El impacto de la Universidad Central del Paraguay va más allá de las aulas. Con tecnología de punta y un ecosistema de aprendizaje innovador, esta casa de altos estudios dinamiza la economía local, atrae inversiones y forja a profesionales de altísimo rendimiento en un entorno de calidad y competitividad global.

En el corazón de América del Sur, Paraguay es­cribe una nueva historia en edu­cación superior, y la Universidad Central (UCP) es una de sus más fuertes protago­nistas. Hoy con sedes en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, con tecnología de punta, un cuerpo docente de primer nivel y un ecosiste­ma educativo diseñado para la excelencia tanto en su formato pre­sencial como online, esta institución se convirtió en un imán para estudiantes internacionales, especial­mente brasileños, que buscan formación de calidad a costos convenientes.

Consciente de su compromiso con la sociedad, la UCP apostó por la innovación como su sello distin­tivo. Su infraestructura cuenta con laboratorios de última generación, aulas interactivas y plataformas de aprendizaje digital que permiten a los estudian­tes acceder a contenido educativo de alta calidad en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Además, su hospital universitario habilitado en abril del 2024 y sus clínicas de simulación de alta complejidad garantizan experiencias prácticas inigualables, preparando a los futuros profesiona­les con herramientas de clase mundial. “Estamos haciendo más de 100 mil atenciones médicas gratui­tas, entregamos medicamentos, y a la par hacemos extensión universitaria en todo el país”, contó el Ing. Luis López Lafuente, vicerrector académico de Plani­ficación e Innovación de la casa de altos estudios.

Paraguay, destino académico. Con más de 50.000 estudiantes extranjeros, en su mayoría brasileños, en Paraguay las universidades lograron convertir­se en un motor de desarrollo regional, generando oportunidades económicas y fortaleciendo la imagen país.

Pero, ¿qué hace que la UCP sea tan atractiva para estudiar una carrera tan compleja como Medicina en Paraguay? Al respecto, el vicerrector destacó los aspectos más relevantes que hacen que esta ofer­ta académica sea única, 1) Precios competitivos: Matrículas accesibles y un costo de vida atractivo; 2) Calidad académica: Con un 54% de éxito en la reva­lidación de títulos en Brasil, por parte de estudiantes formados en Paraguay, la formación recibida y las prácticas realizadas en centros asistenciales del país, así como en las clínicas y el propio hospital de la uni­versidad cumplen con los estándares más exigentes. 3) Red de oportunidades: Alianzas con instituciones globales y acceso a mercados laborales altamente demandantes. 4) Ambiente acogedor: Los estudian­tes valoran el excelente trato y la hospitalidad del pueblo paraguayo, lo que facilita su adaptación y bienestar durante su estancia académica de 6 años.

Además de esta carrera presencial, la casa de es­tudios ofrece otras que se realizan en formato online como: Licenciatura en Ciencias Económicas, Inge­niería comercial, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Administración Pública, Derecho, Ingeniería en Marketing, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Contabilidad, Licenciatura en Co­mercio Internacional. A estas se suman los posgra­dos en Master Business Administration, Maestría en Educación, Maestría en Gestión Pública y Gobierno, entre otros.

Impacto económico y proyección internacional. El crecimiento de la cantidad de estudiantes extran­jeros no solo dinamiza el sector educativo, señaló el vicerrector, sino que también ha servido para impul­sar la economía local.

Y es que cada alumno genera un promedio de 1.200 dólares mensuales en gastos, contribuyen­do con más de 700 millones de dólares anuales al país. Considerando que muchos de ellos llegan con familiares y amigos, este flujo de divisas impacta directamente en sectores como alquileres, comercio, gastronomía y servicios, creando un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo.

La consolidación de Paraguay como un “hub educativo” abre un abanico de oportunidades para inversionistas, reflexiona el vicerrector. Agrega que la combinación de estabilidad económica, talento humano en formación y una creciente demanda de educación superior de calidad hace de este sector un campo fértil para nuevas inversiones.

