El senador Natalicio Chase aclaró los alcances del proyecto de ley “de la función pública y la carrera del servicio civil”, cuyo tratamiento está previsto para este miércoles en sesión ordinaria de la Cámara Alta. El líder de la bancada de Honor Colorado afirmó que se harán las correcciones de modo a despejar todas las dudas de los sectores.

“Los servicios básicos deben estar garantizados y tienen todo el derecho a la huelga. La ley dice que lo único requerido es garantizar esos servicios, no está prohibida la huelga”, aseveró Chase en contacto con “12/8″ emitido por GEN/Nación Media, donde respondió a las inquietudes de Julio López, sindicalista de la Confederación de la Clase Trabajadora.

En este sentido, Chase indicó que el artículo N.° 47 de la iniciativa contempla que se considera como servicios públicos imprescindibles a todos aquellos cuya interrupción total o parcial a la comunidad pongan en peligro la vida, salud, seguridad, comunicación y movilidad de las personas. Entre los cuales se encuentran la atención hospitalaria, producción y distribución de agua potable, energía, combustibles entre otros.

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“La huelga va a poder realizarse, pero garantizando a la ciudadanía los servicios esenciales. No podemos someterle a la ciudadanía a una huelga general donde se corten los servicios básicos, imagínense a Asunción sin agua o energía por 48 horas”, expresó el senador.

Asimismo, puso como ejemplo a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), que cuenta con alrededor de 2.300 funcionarios. Chase indicó que para la producción y distribución de agua potable solo se necesitan de 322 trabajadores, el resto, corresponde a funcionarios administrativos y de cuadrilla no esenciales que podrían llevar adelante sin inconvenientes una huelga.

“Se ha tenido cuidado en todo eso, no legislamos de mala fe y si hace falta alguna palabra, alguna coma para que se queden tranquilos, vamos a hacer las correcciones necesarias en el Senado para que vuelva en Diputados. Creo que debemos garantizar los servicios básicos”, ratificó ante el sindicalista.

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El Ministerio de Justicia informó en la mañana de este martes que varios operativos se desarrollan en penitenciarías del país para el traslado de personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Las mismas son llevadas al penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

Los trasladados se dan de las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien señaló que un total de trece personas son llevadas a la penitenciaría ubicada en Alto Paraná.

“Estos perfiles son altos perfiles, considerados de alta peligrosidad pertenecientes a organizaciones criminales internacionales, entonces con base en la inteligencia recabada se tomó la decisión a nivel superior de realizar el traslado”, explicó el secretario de Estado en conversación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

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En la misma tesitura, mencionó que el operativo se dio de manera exitosa y sin incidentes. Destacó que este tipo de trabajos requiere de una importante planificación y por sobre todo la colaboración de fuerzas del orden como la Policía Nacional y el Ejército que son los que acompañan el traslado desde la extracción de las personas privadas de libertad de sus celdas originales hasta que sean ubicadas en sus nuevos módulos.

Respecto a la reacción de los demás reos ante estos cambios, teniendo en cuenta que muchos de los trasladados son líderes o cabezas de grupos internos de las penitenciarias, Nicora manifestó que en muchas ocasiones se quieren dar disturbios y los mismos también son contenidos y disipados con ayuda del equipo interdisciplinario que trabaja en el traslado.

Respecto a la ocupación del penal de máxima seguridad de Minga Guazú, el secretario de Estado señaló que hasta el momento se encuentra en un 72 %, contando aún con espacio en especial en los módulos de alta seguridad, los cuales cumplen a su vez con indicaciones y características diferentes al resto de la estructura edilicia.

“Minga Guazú tiene un nivel de equipamiento importante y una infraestructura también acorde a lo que buscamos y denominamos como nueva gestión penitenciaria que nos permite justamente separar y clasificar los perfiles de las personas privadas de libertad, y tenemos nuestros módulos de alta peligrosidad”, explicó el titular de la cartera de Justicia.

La lista de las personas privadas de su libertad que fueron trasladas desde los diferentes centros penitenciarios está compuesta por Óscar Quiñónez Insfrán, Sergio Darío Arzamendia González, Richard Dario Benítez Pereira, Alberto Rafael Aquino Sanabria y Fernando José Aquino Salinas, todos de la penitenciaría de Ciudad del Este.

