La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay reiteran su preocupación ante la denuncia pública de violencia sexual hacia un niño por parte de otros niños en un colegio privado de Lambaré.

Dichas organizaciones expresan su solidaridad con el niño y su familia, en tanto aguardan obtengan justicia y una reparación integral al pequeño. Al mismo tiempo exhortan a evitar la revictimización a instituciones del Estado y a los medios de comunicación. Así también a la ciudadanía solicitan respetar la intimidad de los afectados.

A través de un comunicado señalan que este no se trata de un caso aislado, como lo demuestran las sucesivas denuncias que se hicieron públicas con posterioridad e igualmente remarcan que solo en 2021 se registraron 2.847 denuncias de abuso sexual hacia la niñez en la Fiscalía.

“Paraguay tiene un acumulado de 28.946 causas de abuso sexual en niñas y niños de 0 a 13 años, entre los años 2013 y 2020, según datos del Ministerio Público. Las instituciones estatales y sobre todo las instituciones educativas, deben ser espacios de protección y seguridad para las y los estudiantes”, dice parte del texto.

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Indican que desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se establecieron mecanismos para abordar la vulneración de derechos sexuales y reproductivos en el ámbito educativo. Sin embargo, a diario se visibiliza que niños y adolescentes conviven con casos de violencia en los ámbitos familiar, educativo y comunitario.

Ambas organizaciones sostienen que es urgente la elaboración de una política pública de Educación Integral de la Sexualidad (EIS), truncada desde 2011, y exigimos avances decididos para su implementación ya que enseña a cuidarse y a no dañar a las demás personas. Aseguran que su ausencia de la misma expone a niños y adolescentes a diferentes formas de abuso, violencia sexual y discriminación.

Consideran importante brindar mayor formación a los equipos docentes, técnicos y directivos del sistema educativo para lograr un efectivo abordaje integral de esta temática con las y los estudiantes, sus familias y comunidades. Exigen a las autoridades pertinentes una atención y una eficaz respuesta sobre la denuncia formulada. “Además, exigimos garantías de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los espacios escolares desde un enfoque de prevención”, finaliza el texto.

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