Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.

En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.

El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.

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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.

De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.

Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.

Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.

Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.

“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.

Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.

Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.

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“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.

En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.

Fuente: AFP

Ayer sábado se registró una fuga de amoníaco en un frigorífico ubicado en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. De acuerdo a los primeros reportes, son cinco las personas afectadas que fueron derivadas hasta el Hospital del Instituto de Previsión Social de la zona de Benjamín Aceval.

Según información preliminar, son cuatro mujeres y un hombre los afectados que fueron atendidos en el hospital de la previsional. Ninguno de ellos reviste gravedad, por los que en las próximas horas podrían ser enviados nuevamente a sus casas.

Hasta el momento se desconoce la causa de la fuga, pero los intervinientes realizaron el peritaje correspondiente de modo de conocer el trasfondo del incidente.

En otro hecho similar, en febrero de este año, se reportó una explosión y fuga de amoníaco en la planta industrial de una empresa de embutidos ubicada en San Lorenzo, que resultó en 30 heridos y se cobró la vida de 4 personas, la última en abril.

Igualmente, este año se registró otra fuga de amoníaco en una planta industrial de una firma situada en Capiatá. El hecho aconteció durante un trabajo de mantenimiento de cañerías, según informó la empresa. Ocho personas resultaron afectadas, pero ninguna de gravedad.

El amoníaco es un gas corrosivo que produce quemaduras y problemas respiratorios. De acuerdo a la cantidad de amoníaco a la que haya estado expuesta una persona, se producen varias situaciones a nivel externo, como lesiones en la piel, en los ojos, en la mucosa o las vías respiratorias, pero sobre todo representa un peligro para personas alérgicas, asmáticas o que sufren de alguna patología respiratoria.

Este sábado se registró una fuga de amoníaco en un frigorífico ubicado en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. De acuerdo a los primeros reportes, son cinco las personas afectadas que fueron derivadas hasta el Hospital del Instituto de Previsión Social de la zona de Benjamín Aceval.

Según información preliminar, son cuatro mujeres y un hombre los afectados que ya están siendo atendidos en el hospital de la previsional. Ninguno de ellos reviste gravedad, por los que en las próximas horas podrían ser enviados nuevamente a sus casas.

Hasta el momento se desconoce la causa de la fuga, pero los intervinientes están realizando el peritaje correspondiente de modo a conocer el trasfondo del incidente.

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En otro hecho similar, en febrero de este año se reportó una explosión y fuga de amoníaco en la planta industrial de una empresa de embutidos ubicada en San Lorenzo, que resultó en 30 heridos y se cobró la vida de 4 personas, la última en abril.

Igualmente, este año se registró otra fuga de amoníaco en una planta industrial de una firma situada en Capiatá. El hecho aconteció durante un trabajo de mantenimiento de cañerías, según informó la empresa. Ocho personas resultaron afectadas, pero ninguna de gravedad.

El amoníaco es un gas corrosivo que produce quemaduras y problemas respiratorios. De acuerdo a la cantidad de amoníaco a la que haya estado expuesta una persona, se producen varias situaciones a nivel externo, como lesiones en la piel, en los ojos, en la mucosa o las vías respiratorias, pero sobre todo representa un peligro para personas alérgicas, asmáticas o que sufren de alguna patología respiratoria.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que ha iniciado un proceso para separar a las personas privadas de libertad que no cuentan con condena, de aquellos que aún están con procesos abiertos. Esto con el objetivo de que los programas de reinserción sean más efectivos y que el penal de Tacumbú deje de ser una “escuela del delito”.

“Es una deuda histórica que tiene la administración del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario que nos va a permitir tener mayor efectividad a la hora de aplicar estos programas. Ese es el problema que históricamente ha desencadenado otros problemas mayores”, expuso el titular de cartera ante la 650 AM.

Nicora indicó que el impacto social que ha generado que una persona que comete un hecho punible por primera vez e ingresa a un sistema en el que todos los reclusos están integrados, convirtieron a Tacumbú en un lugar donde las personas aprenden a delinquir, lo que origina un agravante al problema social antes que una solución.

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“Cuando hablamos de perfiles de personas que están mezcladas, tanto procesadas como condenadas y de diferentes hechos punibles, estos programas de reinserción no van a ser efectivos como sí lo son cuando ya están orientados a la clasificación y separación de estas personas”, añadió. Asimismo, indicó que este trabajo se viene planificando desde hace meses.

El jefe de cartera manifestó que no ha sido una tarea fácil porque Tacumbú siempre tuvo un hacinamiento importante, contando con unas 4.000 personas privadas de libertad. A partir de Veneratio, el operativo desarrollado en diciembre del 2023, se ha podido reducir considerablemente esta cifra y actualmente el penal alberga a 1.970 reclusos, de los cuales 1.114 están procesados y 856 tienen condena.

“Mirando los planos del centro penitenciario y buscando una reingeniería de lo que es hoy día Tacumbú, logramos consensuar con los arquitectos y con el equipo de obras del Ministerio de Justicia, la posibilidad de que los pabellones que se encuentran en la última parte del centro penitenciario, que son pabellones nuevos y donde antes estaban alojadas organizaciones criminales, puedan ser utilizados exclusivamente por personas con condena”, detalló.

De esta forma, se hizo una división de esa sección de la penitenciaría que cuenta incluso con un nuevo acceso. Por otro lugar, la parte de adelante alberga a los procesados, convirtiéndose en un “Centro Nacional de Prevenidos”, donde ratificó Nicora que únicamente pueden estar personas con procesos abiertos.

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