La hermana Graciela Ponce denunció esta semana la omisión del Gobierno Nacional hacia las comunidades indígenas que se encuentran en el departamento de Presidente Hayes. Hoy, tras la publicación en portada de La Nación, la gente se movilizó y estas comunidades recibieron una importante donación de agua, pero aún necesitan la ayuda de todos para sobrellevar este estado de emergencia.

El diácono Bernardo Figueredo, coordinador de la Pastoral Social Arquidiocesana, indicó que el pedido de ayuda realizado por la hermana Ponce tuvo eco y en solo tres días lograron juntar una importante donación para llegar hasta estas familias que necesitaban de forma urgente el agua. “Fue un pedido de ayuda de la hermana Graciela Ponce, quien llamó al monseñor Adalberto Martínez, porque desde las instituciones públicas no estaban recibiendo nada”, explicó en contacto con La Nación-Nación Media.

Confirmó que el viernes 17 llegaron hasta el Chaco con 5.000 litros de agua para estas familias y que todo fue gracias a la autogestión de la pastoral como el apoyo de los medios de prensa y de las empresas que se solidarizaron con la causa, que no pudieron omitir esta necesidad tan grande por la que están pasando estas humildes familias.

Lea también: Feminicidio en Obligado: buscan a hombre que habría asesinado a puñaladas a su expareja

“Son 1.000 bidones de 5 litros de agua que llegaron a estas familias. De los cuales, Bebidas del Paraguay donó 300 bidones y los demás fueron autogestionados por la pastoral social”, detalló. Agregó que en convenio con las Fuerzas Armadas lograron conseguir el traslado con las personas que acompañaron la entrega y distribución.

“Estos 5.000 litros de agua se entregaron el viernes ante la urgente necesidad de la falta de agua. En principio les estamos danto lo más urgente, pero tendríamos que ver una manera de que esto sea más constante porque esta cantidad de agua les va a durar apenas unos días”, expresó Figueredo.

Te puede interesar: En su día, reconocen labor y compromiso de instrumentadores quirúrgicos de Medicina UNA

Agregó que se trata de seis comunidades indígenas que se encuentran en el Chaco paraguayo y que nuclean unas 600 familias que recibieron el agua en una primera entrega, pero que estarían necesitando de más ayuda, especialmente de la ciudadanía que nunca está ajena a ayudar, especialmente en estas situaciones y ante la ausencia de las autoridades.

“Este fue nuestro primer envío y tenemos planeado hacerlo cada 15 días o de acuerdo a las necesidades que vayan presentando las familias, podemos ir antes, inclusive. Ya que los 5.000 litros de agua les duraría entre una semana a 10 días como máximo porque son seis comunidades con unas 600 familias”, indicó el agente pastoral.

Lea también: Camión de gran porte cayó en barranco del puente provisorio del cruce Tacuatí

Comentó que estas familias cuentan con aljibes desde donde estaban sacando el agua para su uso, pero que hace tres años no se registran lluvias importantes en la zona y ante la fuerte sequía, dejaron de acumular agua. “Sus pozos se secaron todos en estos tres años sin lluvias”, apuntó.

En otro momento, lamentó que las autoridades no hayan tenido en cuenta y previsto esta situación, ya que se tienen todos los elementos para saber lo que ocurrirá con el tiempo, además de que no se trata de un problema nuevo, ya que por temporadas estas familias pasan por lo mismo y no reciben asistencia.

“Con toda la capacidad económica que tienen nuestras instituciones públicas, yo no sé cómo aún no pudieron solucionar esta problemática. Ya que nosotros sin ningún dinero pudimos llevar 5.000 litros de agua en solo tres días en un lugar tan lejano. Es una falta de predisposición, todo se puede hacer cuando hay voluntad y amor. Son situaciones que uno no puede dudar en el presupuesto, son personas que están en situación crítica”, resaltó.

