“Tratar con el crimen organizado o la delincuencia no es una aventura o un juego”, indicó el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, tras expresar su rechazo a la creación de la Policía Municipal en la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí. Ante esta situación, mencionó que su institución reforzará la presencia de agentes uniformados en las comisarías de la zona.

“Nos preocupa que personas que no tengan la capacidad o idoneidad puedan ser empleadas para la lucha contra el crimen y la delincuencia. Hay conocimientos y formación que deben poseer. No son los encargados de la seguridad”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Benítez indicó que para el cumplimiento de funciones relacionadas con el orden público es necesario conocer la Constitución Nacional, las leyes, las exigencias en materia de derechos humanos, entre otros. Como ejemplo detalló que la formación de un oficial de la Policía Nacional demanda cuatro años, un suboficial de la Policía dos años, excepcionalmente un año.

“No subestimamos la ocurrencia de los hechos punibles en Yaguarón ni en ningún otro punto territorial. Ocurren hechos como hurtos, hurto agravado, robo y robo agravado en algunos casos, pero hemos visto que ocurren de una manera casi cuasi regular, en una línea que no escapa al control de la Policía Nacional. Tampoco se puede decir que estos hechos se desbordaron”, refirió.

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No obstante, comentó que tomó la decisión de reforzar la presencia de los uniformados en las comisarías de Paraguarí, principalmente en la citada localidad. “Vamos a demostrar de manera tangible, significativa, la mejor predisposición y voluntad de fortalecer la prevención y seguridad en los diferentes municipios. Estamos enviando efectivos policiales para ir reforzando de manera inicial las comisarías”, puntualizó.

Incluso Benítez detalló que se prevé dentro de un mes el ingreso de 5.000 nuevos uniformados que estarán reforzando la seguridad en las calles. “Uno de nuestros principales aliados en la lucha contra la delincuencia justamente son las municipalidades. Su cooperación ha sido bastante importante en el sentido de que se crearon las comisiones ciudadanas que tienen un aval de los municipios, han trabajado históricamente con la Policía Nacional, pero no de la manera que se plantea en Yaguarón”, remarcó.

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Durante la jornada de ayer sábado, la Policía Nacional recibió un total 2.121 llamadas en el sistema 911 de los cuales el 75 % fueron de no emergencia, situación que retrasa las atenciones a aquellas personas que realmente necesitan ayuda. Asistieron a 114 casos de violencia familiar en un día.

Según el informe emitido por la institución, durante la jornada del 2 de noviembre ingresaron 2.121 llamadas al sistema de emergencias, de las cuales 1.490 representan a aquellas que no necesitaban de ayuda. La mayoría de estos contactos era de personas que llaman, pero no contestan, así como de niños jugando.

La mayor cantidad de ingresos fueron de ciudadanos que llaman y no contestan, con 1.128 casos registrados ayer, y 120 de aquellos que contactan en forma equivocada. En tanto que, hay personas que marcan para pedir información, que totalizaron 101 llamadas, y también un caso de contacto por mensajería.

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Siguen en la lista los niños que juegan con los aparatos celulares y marcan al sistema 911, en esta oportunidad fueron 44; también figuran los que llaman para insultar o decir obscenidades a las operadoras con 3 contactos y suma la lista las llamadas operativas fueron 29 en total.

Fueron atendidos 631 casos de emergencias reales, entre ellos: 114 hechos por violencia familiar, 133 denuncias e intervenciones por polución sonora y 80 casos por perturbación a la paz pública. La lista sigue con reportes de 64 accidente de tránsito y 10 casos de hurtos o robos, todos fueron asistidos por la Policía Nacional.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que están expectantes a la licitación de las tobilleras electrónicas puesto que será un elemento clave para evitar la superpoblación penitenciaria y en este sentido dijo que también existe un trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia de modo a buscar alternativas a la prisión.

“Ya estamos próximos a implementar los brazaletes electrónicos, tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, hace un par de días porque por fin los procesos de llamado a licitación y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa para la adquisición de estos dispositivos están destrabados y estamos próximos a la adjudicación”, detalló a la 650 AM.

Una vez que se cuente con estos dispositivos, serán puestos a disposición de los juzgados de modo que se conviertan en una herramienta más de control y un mecanismo de evitar que ingresen personas innecesariamente al sistema penitenciario. En esta línea, resaltó el trabajo que se está realizando con el Poder Judicial.

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“Tener una línea de trabajo en la conciencia en la imposición de la prisión preventiva, no el abuso, sino el equilibrio porque también tenemos que abogar por la seguridad ciudadana y cuando realmente se den las condiciones que están en ley como la obstrucción al proceso penal, peligro de fuga entre otros lineamientos claramente establecidos, que se aplique la prisión preventiva, pero si esa persona puede estar bajo un régimen de prisión domiciliaria o libertad, bienvenido sea”, explicó.

Dentro del sistema penitenciario existen 11.167 procesados sin condena de las 18.489 personas privadas de libertad. Otra de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia es separar a estos dos grupos, de modo a que los programas de reinserción puedan ser efectivos y que las cárceles dejen de ser “escuelas del delito”, según manifestó.

Este proceso ya comenzó en Tacumbú y en las tres cárceles de Emboscada, tanto en el penal antiguo, como en Pedro de la Vega y Martín Mendoza. “Padre de la Vega va a ser exclusivo para condenados y el antiguo va a ser para procesados”, detalló y añadió que el penal Martín Mendoza estará funcionando completamente a inicios del 2025 exclusivamente para máxima seguridad.

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El tribunal de sentencia integrado por Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Adriana Planás, condenó a 4 años de cárcel al exdirector penitenciario Wilfrido Victoriano Quintana encontrado culpable por frustración de la ejecución penal, y cohecho pasivo agravado. Asimismo, el exmagistrado Néstor Arévalo Zorrilla fue condenado a 3 años de cárcel, encontrado culpable por los delitos de frustración de la ejecución penal y prevaricato.

El colegiado sostuvo que se pudo comprobar la responsabilidad de los dos condenados en los delitos acusados por el Ministerio Público, atendiendo a que los mismos recibieron “regalos” para que los condenados por narcotráfico Víctor Brítez Aranda, alias “Chapalo”, y Ángel Tranquilino Giménez.

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La agente fiscal María Irene Álvarez fue quien sostuvo la acusación contra los hoy condenados y a su vez el colegiado valoró el trabajo llevado a cabo por la mencionada representante del Ministerio Público.

Por su parte, el exdirector del penal de Ciudad del Este, Alberto Ramón Orella Notario, también acusado en el caso, fue absuelto de reproche y pena por la supuesta falta de comprobación del hecho.

La defensa de los condenados tienen la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y si es así será el tribunal de apelación el que estudie si corresponde confirmar o no la sentencia condenatoria.

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