Ciudad del Este. Agencia Regional.

En el 2023 se registraron reiterados hechos de asaltos en torno y al interior del campus de la Universidad Nacional del Este (UNE), siendo víctimas los alumnos, principalmente, lo que motivó reclamos reiterados de los estudiantes, incluso de los profesores.

Para evitar el mismo escenario, el rector de la UNE, doctor Osvaldo Caballero Acosta, y directivos de algunas unidades académicas se reunieron este martes con los comisarios Leonor González y Edgar González, jefe y subjefe de la subcomisaría 46, del barrio San Juan de Ciudad del Este.

La UNE está asentada en el campus de 36 hectáreas en el km 8, Acaray, donde funciona la mayoría de las facultades. Los alumnos que esperan ómnibus son los más expuestos, pero también dentro del predio, teniendo en cuenta la dimensión, los camineros y estacionamientos internos, según explicó el doctor Caballero Acosta en la reunión.

Informó a La Nación/Nación Media que se les prometió un plan preventivo a ser ejecutado por parte de los policías y con indicaciones de medidas que también aplicaran internamente las diferentes unidades académicas. Intensificarán los controles con más agentes y realizarán orientaciones para que los alumnos apliquen como medida preventiva a hechos delictivos, según el rector de la UNE.

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El plan previsto tomará en cuenta los horarios de ingreso y salida para los controles más intensivos, entre las 17:00 y las 22:00, siendo las paradas de ómnibus las áreas que tendrán mayor control, según lo hablado en la reunión.

“Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que ellos nos sugieran, como acciones internas para la prevención de hechos delictivos. Quedamos en que trabajaremos en forma conjunta para que desde la universidad hagamos nuestra parte y los policías, desde afuera, cuiden el movimiento en los alrededores del campus”, manifestó el doctor Caballero Cruz.

La UNE cuenta hoy con 11.900 alumnos matriculados, un número mayor que el año 2023 con 10.700 estudiantes. En base al dato anterior, el 50% de ese número asiste al campus del km 8 Acaray, mientras que la otra mitad corresponde a las unidades de Minga Guazú y a las filiales en distritos del interior del departamento.

Esto indica que entre 5 y 6 mil alumnos acuden al campus de la UNE, sumado al personal administrativo y docente. El estacionamiento suele tener un promedio de 1.300 rodados diarios, según el dato aportado por el rector de la UNE.

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Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)

Durante una barrera policial sobre las avenidas Fernando de la Mora casi Carlos Domínguez, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, lograron detener a un brasileño, quien aparentemente es considerado una pieza clave dentro del engranaje criminal del “Primer Comando Capital, más conocido como PCC.

Se trata del brasileño Leonel Ricardo Gonçalves Francisco, de 34 años de edad, considerado miembro activo del temible grupo criminal PCC.

De acuerdo a los datos de la policía, el hombre es conocido en el submundo delictivo como “Irmao Cruel”. Era el encargado de imponer castigos tanto a miembros de la facción como a personas “marcadas” por la misma.

“Según la Policía Militar brasileña, era el encargado de castigar a los miembros de su banda e, inclusive, a personas marcadas por la facción. Entre esos castigos, además del asesinato, estaba descuartizar a sus víctimas. Ese era su trabajo”, sostuvo el comisario César Galeano. De acuerdo a los informes, el brasileño cuenta con frondosos antecedentes policiales en su país, entre ellos homicidios, tráfico de drogas, lesión corporal e, inclusive, violencia doméstica.

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La detención de “Irmao Cruel” fue conmemorada por la policía, tanto paraguaya como brasileña. Aunque no se confirmó oficialmente, Leonel Ricardo podría ser expulsado del país en las próximas horas atendiendo a la alta expectativa de pena que podría imponérsele en el Brasil.

Por disposición del Ministerio Público, Gonçalves Francisco quedó preso en dependencias de Investigaciones a disposición de la justicia ordinaria.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes policiales de la Comisaría 1ª. de Ciudad del Este, siguen cumpliendo con el despeje de la franja de dominio de la Ruta PY02, o paseos centrales paralelos a las avenidas colectoras, en el trayecto que va del centro comercial hasta el km 4. Desde el lunes se viene realizando el recorrido diario y continuará, según las órdenes de servicio.