Para finalizar adelantó que están previendo una próxima expansión a los departamentos de Caaguazú y a Central. Además, dejó entrever que aspectos como la infraestructura, tecnología educativa, ex­pansión de campus y servicios complementarios son solo algunas de las áreas con un enorme potencial de crecimiento a las que se debe prestar atención.

• La UCP emplea a casi 1.000 personas, entre docentes y personal administrativo
• Segundo mejor lugar para trabajar en Paraguay según Great Place to Work® Paraguay
• USD 1.200 mensuales en promedio inyecta cada alumno al Paraguay
• USD 700 millones al año ingresa al país en divisas
• 75% se distribuye en las comunidades locales, dinamizando la economía regional a través de alquileres, compra de electrodomésticos, supermercado, restaurantes, farmacias, entre otros.
• +50.000 estudiantes extranjeros atraen Paraguay. Esto refleja reconocimiento internacional, aumento del turismo educativo, importante intercambio cultural y académico.
• Carreras presencial y online
• Sedes en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero
• En 2024 egresaron 1234 estudiantes de Medicina en la UCP
• 48 hospitales regionales reciben a alumnos de la UCP, para prácticas en todo el país
• 1.200 alumnos de la UCP están en internados en diferentes partes del país. 5% en las fronteras 95% esparcidos en más de 40 ciudades del Paraguay.

La deserción escolar es una problemática que intenta ser revertida mediante acciones que se desarrollan en seis departamentos del país. La falta de cedulación de los menores sigue siendo un escollo central. Además, la pobreza y la violencia intrafamiliar aparecen entre las barreras a ser derribadas para que los chicos vuelvan a la escuela y puedan tener un futuro mejor.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos Archivo / Gentileza

“Tenemos como meta llegar a unos 30.000 niños este año”, cuenta Sidney Vasconcelos, especialista en educación del Fondo de las Naciones Uni­das para la Infancia (Unicef).

Lo hace precisando los obje­tivos de ¡Vamos a la Escuela!, un programa al que define como “una iniciativa pionera contra la exclusión educa­tiva”, que se puso en marcha en febrero de 2023 tratando de revertir el cuadro de deser­ción escolar que se verifica en el país.

“La idea es regresar a las aulas a los niños que están fuera de la escuela y atender especialmente a los que están con riesgo de abandono”, pre­cisa comentando que desde 2021 “se trabaja en la iden­tificación de los perfiles y las barreras de la exclusión” con el apoyo de Unicef y la fun­dación Educación por Sobre Todo (Education Above All), de Catar.

“Queremos hacer llegar el mensaje de que la educación es un derecho, no se puede normalizar que los niños estén fuera de la educación y la gente tiene que saber que la escuela tiene las puertas abiertas para recibir a los niños. En cualquier momento del año se pueden ir y solicitar la matriculación de sus hijos, tengan o no cédula, esto es fundamental”, asevera.

Para ello apunta que es prio­ritario que las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) de cada localidad y el sistema de justicia colaboren en afirmar este derecho.

Si bien se esperan cifras pre­cisas para determinar cuán­tos niños están fuera de la escuela, se entiende, por el volumen, que el problema debe ser prioritario en la agenda estatal.

“No podría dar un estimativo porque estamos esperando los datos del censo de 2022″, dice cauteloso Vasconcelos. “Hacemos uso de un dato del Instituto Nacional de Esta­dística (INE). Tenemos que hay 10,6 % de los hogares del país con necesidades básicas insatisfechas, que nos ayuda a tener un panorama”, des­cribe.

Sin embargo, un informe con datos anteriores publicado por el Ministerio de Edu­cación y Ciencias (MEC) y el Unicef apuntaba en 2023 que uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años está fuera de la escuela, lo que constituye un uni­verso de aproximadamente 450.000 niñas, niños y ado­lescentes.

Atribuible a razones múlti­ples, la pobreza aparece como el motivo central de la situa­ción. A renglón seguido está la ausencia de programas de asistencia económica e inte­gral que ayuden a la perma­nencia y una baja valoración de la importancia de la edu­cación en los sectores menos favorecidos de la población.

