencia contó con la participación de representantes de la Academil, víctimas y familiares de víctimas, referentes de diferentes instituciones públicas y de la sociedad civil.

Indicaron que la muestra del relevamiento realizado por el MNP, estuvo conformada por 53 cadetes, de ambos sexos, así como todos los cursos existentes en la institución y pertenecientes a todas las armas militares. Los entrevistados corresponden al 11,15% del total de alumnos, 475 conforme a la nómina proveída por las autoridades militares; se identifican tres adolescentes de 17 años de edad, dos varones y una mujer.

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Las conclusiones del MNP hacen referencia a una situación de prácticas generalizadas de torturas y malos tratos; actitud de tolerancia de los oficiales ante esta práctica contribuye a reforzar y envía señal de autorización de abusos; ausencia de canales institucionales para reportar e investigar y sancionar los abusos.

Por último, el MNP emitió recomendaciones al alto mando militar de la Academil. Entre ellas, indicó prohibir de manera absoluta la incorporación de personas menores de 18 años, dando cumplimiento a lo establecido en el Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados.

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Así también, sugieren modificar el reglamento de la Academia Militar, delimitando el poder discrecional de sanción que tienen los y las cadetes del cuarto año, además de reducir los ámbitos de disciplina a las acciones que se cometen dentro de la institución. Del mismo modo, recomiendan establecer mecanismos de denuncias, que garanticen la confidencialidad y sea independiente del personal que se encuentra a cargo de la tropa, para evitar represalias contra los denunciantes.