Esta tarde se desarrolló un allanamiento en un depósito de la ciudad de Ñemby, incautándose una importante cantidad de rulemanes presuntamente falsificados. El valor de los productos superaría los 150.000 dólares.
Personal del Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público procedieron a allanar el local comercial identificado como “M Rodamientos”, situado sobre las calles Bendición esquina Mburucuyá de Ñemby.
Dicho procedimiento, encabezado por el agente fiscal Eugenio Ocampos, se dio en el marco de una investigación vinculada a la importación de productos de origen dudoso.
Se trata de rulemanes de tipo industrial que presuntamente serían falsificados, correspondientes a las marcas Shaeffler, Fag, Luk, Mercedes-Benz y Honda. La carga se encontraba agrupada en alrededor de 250 cajas.
Ocampos explicó que llegaron al lugar gracias a un trabajo de inteligencia previo, teniendo como antecedente una incautación anterior realizada hace alrededor de 2 meses en un puerto de Brasil. En aquella ocasión, se habían descubierto toneladas de repuestos del mismo origen.
El valor de los productos incautados en este procedimiento fiscal policial sería de más de 150.000 dólares, según las estimaciones.
Los propietarios de la empresa responsable de la carga estarían siendo convocados a brindar declaración indagatoria en los próximos días en la Fiscalía, debiendo presentar las documentaciones que acrediten la legalidad de la carga y su procedencia. Todas las evidencias incautadas fueron trasladadas al depósito del Ministerio Público, donde permanecerán bajo resguardo.
Dejanos tu comentario
Conforman equipo especial para investigar derrumbe de edificio en Encarnación
El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.
El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.
“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Te puede interesar: Areguá: niño de 12 años murió electrocutado en su casa
Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.
El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.
Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.
A resultas de informe de peritos de obras
“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.
El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.
“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.
Leé también: Anuncian temperaturas frescas a frías durante las mañanas del fin de semana
Dejanos tu comentario
Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.
El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.
Leé también: DNCP levantó restricciones para la compra de las máquinas de votación
La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.
A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.
Te puede interesar: Grupo Zuccolillo se rehúsa a pagar deuda de USD 70 millones a itti
Dejanos tu comentario
Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
Lea también: Anexo C: renegociación será reanudada una vez que se restituya la confianza con Brasil
La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
Te puede interesar: Plantean crear el Ministerio de la Familia con la fusión de tres entes
Dejanos tu comentario
Allanaron la mansión del “Rey de los robacoches” en Ñemby, pero logró fugarse
La Policía Nacional realizó un allanamiento en la ciudad de Ñemby en la casa que sería de un hombre que es conocido como el “Rey de los robacoches”, que formaría parte del clan Rotela. Esta persona está siendo investigada hace cuatro meses por una serie de robos y contaba con 14 antecedentes penales, que a la fecha fueron borrados del sistema, situación que también está siendo investigada.
Según el reporte policial, la intervención se realizó ayer jueves en el barrio Pa’i Ñu, en una mansión que está ubicada sobre la avenida Pratt Gill. En el sitio se encontraron varios automóviles que estaban denunciados como robados y antes de que los agentes lleguen el hombre ya se habría fugado en compañía de su esposa. Tanto el hombre como su sobrino fueron identificados en varios robos de autos.
Se trata de Juan Manuel Salinas Valdovinos, de 44 años, que cuenta con 14 antecedentes penales. “Iniciada esta investigación, hace cuatro meses saltaban todos los los antecedentes con los que contaban estas personas, al momento nos están informando que no está apareciendo. Esto ya fue comunicado al Ministerio Público”, confirmó el comisario Juan Pereira, en entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.
Te puede interesar: Detienen a empleado de planta industrial por hurtar cables de cobre
Detalló que durante la intervención se logró la incautación de dos vehículos de la marca Toyota, una motocicleta de la marca Kenton y un celular de la marca Samsung, entre otros indicios. “Se le acusa de robar más de 100 vehículos que fueron traídos vía Chile. Estos son robados y luego son modificados, se les cambia de color y el número de chasis. También, se realiza desarme en talleres clandestinos”, aclaró.
Apuntó que es muy difícil distinguir a los vehículos que fueron modificados por la gran cantidad de rodados de esta línea. “Estos se mimetizan en los controles y es así que van pasando. Uno de los rodados incautados ya circulaba en el país por un año, con documentación totalmente apócrifas y chasis implantado”, refirió.
Agregó que, minutos antes de la intervención, una camioneta de alta gama salió de la vivienda y fue detenida tres cuadras después. “Este vehículo salió de la casa y se produjo una persecución y a 10 cuadras se produjo la detención de la persona que estaba al mando, que es esposa del hombre. Se presume que éste descendió en medio en algún punto y emprendió la fuga”, puntualizó.
Leé también: Se mantiene un ambiente cálido y húmedo con precipitaciones dispersas