Cuatro jóvenes de entre 15 y 18 años recluidos en el Centro Educativo Itauguá se fugaron en horas de la tarde, según confirmó el propio ministro de Justicia, Édgar Olmedo. La falta de guardiacárceles en el excorreccional Panchito López afectó a la seguridad interna de la institución.
La Policía Nacional es la encargada de dar con el paradero de los jóvenes fugados, luego de que 8 agentes penitenciarios hayan estado ausentes, motivo por el cual se debilitó la seguridad del centro. “Vamos a informarnos también quiénes fueron los que se ausentaron sin causa justificada, algunos con certificado médico”, informó el ministro en contacto con la 1020 AM.
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Consideró que es un momento para tomar medidas ejemplares contra los agentes y también lograr tener la información certera con relación a los certificados que supuestamente presentaron, “si son veraces y si es que se ajusta a la realidad de salud de los agentes que se ausentaron”, mencionó al poner en duda cualquier justificación de ausencia en concordancia. Las informaciones serán dadas por el director del centro penitenciario.
Pasada las 15:00 se dio a conocer esta fuga, que en principio era de cinco jóvenes, pero fueron interceptados por algunos guardias cuando se disponían a escaparse. La reacción inmediata luego de los disparos con balines de goma permitió que uno de ellos fuera aprehendido, mientras que el resto logró ingresar a la zona boscosa en las inmediaciones del centro; en la zona se encuentran realizando un rastrillaje para lograr dar con el paradero de los jóvenes.
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El Salvador: familiares de presos claman por una “prueba de vida”
Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.
En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.
El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.
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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.
Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.
“Vivo o muerto”
Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.
Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.
“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.
Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.
Cartas de “libertad”
Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.
“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.
En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.
Fuente: AFP
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Exagentes penitenciarios siguen en huelga de hambre para exigir recontratación
Este lunes, un grupo de exagentes penitenciarios sigue apostado frente a la sede del Ministerio de Justicia en Asunción y suma siete días de huelga de hambre. Los trabajadores de distintos centros de reclusión exigen ser recontratados, alegan que tienen antigüedad y afirman que fueron despedidos injustificadamente.
Se trata de unas cinco personas que están apostados frente al edificio de la cartera estatal e iniciaron una huelga de hambre el pasado 4 de noviembre, para exigir el cumplimiento de la promesa hecha por las autoridades. Desde hace tres meses, estos trabajadores esperan ser contratados nuevamente, algunos incluso se encadenaron como medida de fuerza.
“Cada 15 días estábamos viniendo con la promesa de que nos volverían a contratarnos, pero hasta la fecha no cumplieron con nosotros. Sin embargo, siguen contratando personal que no tiene experiencia”, manifestó Víctor Colmán, exfuncionario penitenciario, en entrevista con C9N.
Explicó que incluso participaron de un curso de capacitación, en el que sumaron puntajes a su experiencia y que es injusto que personal que no tiene la misma preparación sea contratado. “Nosotros queremos volver a trabajar, que nos devuelvan nuestros trabajos como prometieron”, aseguró Colmán.
Por su parte, Rodrigo Domínguez, que prestaba servicio en el penal de Coronel Oviedo, resaltó que desde hace siete días están haciendo huelga de hambre. “No despidieron injustificadamente, hubo un concurso y no dejaron de lado. Supuestamente no alcanzamos puntaje, yo tengo cuatro años de antigüedad y no puede que otros sin experiencia entren”, refirió.
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El Partido Colorado suma 350 jóvenes del Guairá a sus filas
El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, recibió a una caravana de 350 jóvenes del Guairá en la sede de la Junta de Gobierno, en Asunción, con el fin de sumarse a las filas del Partido Colorado. La comitiva estuvo acompañada por el jefe departamental, César Luis Sosa Fariña.
“Hoy les aseguro que el Partido Colorado está con una enorme sonrisa, la fuerza de nuestro partido son ustedes, nuestra gente. Yo me coloco a su disposición, esto representa un enorme compromiso, cuenten con el partido. Estas afiliaciones hacen el cimiento de nuestro partido, pero ahora hay que salir a trabajar”, manifestó Cartes.