Lea también: Joven que chocó su motocarro y falleció habría sido apuñalado antes del accidente

Afirmó que además del agua, estas familias necesitan con suma urgencia de alimentos y con la llegada del tiempo frío, ropas adecuadas. “Justamente la hermana solicitó kits de alimentos para llevarles también eso y para el invierno, abrigos. Agua, alimentos y abrigos son lo más importante para estas familias”, apuntó.

Las personas interesadas en ayudar pueden acercarse hasta la pastoral o llamar al (0994) 381-316. “Tenemos un depósito en donde vamos recibiendo las donaciones de lunes a viernes; si pueden acercarnos, estamos en el ex-Seminario Metropolitano o pueden llamarnos y coordinamos la forma de poder pasar a buscar”, concluyó.

La hermana Graciela Ponce realizó una grave denuncia de dejadez y omisión del Gobierno Nacional con una comunidad indígena que se encuentra en el departamento de Presidente Hayes. Se trata de la comunidad de Casanillo, del municipio de Irala Fernández, que se encuentra a unos 500 kilómetros de Asunción, además de unos 400 kilómetros de la gobernación y de la intendencia a unos 120 kilómetros.

Esta desesperante situación llegó hasta el senador español Carles Mulet García, quien expuso ante el Senado de España el pedido urgente de ayuda. “No tienen agua, pasan hambre y Paraguay es muy rico pero desigual”, lamentó en un debate de la Comisión Asuntos Exteriores. “El Gobierno paraguayo debería responder. No estamos exigiendo nada imposible, solo que tomen medidas”, dijo el legislador europeo este martes en una comunicación con Ñanduti.

La religiosa contó que se encuentra trabajando con esta comunidad indígena que está integrada por 7 agrupaciones compuestas por unas 300 familias y unas 3.000 personas desde el 2016. La denuncia realizada por la misma es por la falta de respuestas ante la falta del líquido vital que sufren los pobladores de esta comunidad, ya que recurrió a varios ministerios y secretarías, pero hasta el momento no se logró ninguna respuesta de ninguna de las instituciones del Estado.

“La comunidad de Casanillo se compone de 7 comunidades en estos momentos, desde que yo inicié eran 5 comunidades y ahora ya hay 7 comunidades. Son comunidades que vienen a instalarse en estas tierras que son propiamente indígenas. La Conferencia Episcopal ya hace más de 40 años compró estas tierras y se las entregó a la comunidad indígena”, contó la hermana Graciela Ponce en comunicación con el programa “Apunto”, emitido por GEN/Nación Media.

Podés leer: Mario Abdo celebrará en Bolivia cese de la Guerra del Chaco

Indicó que en la comunidad Casanillo hace unos tres años fueron instalados tanques para almacenar agua de las lluvias; sin embargo, hace más de tres años que no llueve en la zona, por lo que estos tanques no pueden ser utilizados. “Allí se han instalado, ya desde hace cuatro años, tinglados con tanques, tienen cuatro tanques de 10 mil litros de agua, la función del tinglado que tienen las canaletas al costado es recaudar el agua de la lluvia. Antes caminaban 5 a 10 kilómetros llevando sobre la cabeza los tachos de agua”, refirió.

La religiosa cumple actualmente la misión en Concepción; sin embargo, recibió la llamada de los dirigentes de esta comunidad pidiendo ayuda con esta situación. “A finales de mayo vine a visitar la comunidad para verlos, y hablar por teléfono es muy distinta a la realidad, ver la necesidad de que está todo seco, hasta los tajamares que tenían antes están completamente secos porque hace más de tres años no llueve y eso se vino secando obviamente por naturaleza propia porque es una tierra muy árida, seca, salada y esa es la necesidad que tienen”, manifestó.

Ante esta situación, la religiosa trató de comunicarse y hacer llegar el reclamo de asistencia a esta comunidad a varias instituciones del Estado como el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), la Secretaría de Emergencia Nacional e incluso el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para asistir a los niños indígenas, pero hasta el momento no logró ninguna respuesta positiva.

