El colegio privado de Lambaré donde se registró un hecho de abuso sexual infantil en abril pasado vuelve a ser noticia debido a una confrontación entre padres de familia y la institución educativa. Esto, luego de que la institución notificara a padres de cinco alumnos que debido a “actitudes violentas” no volverá a matricular a sus hijos.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) asegura que a ningún niño se le puede coartar el derecho a la educación, así como tampoco ninguna institución educativa, sea privada, privada-subvencionada o pública, puede tener normativas que estén por encima de la ley general de educación, ni las leyes emanadas del Estado, ya que el MEC es el ente rector de la educación en el país.

“Realmente es un hecho lamentable el que se está registrando en nuestro país; además, en una institución educativa. Esta situación debe ser estudiada, analizada en todos los sentidos, porque tenemos familias que se están enfrentando por situaciones particulares”, indicó Zulma Morales, directora de Desarrollo Educativo del MEC, en contacto con “Show de noticias” de GEN-Nación Media.

Morales lamentó que la discusión se dé entre las propias familias de la institución educativa y que la situación finalmente repercuta en la matriculación de los alumnos. Aseguró que la institución educativa no puede tomar la decisión de desmatricular a estudiantes pequeños, cuyos comportamientos no son la causa de la expulsión.

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“La Justicia tiene que determinar cuáles son los canales a seguir, como también el Ministerio de Educación y Ciencias, que es el ente rector del sistema educativo a nivel nacional y ninguna institución puede tener normativas o algún tipo de contrato con las familias que sobrepasan las leyes que están establecidas por el Estado, como también así por el ente rector”, indicó Morales.

La ley general de educación ampara y garantiza el derecho constitucional de todos los niños del país de acceder a la educación. Es importante recordar que la institución tiene una investigación abierta sobre el hecho de abuso sexual, se está desarrollando un procedimiento donde existe un periodo de monitoreo y seguimiento a las acciones que se han planteado en el plan de mejora que se ha presentado dentro de la intervención.

“Este pedido de atención de las familias que fueron notificadas, de que no podrán dar continuidad al servicio educativo en el año 2023 por cuestiones netamente de adultos, será atendido por el MEC, en respaldo al desarrollo integral de nuestros estudiantes. Vamos a trabajar con estas familias y vamos a trabajar también con la institución educativa, debemos garantizar este derecho de los niños”, insistió.

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La directora de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Zulma Morales, explicó ayer domingo que hasta el momento son cinco las familias afectadas por la desmatriculación en un colegio privado de Lambaré, donde un niño habría sido víctima de abuso sexual. Destacó que a fin de año se podría tomar una decisión contra la institución.

“En el marco de este seguimiento y monitoreo que estamos realizando a la institución, esto es un punto importante y a fin de año el señor ministro tendrá la potestad de accionar según crea conforme de acuerdo a las leyes. La institución educativa sigue dentro de un monitoreo”, dijo la directora en comunicación con la radio 1020 AM.

GARANTIZAR PROTECCIÓN DE LOS ALUMNOS

Sostuvo que el MEC debe garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos y generar un estado de protección para ellos y recordó que ninguna situación puede estar por encima de un derecho constitucional, como el acceso a la educación.

Morales mencionó que continúa el plan de mejora que se estableció desde la primera intervención que va hasta el mes de diciembre. También se remitió una nota de carácter urgente a la institución educativa, solicitando un informe en el pedido de los casos de desmatriculación de los niños, que se habría dado supuestamente como represalia por las denuncias de abuso sexual.

“El martes tenemos una mesa de diálogo con los padres afectados, donde vamos a estar conversando con ellos sobre el contrato que firman con la institución educativa. Por más internacional que sea no puede sobrepasar a las leyes nacionales y las normativas vigentes del ente rector, que es el MEC”, agregó la directora.

REPRESALIA

Mediante un correo electrónico dirigido a algunos padres, el colegio privado de Lambaré notificó la decisión de no renovar la matrícula a algunos estudiantes para el año lectivo 2023. Los padres consideran como una clara represalia contra las manifestaciones realizas por un presunto caso de abuso sexual a un niño en la institución.

Padres de un colegio privado de la ciudad de Lambaré, donde un niño habría sido víctima de abuso sexual, denuncian represalias tras lo sucedido y las manifestaciones realizadas exigiendo que se esclarezcan los hechos y mayor seguridad a los alumnos.

Mediante un correo electrónico dirigido a algunos padres, el colegio notificó la decisión de no renovar la matrícula a algunos estudiantes, coincidentemente meses después de las denuncias de presunto abuso sexual y los reclamos por mejores condiciones para los chicos en cuestiones de seguridad.

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“Lamentamos comunicarles que el colegio ha decidido no renovarles la matrícula para el curso lectivo 2023 debido a las conductas de agresividad e irrespeto mostradas hacia el colegio y algunos de sus funcionarios y autoridades durante este periodo lectivo”, reza parte del correo enviado por la institución educativa a algunos padres.

La institución educativa alega también que está notificando con tiempo a los padres la decisión tomada de no renovar algunas matrículas “para que puedan considerar otras alternativas educativas”, recordando que el colegio tiene la facultad de no conceder la matrícula cuando hay una conducta contraria a las disposiciones establecidas.

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Tras conocerse la decisión del colegio, algunos padres están analizando la posibilidad de llevar a instancias judiciales el caso. Varios alumnos serían los afectados por la represalia tomada por la institución educativa, e incluso el correo electrónico enviado está firmado por la nueva directora.

La Fiscalía imputó a la directora del colegio privado de Lambaré y otras dos docentes en el marco de la investigación por presunto abuso sexual a un niño de seis años de edad. Un adolescente habría sido el presunto autor, en complicidad de otros dos menores de la misma edad.

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Teresa Cardozo, jueza de la Niñez y Adolescencia de Lambaré, habló ayer sobre la identificación de los supuestos autores del caso de abuso en el colegio privado de Lambaré y confirmó que tiene una lista, pero toda la información es privada.

“Realmente, ellos (la Fiscalía) remitieron una lista, solo que yo quiero manifestar que toda esta cuestión es de carácter reservado, pero las cuestiones procesales en general sí se pueden comentar”, empezó contando en comunicación con la 780 AM. Así también, la jueza refirió que identificaron a cuatro menores, pero que son inimputables.

“El otro artículo, el de la comprobación de la edad, ahí dice que cuando se comprueba que el presunto tiene menos de 14 años, las actuaciones serán remitidas a la Codeni. A mí me llegó una lista de presuntos, pero yo no soy la que tengo que determinar. Esta nómina la tengo porque se considera que se puede encontrar en un estado de vulnerabilidad, porque esa es mi función, determinar y darle protección, que va acorde a mi función”, resaltó.