Para revertir la situación, Vas­concelos apunta que ¡Vamos a la Escuela! vino haciendo “acciones sociocomunita­rias y de fortalecimiento en seis departamentos y 28 dis­tritos del país, con lo que asis­timos a más de 23.000 niños, esperando llegar a mediados de este año a 30.000″.

“Lo hacemos apoyando a las comunidades para que pue­dan priorizar el acceso de los niños mediante un proceso de sensibilización y de llegada de información a familias, comunidad, líderes comu­nitarios buscando derribar barreras”, describe recor­dando que la tarea se da en Alto Paraná, Caaguazú, Cen­tral, Concepción, Itapúa y San Pedro.

Si bien el programa no tiene un apoyo económico directo, se trabaja para derivar las familias vulnerables a “pro­yectos sociales existentes por medio de la vinculación entre escuela y el programa Tekoporã para facilitar que familias que no habían acce­dido puedan tener las trans­ferencias porque la pobreza es la principal barrera que identificamos”.

Describe entonces los altos costos complementarios que se dan con la necesidad de “compra de uniformes, el transporte, la alimentación, que hacen que no puedan priorizar la educación de los hijos, principalmente en la primera infancia y la adoles­cencia a partir de los 15 años”, comenta.

Las distancias son otro punto clave en el interior, así como la violencia intrafamiliar, que según expone “requiere de un apoyo a la prevención de violencia, con otros pro­gramas sociales de actuar interinstitucional para que los niños que estamos iden­tificando puedan ser atendi­dos”, señala.

Los niños, niñas y adoles­centes con discapacidad requieren una atención especial, ya que al menos el 10 % del total de la franja etaria está en esa situación. La falta de acceso a servicios y de diagnóstico profesio­nal, limitados entornos de aprendizaje y pedagogías no centradas en el estudiante son algunas de las barreras que contribuyen a la exclu­sión.

Como parte de las activida­des de apoyo, el programa entregó mil computadoras en 175 escuelas “porque si bien sabemos que cada niño aprende a su manera, a su tiempo, el acceso a los recur­sos digitales de aprendizaje es fundamental en este tiempo histórico”, describe Vascon­celos. Lo hace comentando que la tarea fue complemen­tar las instalaciones que ya había hecho el MEC sumando equipos para que los niños puedan acceder a lo digital.

“Una urgencia que tenemos es que los niños aprendan y para ello tenemos que tener a los niños en la escuela”, razona. Los déficits de la enseñanza son otro tema preocupante. “En tercer grado, la mitad de los chicos no podían leer un simple texto antes de la pandemia del coronavirus, así que tenemos que tra­bajar el fortalecimiento de las competencias básicas en lectoescritura y matemá­ticas porque caso contra­rio vamos a estar alimen­tando la reproducción de la pobreza”, señala.

En este sentido, a través del proyecto fueron evaluados más de 50.000 estudiantes del primer, segundo y tercer ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) e identificaron que más de la mitad requiere de un apoyo pedagógico.

Para ayudar en esta tarea, apunta que llegarán a unas 300 escuelas este año. “Bus­cando que los niños se man­tengan en la escuela tenemos 800 nuevos docentes forma­dos, 125 equipos de gestión y deseamos encarar una cam­paña masiva de matricula­ción escolar para que desde cada distrito se pueda vigilar la permanencia de los chicos en las escuelas”, concluye.

La cedulación de los niños sigue siendo un problema importante. “Desafortunada­mente, el sistema tiene barreras adminis­trativas porque no disponer de una cédula de identidad no puede ser un impedimento para que un niño se matricule”, recuerda Vasconcelos.

Reportes de la agencia internacional de 2016 daban cuenta de que “por lo menos un 12 % de los niños no tenían acceso a la cedulación. Esperamos que la situación haya cambiado, en breve tendremos datos actualizados del censo de 2022, pero sabemos que el problema está allí”, dice. “Lo vimos en zonas rurales y en el casco urbano que hay familias ente­ras sin acceso a la cedulación y una persona sin acceso a documentos tiene las puertas cerradas a los derechos”, apunta.