“Yo presenté formalmente las cartas al Indi, a la Secretaría de Emergencia Nacional, al Ministerio de Educación pidiendo por las meriendas para que lleguen a las escuelas, estoy hablando de los que recibieron la carta porque algunos me han rechazado, me pidieron otros protocolos a hacer. No he recibido ninguna respuesta, he escrito al gobernador también de Presidente Hayes, al intendente de Irala Fernández, el único que me respondió el sábado fue el secretario de Irala Fernández”, cuestionó.

Otras de las instituciones a las que recurrió fue el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) por la situación de salud en que se encuentran algunos de los pobladores. “También al Ministerio de Salud pedimos porque hay muchísima gente resfriada, enferma, hay un puesto de salud, precario obviamente, una USF (unidad de salud familiar) recién instalada, pero no cuenta con profesional, no hay medicamentos”, manifestó Ponce.

“Esa USF queda en la primera comunidad, la gente que tenga que venir, tiene que venir 15 o 20 kilómetros, dependiendo del lugar de donde se encuentre”, sentenció. La religiosa también cuestionó que el Gobierno se jactó de una inauguración de tramo de acueducto; sin embargo, no realiza las gestiones y los trabajos para hacer llegar agua a esta comunidad que necesita con urgencia del líquido vital para la sobrevivencia.

Te puede interesar: EEUU, en contra de ley para derribar aviones civiles

“Si ven la página del Ministerio de Obras Públicas, que hace poco el presidente dio la habilitación de la tercera etapa del acueducto que llega hasta Filadelfia, y mi pregunta es, a 10 kilómetros queda esto del acueducto, nada prácticamente a la hora de trabajar, pero tanto cuesta aunque sea desde Loma Plata, Mariscal Estigarribia, de Irala Fernández, cargar una cisterna de 10 mil litros de agua y llevar a los hermanos nuestros que necesitan de agua. No cuesta nada, es un pequeño trabajo, una pequeña gestión”, reclamó la hermana.

Por último, contó que en estos días, desde la Municipalidad de Irala Fernández enviaron un camión cisterna, pero que el mismo solo llevó agua de una laguna que encontraron en el camino, lo que calificó de indigno para los compatriotas indígenas. “Ayer a fuerza de llamado y de dialogar con el secretario de Irala Fernández logró irse un camión cisterna a Casanillo, pero me llevé una sorpresa cuando me dijeron que el camión estaba vacío, como queriendo buscar agua por la zona. Me dijo que en Loma Plata consiguió un tajamar y llevaron el agua de ahí, le pregunté qué tal era el agua, y era agua salada, tampoco es digno llevar agua salada, era agua de tajamar, no era agua potable”, puntualizó.

Al cerrar una nueva semana con un nuevo duelo que golpea a los paraguayos con la muerte del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, en la noche de este sábado, que se sumó al duelo de la semana pasada por el asesinato del fiscal especializado del crimen organizado Marcelo Pecci, el gobierno de Mario Abdo Benítez pareciera que aún no reacciona en la debida forma en contra de este doble golpe que ha dado el crimen organizado en el país, cuyas mafias en este momento se laurean con dos golpes certeros contra quienes los combatieron de frente y sin miedo.

En el programa “Fuego cruzado”, que se emite los domingos a la noche por GEN, estuvieron invitados dos analistas políticos con bases constitucionales; el primero, el actual senador liberal Eusebio Ramón Ayala y, el segundo, el exlegislador Marcelo Duarte, quienes brindaron sus respectivos pareceres sobre los últimos acontecimientos y analizaron la situación del Paraguay ante estos hechos criminales.