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Asimismo, solicitó a los jóvenes que mediante el respaldo de la ANR se vuelvan una herramienta al servicio del pueblo con la finalidad de escuchar los reclamos y buscar soluciones conjuntas a las necesidades cotidianas, como la falta de medicamentos, seguridad, educación entre otros.
“Ustedes son nuestros grandes soldados. Se sentirán muy bien atendiendo a la gente porque resolver sus problemas es una enorme satisfacción. Quiero que vean que otra nucleación política es ahora una herramienta para escuchar y resolver los problemas”, comentó el exmandatario.
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Además, Cartes expresó: “Nuestro partido tiene un pedido siempre, que lo cuidemos, nosotros ya no podemos salir a pedir las afiliaciones, nosotros tenemos que convencer, conquistar y dar servicios, la gente nos tiene que elegir como partido por lo que hacemos y no porque le pedimos o condicionamos”.
Por otra parte, instó a los jóvenes a no desistir de sus sueños, pese a las adversidades. “Yo les quiero pedir que nunca se canse, a veces las cosas no salen como uno quiere. Les propongo que trabajemos todos juntos. Si no encuentran respuestas en el partido estarán desilusionados, entonces la ANR y su presidente se coloca a disposición de ustedes, no tiene que haber teléfono cortado, estoy a su enteras órdenes”, remarcó.
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Prevención integral para un futuro seguro de la juventud en Paraguay y América Latina
La Red Regional de Acción Preventiva para la Adolescencia y la Juventud impulsa una colaboración intersectorial en América Latina y el Caribe para prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias en la juventud, abordando los desafíos que enfrenta esta población en condiciones vulnerables.
En una región donde casi el 25% de la población tiene entre 10 y 24 años, muchos jóvenes enfrentan riesgos significativos, como el empleo precario, violencia, y consumo de sustancias. En Paraguay, donde el 27% de la población es joven, el contexto se agrava con el aumento en el consumo de alcohol, tabaco y drogas desde temprana edad, lo que afecta tanto su desarrollo como su integración social.
El Centro de Informaciones y Recursos para el Desarrollo (CIRD) ha transformado su enfoque preventivo, pasando de campañas para reducir el uso de drogas en los años 90 a un modelo integral que coloca al joven en el centro de la intervención.
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Esta estrategia de prevención comunitaria fomenta la educación y el empoderamiento, mejorando la calidad de vida y promoviendo un entorno de cuidado y colaboración. La metodología se basa en el capital social, siguiendo el concepto de Pierre Bourdieu, y busca construir redes significativas que involucren a la comunidad, el sector estatal y el sector productivo, fortaleciendo así la integración y fomentando cambios positivos en el tejido social.
Un ejemplo exitoso de este modelo es el proyecto piloto “Sistema de Respuestas Múltiples” en el barrio San Carlos de Luque, Paraguay. Este proyecto incluyó un diagnóstico participativo, planificación estratégica, e implementación de intervenciones específicas, como actividades recreativas, nivelación educativa, prevención de adicciones, inserción productiva y prevención de violencia. La evaluación posterior mostró resultados positivos, como una reducción en la victimización y un descenso en el consumo de drogas en los hogares.
Además de este enfoque integral, el proyecto Smashed se implementa en Paraguay y otros países latinoamericanos como una iniciativa de prevención que utiliza el arte y la educación positiva, como teatro en vivo y cine, para sensibilizar a los jóvenes sobre el consumo de alcohol y motivarlos a tomar decisiones más saludables.
Estas iniciativas buscan consolidarse y ampliarse mediante la Red Regional de Acción Preventiva, promoviendo un cambio sostenible que responda a los desafíos sociales de la región. Con el fortalecimiento de esta red, y el uso de metodologías innovadoras como la de Entornos Creativos de Argentina y Smashed, se pretende amplificar el impacto de la prevención en Latinoamérica, sentando las bases para un futuro más seguro y colaborativo para la juventud.
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