A pesar de ello, insiste en que “la ley dice que sin documento se puede formalizar la matrícula. Así que estamos entrenando a docentes y al entorno educativo para apoyar a la familia para que se pueda inscribir a los niños. Con buen asesoramiento podremos lograr que muchas familias puedan garan­tizar la matrícula de su hijo”, señala.

Representantes del proyecto ¡Vamos a la Escuela! visitaron más de 6.000 hogares durante la campaña con el obje­tivo de identificar a niños y niñas que no asistían a clases y lograr su vuelta a las aulas.

Además, de acuerdo al currículo nacional, el proyecto evaluó a más de 50.000 estudiantes en las competencias funda­mentales de comunica­ción y matemáticas, capa­citó a 1.200 docentes en prácticas innovadoras e inclusivas de enseñanza y aprendizaje, así como logró que 175 institucio­nes educativas imple­menten estrategias para hacer frente a la exclusión educativa.

Asimismo, más de 500 voluntarios apoyaron el proyecto participando de actividades pedagógicas y comunitarias, dedi­cando su tiempo, conoci­mientos y esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de miles de niños y niñas.

Para junio de 2025, el objetivo del proyecto es que 30.000 niños y niñas sean beneficiados de manera directa, por medio de las acciones de ámbito sociopedagó­gico, en los departamen­tos seleccionados.

A nivel local, el proyecto ¡Vamos a la Escuela! cuenta con el apoyo de la Fundación Alda y Global Infancia, que implemen­tan acciones para apoyar la identificación, matri­culación, permanencia y el aprendizaje de niños y niñas en el Paraguay.

• Por Fabio Franco
• Psicólogo comunitario - Docente universitario
• Vicepresidente de la Federación Juntos por la Inclusión

El Estado paraguayo, en diciembre de 2013, promulgó la Ley 5136/13 de Educación Inclusiva, la que establece acciones para crear un modelo de educación inclusiva. En la misma, define a la educación inclusiva como un proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación del alumnado en todas las instituciones del sistema educativo nacional.

¿Qué debemos tener en cuenta para saber si hemos avanzado?

Primero, el ingreso. Para ello, es importante acudir a los datos para dimensionar la magnitud del desafío. Según el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay, la tasa de analfabetismo en la población con discapacidad es del 43 %. “Se estima que solo el 36 % de las personas con discapacidad que tienen entre 6 y 18 años de edad asisten a algún establecimiento escolar. La condición de discapacidad constituye un importante factor de exclusión del sistema educativo, a saber: el 83 % de la población discapacitada no ha superado seis años de la educación escolar básica, y solo 8 % de la población ha realizado algunos años de estudios secundarios y una muy reducida cúspide del 2 % ha logrado estudios superiores”. (Plan Nacional de Desarrollo, 2014).

Es decir, como país, nos enfrentamos a un problema estructural que no se resuelve de manera aislada con la matriculación, se deben generar las condiciones materiales de accesibilidad (en los medios de transporte, en la comunicación, en la infraestructura, en la metodología de enseñanza-aprendizaje, el/las estrategias de participación, etc.) en las comunidades para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación. Según Unicef (2023), la educación inclusiva para todas las personas con discapacidad aún no se cumple en su totalidad y las niñas, niños y adolescentes con discapacidad aún siguen invisibilizados.

Lo segundo, pensar en la calidad de la educación de los que “logran” ingresar a un sistema educativo formal. Es decir, la presencia. En este sentido, el documento de “Lineamientos para un sistema de educación inclusivo en el Paraguay” de 2018 plantea el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) como enfoque y metodología concreta para la participación, el aprendizaje y el éxito de alumnas y alumnos. Con el DUA, cuya base es la neurociencia, los profesionales de la educación pueden diseñar entornos accesibles para el grupo de estudiantes. Entre sus fundamentos, se plantea que:

• No existe un modelo único de estudiante, hay que pensar en las diferencias.

• Todos los niños y niñas pueden aprender juntos, hay que pensar en modelos colaborativos y de aprendizaje entre pares.

