Cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, fecha que busca reforzar la conciencia sobre los derechos de las personas en su relacionamiento con el mercado. En Paraguay, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) observa que la ciudadanía es más consciente de sus derechos, lo que explica el aumento de consultas a la institución.

“El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una fecha fundamental para reforzar la conciencia sobre los derechos de los consumidores y promover el consumo responsable”, dijo a La Nación/Nación Media la ministra Sara Irún, titular de la Sedeco, además de asegurar que la institución vela por los derechos fundamentales de la ciudadanía, tales como el acceso a la información veraz, la seguridad y calidad de los productos y servicios, la protección contra la publicidad engañosa, entre otros.

Los datos proveídos por la institución señalan que existe un creciente acercamiento de las personas hacia la Sedeco. Precisamente, al cierre de 2024 atendieron más de 8.600 consumidores frente a los 7.250 de 2023, lo que implica un aumento del 18,6 %. En cuanto a los reclamos, se gestionaron 1.729, lo que representa un promedio de 144 reclamos mensuales, con una variación interanual del 39 % entre 2023 y 2024.

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La ministra afirmó a la LN que los problemas más frecuentes que enfrenta el consumidor local son principalmente la falta de información clara en precios y condiciones, así como la publicidad engañosa, el incumplimiento de garantías, sobrecostos no justificados, demoras en la entrega de productos o servicios. Sin embargo, señaló como hecho preocupante también el incremento de las estafas en compras online.

La incursión de la tecnología a pasos agigantados es un desafío para la Sedeco, ya que se abren más frentes en los que proteger a los consumidores y usuarios. Irún indicó que la institución a su cargo se encuentra abocada en la educación digital de los consumidores, que incluye buenas prácticas en el comercio electrónico y en la prevención de fraudes financieros.

Explicó que trabajan en conjunto con instituciones como Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, así como con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic). “La digitalización ha facilitado las compras y el acceso a información, pero también ha generado nuevos desafíos, como el aumento de fraudes y la dificultad para reclamar en comercios sin presencia física”, expresó.

La ministra recalcó que su administración en la Sedeco se enfoca fuertemente a defender los derechos del consumidor y a capacitar a las personas para que sean conscientes sobre sus derechos y responsabilidades con respecto al consumo. Aseguró que “un consumidor informado es un consumidor protegido”.

También señaló que los comercios deben reforzar su atención al consumidor y estar en regla con las normas vigentes. “En Sedeco tenemos como una misión la formalización del mercado, por tanto, instamos a la ciudadanía a exigir facturas, comprobantes de compras, que permitan identificar la relación de consumo, así como la formalización de reclamos en caso de conflictos”, manifestó.

Los sectores que más reclamos tuvieron el año pasado fueron el de servicios financieros y seguros, con un 29 % del total; le sigue telecomunicaciones con 22 %, productos electrodomésticos y electrónicos con 9 %, salud con 8 %, el sector automotor con 4 %. Estos rubros señalados representan el 73 % de los reclamos del 2024, según datos de la Sedeco.

En los rubros más intervenidos en 2024 lideran las estaciones de servicio con 71 intervenciones, de cuya cifra 65 fueron fiscalizaciones y 6 verificaciones. Las farmacias ocupan el segundo puesto con 59 intervenciones, de las que 28 fueron fiscalizaciones y 31 verificaciones. Cierra el podio el sector de supermercados, con 42 intervenciones, 15 de ellas fiscalizaciones y 31 verificaciones.

Consultada acerca de cómo funcionan las fiscalizaciones, Irún explicó que se realizan de oficio y a partir de denuncias de los consumidores. La labor incluye supervisión del cumplimiento de normativas en comercios, verificación de la publicidad, etiquetado de productos y eventual aplicación de sanciones en caso de ser necesario.

“En el último año, Sedeco aplicó sanciones en diversos sectores, principalmente en cuanto a servicios financieros, electrodomésticos y electrónicos y telecomunicaciones. Las multas se impusieron por prácticas abusivas, publicidad engañosa y falta de información”, detalló Irún.

La ministra manifestó que la meta de la Sedeco para este 2025 es llegar a más municipios del país con oficinas municipales de protección al consumidor mediante el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, herramienta que permite a la institución una descentralización operativa.

Así también, señaló que buscan fortalecer la fiscalización, digitalizar más procesos de atención al consumidor, aumentar las capacitaciones y fomentar una cultura de consumo responsable, además de continuar trabajando en la prevención de fraudes y estafas digitales.

La Sedeco, junto con la Organización Mundial de Conservación - Paraguay (WWF-Paraguay), realizará este sábado 15 de marzo una feria en la Costanera de Asunción, frente a Turista Róga, de 18:00 a 21:00. La intención es empoderar a los consumidores y a la vez concienciar sobre el mes de la Hora del Planeta que busca fomentar el consumo sostenible con el medio ambiente.

En ese marco, se realizarán actividades para todas las edades, incluso con un espacio de juegos para niños que promoverá el aprendizaje y la participación en familia acerca de sus derechos como consumidores, con la intención de instruir desde tempranas edades.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) es una institución pública de carácter autónomo y autárquico, además, tiene la capacidad de administrarse y financiarse conforme a la ley por la cual fue creada, recordó en un video institucional el gerente de Impuestos Internos, Ever Otazú.

