El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 aprobado por la Cámara de Diputados asciende a G. 132,9 billones, lo que representa unos USD 17.560 millones. Según explicó la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, el objetivo fue dar una inyección a las áreas sensibles.
“Tiene cuatro ejes principales que son educación, salud, seguridad y toda la parte social. Lo que hay que destacar es toda la inyección al Ministerio de Salud para el tema de asegurar todas las partidas presupuestarias para mantener el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y también las cargas horarias que beneficiarán a 1.000 médicos a partir de julio del año que viene”, detalló.
En contacto con Universo 970 AM-GEN/Nación Media, la legisladora detalló que también se destinarán recursos para el pago de bonificaciones por insalubridad para los hospitales de Acosta Ñu, de Trauma y el Incan, instituciones en las que desde hace tiempo se hace el reclamo por parte de los profesionales.
“Lo que se refiere a seguridad contemplamos la incorporación de nuevos policías, la compra de las tobilleras electrónicas. También el tema de educación, todo lo que es la merienda escolar, los salarios docentes para ir ajustando el escalafón docente”, señaló la parlamentaria de la bancada de Honor Colorado.
Asimismo, indicó que la deuda del Estado al Instituto de Previsión Social (IPS) que data de la pandemia no fue una cuestión abordada para el próximo plan de gastos. No obstante, indicó que se han iniciado conversaciones con el presidente de la previsional, el doctor Jorge Brítez, lo que podría ser el principio para saldar este compromiso pendiente. “Creo que es el comienzo de diálogos entre todas las bancadas para que de esta manera se puedan ir generando las posibilidades de que conozcamos mucho más la realidad del IPS”, sostuvo Villalba.
El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.
La Cámara de Diputados sancionó ayer martes en su sesión ordinaria el proyecto de ley que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción.
Este proyecto hace parte del pacto entre los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR) y fue impulsado con el objetivo de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado en materia de integridad y prevención, donde existe una disparidad de acuerdo al contralor.
La propuesta crea el Consejo Nacional Anticorrupción y dispone que los bienes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pasen a integrar la Contraloría General de la República (CGR). Este consejo estará conformado por integrantes de los tres poderes; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Congreso Nacional; el Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la Contraloría.
“La lucha contra la corrupción y la impunidad requiere el compromiso de todos, de los diferentes sectores. Eso es algo que se entendió con claridad y con base en eso se planteó un gran acuerdo, el compromiso de fortalecer las capacidades en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, al argumentar la iniciativa ante el pleno.