• Las prácticas de enseñanza deben reconocer los diversos tipos de estudiantes, hay que pensar en sus fortalezas, intereses, necesidades y habilidades.

• No hay una única manera de aprender, hay que ser creativos y flexibles.

• La educación es para todos, las instituciones educativas no deben ni pueden rechazar a las personas.

A estos fundamentos, se suman los principios, que son tres: los medios de representación, los de acción y expresión; y los de compromiso. Estos tres medios sirven para el desarrollo de las clases; ¿cómo?:

• Proporcionando múltiples medios de representación, como fotos, dibujos, objetos, palabras, audios, etc.

• Proporcionar múltiples medios de expresión, como las diferentes maneras en que los estudiantes pueden expresar lo que aprenden, con música, con redacción, con mapas conceptuales, etc.

• Proporcionar múltiples medios de compromiso, lo que implica la motivación y lo significativo de la experiencia y contenido del aprendizaje para los estudiantes, como temas de relevancia personal o grupal, objetivos, metas, etc.

Si bien existen estos delineamientos, es común observar en la práctica concreta de las escuelas y colegios que el DUA es una simple expresión de deseo, lo que supone que aún persiste la idea de que es el estudiante el que debe cambiar para adaptarse al aula y no el sistema educativo el que debe generar condiciones para que el estudiante aprenda y desarrolle su potencial.

La fórmula implementada es: niño, niña o adolescente con discapacidad es igual a docente de apoyo y ajustes razonables, esto último con “mucho viento a favor”, lo que significa una mala comprensión de la inclusión como concepto y la educación inclusiva como ley. La inclusión no supone de antemano que la persona con discapacidad necesite de algún apoyo o asistencia todo el tiempo y en todo momento. Esto es un error común en el que caen muchas instituciones, lo que no se plantea cambios profundos que se deben dar en toda la comunidad educativa, como dirían Echeita, Boot y Ainscow (2002; 2011; 2015), la inclusión es un proceso de cambio en la cultura, en la política y en la práctica.

Lo tercero, el éxito académico. No sirve de nada ingresar al sistema educativo regular y que el sistema no contemple el proyecto de vida de los estudiantes, sus contextos y la realidad social. La escuela no solo debe servir para sumar y restar. Debe contribuir a construir ese horizonte llamado convivencia democrática, libertad y dignidad.

En el año 2012, la entonces Dirección General de Estadísticas y Censo (hoy Instituto Nacional de Estadística) ha referido que el promedio de años de estudio de la población en general es de 9,3. Mientras que el de la población con discapacidad es de 5,6 años. Lo que supone una brecha que retrata la exclusión en el sistema educativo. En este contexto, ¿es posible pensar en la formación universitaria y la inclusión laboral para las personas con discapacidad? La respuesta pareciera ser acotada a un privilegio y no a un derecho.

Velázquez Moreira (2020) indica sobre los retos de la educación inclusiva en el Paraguay que: mientras se sostiene un discurso holístico y de integralidad, suceden –en la práctica– estrategias fragmentadas (conversión de escuelas especiales a centros de apoyo), acciones puntuales (capacitación de docentes), medidas reduccionistas (la educación como una acción que se restringe al aula) y una simplificación de la complejidad: las personas con discapacidad aluden a aspectos comunes, pero también a una heterogeneidad de situaciones que requieren estrategias diferenciadas a nivel de políticas, currículum y metodología, directivos y docentes, escuelas y participación de las comunidades.

En suma, aparentemente hemos avanzado en materia legislativa, en formación y algo de experiencia; sin embargo, la ansiada educación inclusiva plantea mucha más que un baladí cosmético de “cumplimiento”. Significa contar con comunidades educativas que no discriminan y que están dispuestas a aprender de manera colectiva, asumiendo que, si una escuela incorpora metodología a un alumno o alumna con discapacidad, además de garantizar un derecho, está proporcionando la posibilidad de desarrollar innovación pedagógica, convivencia basada en valores, contribuyendo con el desarrollo integral de las personas y promoviendo la calidad de vida familiar.