Le puede interesar: Concejal departamental denuncia clima de odio y persecución en Guairá

Al respecto, Duarte señaló que hace unos días se analizó la posibilidad de declarar estado de excepción en el departamento de Amambay. Indicó que este planteamiento se dio porque no existe una hoja de ruta clara, partiendo en primer lugar por la cabeza responsable de la seguridad del país que es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Realmente es preocupante, y todo lo que se plantea desde el Gobierno, que es la administración del Estado, yo no veo que tuviese un plan claro, porque si lo tuviese supongo que lo expondría. Ante esa falta de un plan claro es que surge la idea por parte del Poder Legislativo y se plantea declarar un estado de excepción”, indicó.

Al respecto, explicó que se podría aceptar la declaración de un estado de excepción basados en dos argumentos clave ya establecidos en la Constitución, que son del conflicto bélico o la conmoción dentro del Estado. Pero viendo que el poder administrador no tiene clara la película sobre qué tiene que hacer, y eso se observó cuando el propio Mario Abdo, tras el atentado del intendente de Pedro Juan Caballero, se preguntó “¿qué puede hacer él?”, entonces se cuestionó qué tanto podría aportar el estado de excepción si el propio gobierno no tiene nada previsto.

Por su parte, el senador liberal Ayala indicó que el tema de seguridad es muy general y se requiere en muchos aspectos para que la población pueda desarrollarse con normalidad. Pero para ello implica política de empleo, políticas de infraestructura, educacionales, entre una serie de políticas públicas, porque en realidad es una cuestión sociológica porque se trata de la realidad social.

“Podría haber mayor seguridad si las políticas públicas son ejecutadas inteligentemente en la dirección correcta y de la manera más general posible. De manera que haya cierta equidad y cierto equilibrio entre los diferentes factores, de poder y de presión que funciona en la sociedad, independientemente a los poderes del Estado. Solamente desde el punto de vista legislativo no es suficiente”, explicó.

Asimismo, señaló que todas las normativas, sanciones, están contempladas en las leyes vigentes, por lo que no cree que haga falta establecer una nueva legislación para que se pueda implementar la política de seguridad porque tanto la Constitución y las leyes ya establecen cada una de las responsabilidades de cada una de las instituciones del Estado.

Lea además: Adiós a Acevedo: tras paso por radio Amambay y misa, será sepultado en Punta Porá

Entonces, indicó que teniendo los instrumentos jurídicos vigentes, existen los planes de acción, faltan algunos detalles, pero están las líneas generales establecidas en la Constitución Nacional y en las leyes que establecen responsabilidades y funciones.

Al respecto, indicó que el régimen hiperpresidencialista del sistema constitucional del Paraguay deposita en la eficacia, en el trabajo y en la gestión del presidente de la República. Entonces, cuando el primer mandatario no cumple su función de manera eficiente o deja que continúe el desarrollo normal sin ninguna intervención, entonces es que se producen estos problemas que hoy se observan.

“El presidente de la República tiene a su cargo dar seguridad jurídica, seguridad física, proteger la libertad y la seguridad y la vida de la gente; al igual que el Poder Judicial, la Fiscalía, sin dudas. Pero esos planes, para contener, incluso en la prevención, son los planes que debe ejecutar el Poder Ejecutivo. Cuando esto no cumple el Ejecutivo es que se produce el aumento de la criminalidad porque hay inequidades”, explicó.

Al respecto, sostuvo que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas cuentan con personal capacitado y preparado en seguridad nacional, al igual que otras instituciones del Estado que entienden muy bien del tema. Pero lo que hace falta es un líder que tenga la voluntad, la cualidad y tenga la capacidad de dirigir y utilizar todos esos elementos que ya están disponibles. Es por este motivo, indicó, que votó en contra del proyecto de ley de declarar estado de excepción para Amambay porque ya existen todos los elementos jurídicos.

Le puede interesar: Cuñada de Acevedo asumirá intendencia en PJC y exige reforzar seguridad

“Qué le puede agregar el estado de excepción a lo que actualmente la Constitución le otorga y atribuye al Poder Ejecutivo. Nada. Pero pueden haber arbitrariedades en la ejecución del Ejecutivo, es un arma poderosa en manos de un ineficiente que no controla”, expresó.

