El niño presentó problemas de salud, fue internado, pero sus padres lo retiraron del Hospital de Luque pese a la oposición de los médicos, que luego lo volvieron a revisar. Foto: Gentileza
Fiscalía intervino en caso de un niño que fue retirado del hospital de Luque
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Médicos del Hospital General de Luque denunciaron a dos adultos por retirar a un niño que precisaba atención médica y que habría sido retirado por una mujer, que se identificó como médica. Los propios padres del pequeño, declarados antivacunas y negacionistas del COVID-19, fueron los denunciados y son investigados por el Ministerio Público.
Además, se investigará a una mujer identificada como Karina Sarno, de nacionalidad argentina, sobre quien se cotejará si cuenta con registro para ejercer la medicina en nuestro país. La mujer se presentó en el hospital en compañía del padre del menor, quien se negaba a que el pequeño fuera hisopado luego de presentar taquicardia; en cuestión de minutos lo retiraron del centro médico pese a la oposición de los profesionales.
Tras el hecho de vulneración de los derechos a la salud del niño, de manera conjunta la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, y la Codeni procedieron a contactar con los padres del niño con la finalidad de verificar el estado de salud del mismo.
La Fiscalía realizó la observación a los padres sobre la responsabilidad de velar por la salud y la integridad del pequeño y que seguirá realizando el seguimiento del caso. Posteriormente, el pediatra denunciante inspeccionó al niño ante la presencia de las autoridades de la Fiscalía y la Codeni.
Los padres se presentaron ayer ante la Fiscalía en donde fue realizada la denuncia correspondiente por el personal del Hospital General de Luque, que fue amenazado por la mujer y el padre del menor antes de sacarlo del hospital. “No voy a permitir que le hagan por protocolo el hisopado por supuesto COVID”, dice el padre en el video que él mismo filmó y luego se viralizó en redes sociales.
La justicia otorgó la prisión domiciliaria a Alcides Adorno Insfrán, quién estaba procesado por el trágico suceso en el que padre e hijas fueron encontrados sin vida en el río Paraná. Foto: Gentileza
Otorgan prisión domiciliaria a canoero en el caso en el que un padre se tiró al río Paraná
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La justicia hizo lugar al pedido de arresto domiciliario para el canoero Alcides Adorno Insfrán, quien estaba procesado por el suceso en el que padre e hijas fueron encontrados sin vida en el río Paraná. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelar. Adorno Insfrán estuvo por varios días recluido en la comisaría local para luego ser trasladado hasta la penitenciaria de Ciudad del Este.
El hombre fue detenido por presunta complicidad tras la desaparición de Rafael Ortiz y sus tres hijas, debido a que habría prestado su canoa para que Rafael Ortiz pase al lado argentino. Sin embargo, días después se dio el triste desenlace. Está imputado por presunta violación en el deber del cuidado.
En la misma causa está detenido Felipe Ortiz Colina, padre del fallecido y abuelo de las niñas, quien sigue detenido, mientras que Adorno Insfrán fue beneficiado con prisión domiciliaria. Con relación al abuelo de las niñas, el mismo sigue privado de su libertad de acuerdo a las informaciones de las autoridades competentes.
En zona de Mayor Otaño (Itapúa) se reportó el viernes pasado el hallazgo de cuatro cuerpos flotando en el río Paraná. Las autoridades iniciaron las investigaciones para corroborar si podrían ser el padre y sus hijas desaparecidos desde el domingo 3 de noviembre pasado. Finalmente se constató el peor escenario.
El capitán Claudio Ramírez, segundo comandante del Área Naval del Este, informó a La Nación/Nación Media que, de acuerdo al reporte que recibió desde la zona del hallazgo, pobladores del lugar divisaron los cuerpos de un hombre y de tres niños, entrelazados, en aguas del Paraná.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sostiene que aún se encuentran pendientes resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias para esclarecer la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Foto: Gentileza
Fiscalía dice que es prematuro sacar conclusiones definitivas
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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.
“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.
Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.
El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
INFORME DE LA UNA
De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.
En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.
“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.
Informe de CGR expone el apuro fiscal para blanqueo a Bataglia
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El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.
Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.
En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.
Vicente Bataglia, expresidente de IPS durante el gobierno de Abdo
Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.
El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.
UNO DE VARIOS EJEMPLOS
Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.
En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.
La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.
La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.
Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.
Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos
El juez Humberto Otazú elevó a juicio oral el proceso penal de los exfiscales Armando Cantero y Hugo Volpe quienes habrían recibido regalo de un supuesto narco. Foto: Gentileza
Dos exfiscales enfrentarán juicio oral por recibir regalo de supuesto narco
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El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrentan los exfiscales Hugo Volpe y Armando Cantero, acusados de recibir presuntamente costosas lapiceras Mont Blanc y dinero a cambio de archivar una causa del supuesto narco Sergio Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a los dos acusados.
De acuerdo a la presente investigación, en el año 2019 el entonces fiscal Hugo Volpe habría recibido una lapicera de la marca Mont Blanc, valuada en G. 5.800.000, la cual presuntamente le fue entregada por los abogados de Minotauro en concepto de pago por archivar una causa en la que se investigaba al narcotraficante. El abogado que entregó el costoso bolígrafo fue Edson Sánchez Benítez.
Con relación al fiscal Armando Cantero, la acusación señala que el mismo había recibido la visita de emisarios de Minotauro, quienes presuntamente habían entregado al agente la suma de USD 10.000 para que archive una causa por producción de documentos no auténticos en la que el narcotraficante era objeto de investigación.
Volpe es procesado por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y la ejecución penal, mientras que Armando Cantero fue procesado por el hecho de soborno agravado.