Sostuvo que el reciente rechazo del proyecto de ley que pretendía modificar la distribución de ingresos para financiar el presupuesto de Ingresos Tributarios era de “tinte populista”. “Porque bajo supuestamente la premisa de que se iban a eliminar ciertos beneficios para los funcionarios, que de hecho ya no se encuentran así como tales en la ley de creación de la DNIT, lo que realmente pretendía este proyecto era desfinanciar a la institución”, expresó Otazú.

Mencionó que esta institución no solamente actúa como ente recaudatorio sino también es base para la lucha contra el contrabando que está directamente relacionado con el crimen organizado, y que el sistema legal que lo avala permite que se trabaje contra el comercio ilícito.

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“Se están cumpliendo los objetivos y el desarrollo institucional está permitiendo que tengamos todos los resultados actuales. No solamente en relación al aumento de las recaudaciones, sino también en la lucha contra el contrabando, contra el comercio ilícito y todos los delitos y crímenes que son conexos a los mismos. Por eso, rechazamos todos aquellos proyectos que pueden poner ciertos obstáculos contra las actuaciones de la dirección”, finalizó.

El proyecto de ley tenía como fin modificar el artículo 17 de la Ley 7.143/23 que crea la DNIT. En ella se indica que para financiar sus gastos previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), constituirán ingresos institucionales el 0,7 % de la recaudación de los tributos cuya recaudación estén bajo su competencia; y la tasa del 0,5 % sobre el valor en aduana de las mercaderías importadas.

Además, el 50 % del producto de las multas por falta aduanera por diferencia y de las multas por defraudación y omisión de pago de tributos internos; el 50 % restante será remitido al Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como Fuente de Financiamiento 10, para solventar el PGN, y el 50 % del producto del remate de las mercaderías caídas en comiso por causa de contrabando.

El cambio planteado fue que todos los ingresos que hoy financian el funcionamiento de la DNIT vayan directamente al MEF y que la DNIT sea solventada por el PGN.

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Este jueves, desde la Policía Municipal Fiscalizadora de la ciudad de Asunción reportaron que ya recibieron varias denuncias sobre falsos inspectores que habrían extorsionado a comerciantes.

Pruebas documentales, como números de celulares, fotos, y videos de cámaras de seguridad de los locales visitados por estas personas fueron entregados al Ministerio Público que ya impulsó una investigación.

Desde la institución indicaron que son varios los comerciantes que ya realizaron las denuncias correspondientes contra estas personas que se hacen pasar por inspectores. Se trata de delincuentes que se dedican a llamar a los propietarios a quienes exigen fuertes sumas de dinero a cambio de no cerrarles sus negocios.

“Nos llegan varias denuncias de ciudadanos, de que personas ajenas a la Municipalidad de Asunción se hacen pasar por funcionarios y que atacan a los comercios. Les llaman a los propietarios, a los encargados de los locales y les dicen mañana voy a cerrar tu local, pero podemos evitarlo dando tal monto de dinero”, afirmó Constantino Ayala, director de la Policía Fiscalizadora.

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Resaltó que las víctimas presentaron varias evidencias como números de teléfonos desde donde realizaron las extorsiones e imágenes de las personas que llegaron a sus locales para cobrar. “Tenemos algunos datos como son números telefónicos, tenemos algunas fotos, videos de circuitos cerrados que nos envían los dueños de los locales, también tenemos números de cuentas bancarias”, refirió.

Agregó que todas las pruebas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes para que se pueda iniciar una investigación y que se pueda solucionar esta problemática. “Cuando tuvimos conocimiento de la situación, fuimos al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente”, aclaró Ayala.

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La Unidad Especializada del Medio Ambiente de Presidente Hayes llevó adelante un allanamiento en la propiedad de la empresa Atenil S.A., ubicada en la zona de Puerto Pinasco, en el departamento de Presidente Hayes, luego de que los responsables de la empresa realizaron varias denuncias indicando que personas desconocidas ingresaban al lugar para realizar talas ilegales.

Durante el operativo, las autoridades encontraron una gran cantidad de postes lisos y rajados, horcones y un volumen considerable de madera de palo santo. Además, se verificaron camiones y tractores previamente incautados, uno de los cuales contenía aproximadamente 20 metros cúbicos de palo santo.

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El procedimiento contó con la participación de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Instituto Forestal Nacional (Infona), la Asociación de Productores y Exportadores de Carbón Vegetal (Aper) y la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

“Es usual nuestra colaboración con el Ministerio Público, Infona, Mades y Policía Nacional para combatir actividades ilícitas como la caza furtiva de animales silvestres y la tala ilegal de bosques. Esta intervención, particularmente, es consecuencia de una de tantas denuncias que hemos realizado. No existe permiso alguno para estas extracciones, que significan un daño patrimonial y ambiental, tanto para Atenil como para el país”, comentó Sebastián Cantero, gerente de comunicaciones de Atenil S.A., en conversación con La Nación/Nación Media.

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Cantero remarcó que desde la empresa se encuentran cooperando con todas las autoridades pertinentes, proporcionando la información y documentación que solicitan, esto con el objetivo de dar con los culpables de los actos ilícitos que se cometieron y que sean castigados como corresponde.

“Condenamos enérgicamente cualquier actividad que atente contra la conservación de nuestra fauna y bosques autóctonos; reafirmamos nuestro compromiso con seguir avanzando en proyectos sostenibles que sean para beneficio de las comunidades de la zona y para la prosperidad económica de los paraguayos”, expresó el gerente de Atenil S.A.