A su turno, Marcelo Duarte señaló que el país está entrando en un punto de inflexión, si es que ya no está completamente adentro, con relación a pasar de ser un Estado bastante desordenado e ineficiente a una etapa terrible, en donde el Estado se puede convertir en un instrumento que brinde las condiciones mínimas a los ciudadanos para desarrollar sus actividades. A ser un Estado que empiece a defenderse de los ataques del crimen organizado, lavado de dinero y otros crímenes ligados.

“Por qué el asesinato de Marcelo Pecci cobró una trascendencia, porque es una señal para propios y extraños que al que intente interferir en la cadena de tráfico de drogas ilícitas puede terminar así, si molesta. Eso son los signos que tenemos que leer para hacer las proyecciones. Esto me angustia particularmente como ciudadano, que esto termine con un nuevo atentado como el que se produjo en Pedro Juan, contra la vida del intendente Juan Carlos Acevedo. Luego que no se vea ninguna hoja de ruta clara y que los responsables de los órganos de seguridad del Estado le pregunte a la víctima qué quiere que haga. Entiendo y veo la buena voluntad, pero lo que me preocupa es que no veo un plan de contingencia”, expresó.

A su turno, de vuelta el senador Ayala insistió en que existe en primer lugar una Ley de Seguridad Interna en Paraguay, así como existen los organismos como el Consejo Nacional de Seguridad, que es presidido por el propio presidente de la República, junto con todos los organismos responsables en la materia, que no fueron convocados para estos casos.

Así también, existe un Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo que tiene que tener una reunión permanente para analizar de manera global el problema y enfocar las prioridades, lo que no se están haciendo, entonces existe un problema operativo de gestión.

“Digo un problema operativo de gestión porque tenemos los elementos, hay un Servicio Nacional de Inteligencia, en el que están todos los órganos de control de lavado de dinero, la lucha contra narcotráfico, la Senad, tenemos todas esas instituciones y tenemos muchísimos funcionarios en todas esas instituciones. Tal vez muchos de ellos permeados por la corrupción y muchos tal vez no encuentren el respaldo institucional para enfrentar frontalmente al problema del narcotráfico, el lavado, el contrabando, o la delincuencia transnacional. Entonces, como ya tenemos todos esos planes y se tiene el marco jurídico, en el plano operativo está el problema”, afirmó.

Le puede interesar: “No trabajamos para nosotros, trabajamos por el bien común”, dijo el precandidato a gobernador de Guairá

Por otra parte, señaló que el problema de Amambay, o de Pedro Juan Caballero en particular, no es un asunto nuevo, ya que es de larga data. Pero teniendo en cuenta que el que tiene la facultad constitucional de enfrentar a los poderes fácticos, o los poderes de los criminales, no hace nada, estos avanzan y llegan a lugares donde el Estado no llega porque no quiere o no puede llegar, y otras por complicidad.

“Los tres departamentos, Concepción, Amambay, San Pedro, desde el 2013, y un poco más desde el 2018, están con la Fuerza de Tarea Conjunta, en ciertas y determinadas épocas son más eficientes, en otras épocas no son eficientes. Pero solo la FTC no es suficiente porque la presencia de los planes del Gobierno tiene que estar presente en esas comunidades”, precisó.

En otro momento de la programación, Duarte aportó señalando que lo que se observa hoy en día es una “acción por inacción u omisión”, que es una herramienta jurídica que en derecho se utiliza bastante, que es cuando se deja de hacer algo que está obligado a hacer, no es que no se hace absolutamente nada, sino que se está dejando que las cosas sucedan.

“La acción por omisión, si yo veo una canilla abierta, y está corriendo el agua potable que a mucha gente le falta y no la cierro, no es que no estoy haciendo nada, sí estoy haciendo algo al no cerrar la canilla, lo que estoy haciendo es que el agua se desperdicie. Habiendo mucha gente que no tiene agua ni si quiera para tomar, le estoy castigando a esa gente por mi inacción que se convierte en una acción”, indicó.

