Este miércoles, los trabajadores aportantes del IPS, afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores y la ciudadanía en general solicitaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez que intervenga la previsional tras el grave hecho ocurrido en el Instituto de Previsión Social (IPS) con la amputación de la pierna equivocada al paciente Ramón Samudio.
El pedido fue enviado al mismo Presidente de la República y solicitan la intervención administrativa del IPS. “Por los acontecimientos de público conocimiento, que generan la pérdida total de credibilidad en los servicios prestados por esa noble institución, y además, por la desvergonzada negligencia incurrida en los hechos que generaron la situación de un paciente amputado por error”, expresan en el documento.
Apuntan a que todos los días saltan más informaciones que dejan a la vista la desastrosa gestión de la administración presidida por el doctor Vicente Bataglia, “quien ha demostrado claramente su ignorancia, falta de capacidad, falta de transparencia y serias sospechas de alta corrupción, y considerando que el citado personaje no tiene la altura moral para renunciar a su pésima gestión”, dicen en el documento remitido.
Agregan que ayer martes 12 de julio solicitaron la destitución del presidente y del gerente médico del IPS, pero que como respuesta a la nota, en horas de la tarde el presidente del IPS, hablaba de que solamente trabajando uno se equivoca. “Pero que a todas luces los logros en el IPS, superan ampliamente a un posible error”, decía el titular del IPS al justificar la negligente acción.
Además, indicaban que no podía informar quienes eran los profesionales que participaron de la intervención donde amputaron por error la pierna de don Ramón. “En virtud a esta demostración, de lo poco importante, que es la vida humana cuya responsabilidad está en manos de este administrador, y duplicando su responsabilidad al tratarse de un profesional de la Salud. Reiteramos que, en forma urgente, se determine la Intervención Administrativa del IPS”, afirman.
Resaltan que solo de esta forma devolverán la confianza a los asociados en los servicios entregados por la citada institución y la posibilidad de que una investigación transparente demuestre lo ocurrido, con las responsabilidades, administrativas, civiles y penales, que, en caso de corresponder, sean ejecutadas.
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