Desde la penitenciaria de Encarnación fueron trasladados Jesús Ariel Romero Bolivar, Ariel Benítez, Edelberto Ramón González Lena y Andrés Núñez Silva, mientras que desde el penal de Pedro Juan fueron trasladados Mauricio Gayoso, Denis Daniel Olmedo Lomardi y Marco Antonio Flores Esquivel.

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Este lunes, un grupo de exagentes penitenciarios sigue apostado frente a la sede del Ministerio de Justicia en Asunción y suma siete días de huelga de hambre. Los trabajadores de distintos centros de reclusión exigen ser recontratados, alegan que tienen antigüedad y afirman que fueron despedidos injustificadamente.

Se trata de unas cinco personas que están apostados frente al edificio de la cartera estatal e iniciaron una huelga de hambre el pasado 4 de noviembre, para exigir el cumplimiento de la promesa hecha por las autoridades. Desde hace tres meses, estos trabajadores esperan ser contratados nuevamente, algunos incluso se encadenaron como medida de fuerza.

“Cada 15 días estábamos viniendo con la promesa de que nos volverían a contratarnos, pero hasta la fecha no cumplieron con nosotros. Sin embargo, siguen contratando personal que no tiene experiencia”, manifestó Víctor Colmán, exfuncionario penitenciario, en entrevista con C9N.

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Explicó que incluso participaron de un curso de capacitación, en el que sumaron puntajes a su experiencia y que es injusto que personal que no tiene la misma preparación sea contratado. “Nosotros queremos volver a trabajar, que nos devuelvan nuestros trabajos como prometieron”, aseguró Colmán.

Por su parte, Rodrigo Domínguez, que prestaba servicio en el penal de Coronel Oviedo, resaltó que desde hace siete días están haciendo huelga de hambre. “No despidieron injustificadamente, hubo un concurso y no dejaron de lado. Supuestamente no alcanzamos puntaje, yo tengo cuatro años de antigüedad y no puede que otros sin experiencia entren”, refirió.

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Durante el lanzamiento del programa de reinserción, “Libre tras las rejas”, el cual es llevado adelante en conjunto con la asociación Vuelve a Soñar, que nuclea a las iglesias cristianas, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, reafirmó su compromiso con el cambio del modelo sistema penitenciario apuntando a la reinserción y el control de los reclusos de alto perfil.

“Desde el operativo Veneratio, que se realizó el 18 de diciembre de 2023, nunca más retrocedimos en lo que concebimos como nuevo modelo de gestión penitenciaria”, expresó Nicora, quien hizo énfasis en la necesidad de otorgar oportunidades a las personas privadas de libertad de modo a lograr su reinserción a la sociedad y así evitar que cometan nuevos actos delictivos.

Asimismo, aclaró que si bien el objetivo principal es la reinserción, también está contemplado ser “firmes y duros” con aquellas personas que no quieren “reencausar” sus vidas. Para estos casos, están destinados los penales de máxima seguridad que fueron habilitados durante este periodo, donde guardan reclusión miembros del crimen organizado y otros reclusos con alto perfil de peligrosidad.

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“Ese fue un mensaje muy fuerte al interior de la población penitenciaria. Hoy día aquellas personas que están en el crimen organizado saben que nosotros no vamos a claudicar y seremos firmes a la hora de disponer la reclusión en estos lugares si es que siguen buscando hacer lo que hicieron durante décadas, afectando a la seguridad ciudadana”, manifestó.

El titular de cartera señaló que lo que buscan es un nuevo modelo organizado, transparente, que asegure el bienestar de las personas privadas de libertad. “El viejo modelo está perimido, está comprobado que no trajo resultado positivo alguno en las últimas cuatro décadas”, refirió y añadió que se están reforzando los programas de reinserción, mediante los cuales se brinda trabajo y capacitación y de la que forman parte al menos 10 empresas del sector privado.

Cabe señalar que el programa “Libre tras las rejas” tiene como misión ofrecer una transformación a personas privadas de libertad, a través de iniciativas que incluyen atención médica, actividades recreativas, apoyo espiritual y donaciones. No solo se enfoque en la entrega de alimentos, sino también transmitir un mensaje de esperanza y transformación”, según explicaron durante el lanzamiento.

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