Ciudad del Este. Agencia Regional.

Tras el allanamiento realizado ayer al Hogar Nuestra Señora de Caacupé, la fiscal Vivian Coronel analiza una posible imputación por maltrato a algunos de los niños y adolescentes bajo tutela y que estuvieron albergados en dicho sitio de acogida.

La agente fiscal señaló que existen elementos suficientes de sospechas, pero siguen las diligencias porque fueron halladas varias evidencias que inhabilitan al lugar como hogar para el cuidado de niños y adolescentes. Mencionó que encontraron carteles con escritos bastantes llamativos que evidencian el tipo de maltrato que existe en el lugar. Para la funcionaria fiscal, están ante un caso mucho más complejo y con varias aristas posibles de investigación.

La estructura en la que funciona el hogar para niños bajo tutela judicial es como una casa convencional que se encontraba con falta de aseo, habitaciones desordenadas y ni un botiquín de auxilio en toda la casa.

Tampoco fueron encontrados elementos para rápido auxilio ante riesgos de incendio o de otras necesidades de emergencia, que forman parte de los requisitos para el funcionamiento de un hogar infantil, según la agente del Ministerio Público. Vivian Coronel dijo que el Ministerio de la Niñez tendrá que informar sobre la habilitación del citado hogar.

Son 23 niños, niñas y adolescentes que estaban en el Hogar Nuestra Señora de Caacupé. La más joven es una niña de un año y la mayor cumplió 18 años el pasado 16 de mayo. Las religiosas usan la vestimenta habitual de otras congregaciones, según la fiscal Vivian Coronel.

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De los 23 niños, 15 fueron llevados al hogar por disposición judicial con intervención de las defensorías públicas, mientras que los demás estaban allí por decisión de los padres, porque el hogar funcionaba como una guardería aparentemente, según la agente fiscal, quien sostuvo que todavía aguarda informes para confirmar o descartar algunos elementos.

El hogar infantil, ubicado en el km 14 Acaray, está a cargo de unas religiosas que dicen ser de la comunidad Hijas de Nuestra Señora de Caacupé, pertenecientes a la Iglesia católica. Sin embargo, la Diócesis de Ciudad del Este informó que la citada comunidad fue suprimida de la institución católica local.

La defensora pública Gloria González informó que el 80% de los niños y adolescentes fueron derivados a otros centros de acogida habilitados por el Ministerio de la Niñez y se dio intervención a todos los demás defensores a cargo de los diferentes casos para ayudar a la derivación. En el caso de los que no contaban con autorización judicial, se está realizando el contacto con los familiares.

Una conclusión común de los intervinientes en el caso de referencia, tanto de la Fiscalía como de la Defensoría Pública, es que adolece la falta de por lo menos un hogar propio del Ministerio de la Niñez, que no cuenta con uno, para actuar en casos de emergencia como lo ocurrido esta vez en Minga Guazú, pero que se repite con frecuencia.

Todos los lugares de acogida existentes en Alto Paraná están al límite de su capacidad y no existe un solo espacio adecuado para responder ante las necesidades cada vez más demandantes, según la defensora Gloria González.

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