Es lo que informó el comisario César Vargas, jefe de la citada comisaría, al ser consultado por La Nación/Nación Media, al respecto. El objetivo es la dispersión de personas en situación de calle, que estando en adicción cometen hechos de violencia; en muchos casos, generando inseguridad a quienes pasan por el lugar, de acuerdo a denuncia de afectados.

A partir de la denuncia de los camioneros, sobre hechos de asaltos y robos menores del que son objeto, el Departamento de Seguridad Ciudadana dispuso el recorrido diario por la franja, para desalentar la aglomeración de las citadas personas, ya sean adolescentes, mujeres y adultos, que suelen estar en total descomposición, agrupados en algún punto del mencionado tramo.

“El trabajo que hace la Policía en este caso, es un parche, no resuelve el problema de fondo, es una situación grave de largo tiempo que requiere la intervención de otras instituciones”, expresó el jefe de comisaría.

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“Dispersarlos, es lo que podemos hacer, pero al poco tiempo vuelven al mismo lugar o, se agrupan en otro sitio; son seres humanos caídos en adicción, que ya no caben en sus familias y es un problema de salud pública”, refirió el comisario Vargas. Agregó que la intervención realizada hasta ahora es solución policial, pero el problema necesita otro tipo de trabajo.

“Muchas veces se dice que la policía los agarra y los vuelve a liberar porque está confabulada con ellos; ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos un marco legal dentro del cual debemos actuar y muchas veces son robos bagatelarios por los que son aprehendidos. La comisaría no es centro de rehabilitación”, explicó el comisario César Vargas, remarcando sobre la complejidad de la situación de las personas.

Mencionó además que entiende a los camioneros, que habló con ellos, pero insistió en que la solución vendrá mediante un trabajo de más instituciones. “Nosotros llegamos al lugar uniformados, con luces prendidas y baliza, obviamente corren todos y, si les alcanzamos, ¿por qué causa los vamos aprehender?”, se preguntó el jefe policial.

Indicó que continuarán con el trabajo que corresponde, a la vez de considerar la importancia de entender la situación para que se sepa que, con la dispersión y el control cotidiano, el problema reaparecerá en otros sitios para permanecer en la calle, como ha venido siendo hasta ahora.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

En Ciudad del Este, cada vez son más los sitios identificados como lugares críticos donde se juntan personas en situación de calle, adictos y muchos de ellos convertidos en delincuentes, para el consumo cotidiano. Por esos lugares ya nadie puede circular porque se expone al peligro. Una de esas zonas rojas fue intervenida hoy por el personal policial para control preventivo.

“Las quejas son permanentes, hacemos el control preventivo y si eventualmente se configura algún hecho punible y los llevamos detenidos, no tenemos lugares para ellos; son personas enfermas que necesitan tratamiento. En la comisaría tenemos a un detenido en estos momentos, que está totalmente descontrolado”, manifestó el comisario Bernardo Ojeda, jefe de la Comisaría 1.ª del barrio céntrico San Agustín.

Informó a La Nación/Nación Media que en el control preventivo de hoy unas personas fueron verificadas y no se detectó ningún hecho punible, pero se sabe que continúan los reclamos en contra de la Policía Nacional, por no actuar supuestamente en contra de la delincuencia que se genera desde ese lugar. En el centro de Ciudad del Este son alrededor de cinco zonas rojas con características similares relacionadas a gente en situación de calle, adictos, indigentes, etc.

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El exlocal de Copaco sobre la avenida Monseñor Rodríguez es uno de los lugares utilizados por este grupo de personas, para sobrevivir en medio del consumo, violencia, actos delictivos y demás. “La gente nos acusa de no hacer nada, pero no nos queda otra acción que el control preventivo, no podemos actuar si no hay flagrancia o denuncia”, remarca el comisario Ojeda.

Igualmente advirtió que no cuentan con las herramientas necesarias para que el problema tenga una atención más integral, como la no existencia de un lugar donde llevarlos a los adictos detenidos, para su tratamiento, a la par que sean procesadas, si es que cometieron algún hecho. “El estado debe tomar el problema de fondo, cada institución se desentiende y muchas veces nos sentimos impotentes, atados y sin herramientas”, enfatizó el jefe policial.

El detenido que está descontrolado al que se refirió el comisario Bernardo Ojeda, fue denunciado por haber atacado el local de una vendedora en la terminal del centro, ocasionando destrucción y hasta amenaza. La víctima, le dijo al personal policial que el hombre tenía el rostro lesionado y parecía estar bajo efectos de alguna droga.

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