No obstante, señaló que este es el momento político en que toda la ciudadanía junto con la clase política debe poner presión para que la dirigencia política debata sobre estos temas y finalmente el Gobierno ponga manos a la obra.

“Rescatar al país del abismo donde vamos a caer, si es que estos grupos criminales comienzan a manejar por completo ciertas zonas. Si el crimen organizado se instala de manera definitiva en esas zonas, que no es por casualidad, tiene que ser porque las condiciones en el país están dadas para que su negocioso sea viable. Entonces, quedarnos quietos es darle semáforo verde a esta gente el futuro de nuestro país y de nuestros hijos y hacer que esto tenga represiones en otras naciones”, acotó.

Lea también: Concejal de Pedro Juan advierte que el crimen organizado “no perdona a nadie”

Cada 15 de febrero se recuerda el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil y desde el Hospital de Clínicas se informó que anualmente atiende a más de 500 niños con dicha enfermedad. Dos semanas antes, el 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, otra fecha que expone la situación de los pacientes en el país, muchas veces en carencia de medicamentos y precariedades en el tratamiento.

Según un informe del Instituto de Previsión Social (IPS), en Paraguay fallecen por cáncer alrededor de 4.000 a 4.500 personas por año, y aproximadamente 12.000 son diagnosticadas. Esta es la primera causa de muerte prematura antes de los 70 años y la segunda causa en términos poblacionales.

Según las últimas estadísticas proveídas por la Global Cancer Observatory (Globocan), en el año 2018 en los centros asistenciales del país se presentaron 11.244 casos nuevos, siendo el cáncer de mama el más frecuente, seguido del de próstata y de cuello uterino.

Lea más: Adexe y Nau estrenan su nuevo single “El problema”

En tanto, tan solo en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) se registraron 754 fallecimientos de pacientes durante el 2021, mientras que en el primer mes del 2022, en enero pasado, ya hubo 12 muertes, de acuerdo al informe emitido ayer martes por Noticiero Trece.

En coincidencia con los datos de Globocan, la nota periodística señala que, el año pasado, en el Incan se diagnosticaron 423 casos de cáncer de mama, 300 de cuello uterino y 100 de próstata. A ello se agrega una nueva preocupación, ya que ahora estarían apareciendo más casos de jóvenes con tumores cerebrales que precisan de un medicamento sumamente oneroso.

La situación de pandemia del COVID-19 solo remarcó el calvario que viven los pacientes oncológicos, ya que a la falta de medicamentos se suma la escasez de reactivos tumorales e insumos; asimismo, la falta de mantenimiento de los equipos impide la realización de estudios complejos requeridos por los médicos tratantes.

Lea más: Un agasajo sorpresa para encantar con cada bocado

Dichos factores hacen que se dilate la atención en tiempo y forma, por lo que los enfermos en la espera de una respuesta terminan falleciendo ante la imposibilidad de costear su tratamiento en hospitales privados. Por ello, muchos enfermos recurren cada año a amparos judiciales para acceder a los fármacos que necesitan para su tratamiento. Actualmente, más de treinta personas se encuentran esperando que la Justicia resuelva sus reclamos para acceder a una mejor oportunidad de vida.

El Instituto Nacional del Cáncer cuenta actualmente con un solo tomógrafo y un aparato de resonancia magnética que no abastecen por la gran cantidad de pacientes que a diario requieren de estudios, lo que hace que dichos equipos terminen por descomponerse periódicamente.

Otra situación indignante se registró semanas atrás con el tomógrafo por emisión de positrones PET Scan para el sector público, que fuera inaugurado en noviembre pasado con una importante inversión, en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción (IICS-UNA), y que seguía sin funcionar por falta de gestión de los permisos internacionales para su usufructo.