Teniendo en cuenta que hoy lunes vence el plazo para la validación anual de los registros de conducir en varios municipios del país, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera anunció a través de sus canales oficiales que solo pueden sancionar el vencimiento quinquenal, es decir, la falta de renovación del documento tras cinco años, esto teniendo en cuenta la Ley Nacional N.º 5016 de Tránsito y Seguridad Vial.

Desde el departamento de comunicaciones de la Patrulla Caminera explicaron que durante un control vehicular los agentes verifican tres documentos esenciales: la licencia de conducir, la habilitación municipal del rodado y la cédula verde. Remarcando que la vigencia de estos dos primeros documentos es fundamental para la circulación sin inconvenientes.

La licencia de conducir cuenta con vencimiento quinquenal, marca la caducidad total de la misma, lo que obliga a su renovación cada cinco años. Su control es exclusivo de la Patrulla Caminera, mientras que la validación anual corresponde a un tributo municipal que anteriormente se reflejaba con un sello troquelado en la licencia y que hoy se verifica con un sticker. Su control y sanción dependen únicamente de la Policía Municipal de Tránsito del municipio donde se expidió el documento.

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En cuanto a las multas, el vencimiento de la licencia de conducir tras cinco años implica que el infractor debe abonar 10 jornales mínimos, equivalentes a 1.076.270 guaraníes. Por otro lado, en el caso de no portar la licencia de conducir en el momento de la inspección, la multa es de 5 jornales mínimos, es decir, 538.035 guaraníes.

Respecto a los casos en donde la habilitación municipal esté vencida o no sea presentada, el conductor estará sujeto a una sanción de 5 jornales mínimos y la Patrulla Caminera demora el vehículo hasta que se abone la multa correspondiente.

Si durante un control se detecta que un conductor tiene su licencia vencida, el vehículo solo podrá continuar circulando si un conductor sustituto con licencia vigente lo retira. En cambio, si se encuentra un vehículo con la habilitación vencida, este quedará demorado hasta que el propietario pague la infracción.

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En el salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional se desarrolló un análisis crítico “Al poder disciplinario ejercido por la Corte Suprema de Justicia contra los abogados litigantes”, donde se contó con la presencia de renombrados disertantes. Seis de los exponentes coincidieron de que la Corte no puede sancionar a los abogados que no trabajan para ellos.

Según el profesor doctor Nicolás Gaona Irún hubo coincidencia entre los colegios de abogados de que la Corte no tiene facultades disciplinarias que está ejerciendo sobre los abogados que no dependientes o funcionarios judiciales. Sin embargo, uno de los disertantes se mostró renuente a la situación y demostró su apoyo a la Corte, afirmando que sí tiene la potestad contra los litigantes.

“La postura de seis de los exponentes es que la Corte no puede juzgar disciplinariamente a quien no es su dependiente. Cada uno dio su punto de vista y fue socializado con el auditorio”, detalló Gaona en entrevista con La Nación/Nación Media. El evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) contó con una alta participación al tratarse de una situación que compete a los abogados del territorio nacional.

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Confirmó que uno de los expositores se mostró a favor de la Corte Suprema de Justicia y se excusó ante una ley que ya fue derogada. “Excepto el colegio de abogados de Villarrica representado por el doctor David Bogado, quien dijo que cree que la Corte tiene facultades e infundo su punto de vista, pero en una Ley que está derogada que es la 879″, señaló.

Indicó que el auditorio realizó sus preguntas como puntos de vistas, en el que muchos coincidieron en que la corte se extralimita y que no tiene la facultad disciplinaria con los abogados independientes. “En todos los casos hubo coincidencia que no puede disciplinar y que son inconstitucionales las medidas aplicadas por la Corte. Además, se habló de que la colegiatura obligatoria era una salida que había fracasado”, puntualizó.

Agregó que se resolvió hacer un informe sobre la exposición realizada y que será publicada dentro de un mes en formato de libro, que tendrá una presentación en formato digital y más adelante en impreso. “Yo creo que la corte se extralimita que funda la existencia del Consejo de Superintendencia así como la Ley 609 y el mal entendido sobre la vigencia de la ley 879 que fue derogada en el año 1992, sin embargo ellos están poniendo en vigencia”, sentenció.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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Directivos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) llegaron hasta los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón para hacer entrega de autorizaciones a tres radios comunitarias indígenas de la Región Occidental. Esto, en cumplimiento del mandato del presidente de la República Santiago Peña, que instruyó trabajar de cerca y de manera prioritaria con los pueblos originarios.

El presidente de la Conatel, Juan Carlos Duarte Duré, y el pleno del Directorio del ente regulador realizaron este lunes la entrega de autorizaciones a las radios comunitarias indígenas Campo Alegre, Armonía y Uj’e Lhavos. El evento se llevó a cabo en el salón auditorio de la Municipalidad de Teniente Irala Fernández (Presidente Hayes) y también contó con la presencia del intendente municipal, Oscar Giménez, que estuvo acompañado por el presidente de la Junta municipal, Gervasio Aguilera, y de representantes de las radios comunitarias.

“Para ustedes, la puesta en funcionamiento de estas radios comunitarias es muy importante porque va a servir para la difusión de su cultura, sus costumbres e idiomas, aparte de la función social que representa la radio comunitaria. Para nosotros, como ente regulador, es importante que todas las radios cuenten con sus documentaciones en regla”, expresó.

Por su parte, Brigido Loewen, representante de las radios comunitarias del Chaco, dio su agradecimiento. “Estoy muy contento y agradecido con las autoridades de Conatel por la posibilidad de obtener la autorización para las radios comunitarias de los pueblos indígenas, aquí en la Región Occidental”, indicó.

En tanto, el intendente del distrito de Tte. Manuel Irala Fernández, Oscar Giménez, se mostró muy contento con este importante logro para las radios comunitarias indígenas de la zona. “Las radios comunitarias que están en las comunidades indígenas cumplen un papel fundamental de cohesión social, pues las FM hoy en día tienen gran alcance”, señaló.

Asimismo, resaltó la importancia de que estas comunidades cuenten con sus propias radios, pues la comunicación será favorable porque se realizará en su propio idioma y cultura. “Entonces, esto permite fortalecer el uso de su lengua y las oportunidades de los jóvenes, de la comunidad, para desarrollar sus habilidades de comunicación” comentó.

Es de destacar que las radios autorizadas para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en mediana cobertura pertenecen a las comunidad del pueblo Nivaclé, la cual fue autorizada por resolución N°0750/2025, en la localidad de Filadelfia (Dpto. de Boquerón); a través de la resolución 0652/2025 fue autorizada la radio comunitaria FM Armonía, localizada en Teniente Primero Irala Fernández (Dpto. de Presidente Hayes); finalmente, por resolución 0653/2025 fue autorizada la radio comunitaria bajo el nombre de Campo Alegre FM, de la localidad de Boquerón (Dpto. de Boquerón).

Con la autorización otorgada, estas radios podrán operar por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de sus respectivas resoluciones, según lo dispuesto en la Ley de Telecomunicaciones, en su decreto reglamentario y el reglamento del servicio.

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