Cuatro casas ubicadas en el barrio San Jorge de la ciudad de San Antonio fueron completamente consumidas por las llamas en cuestión de minutos, luego de que un incendio se iniciara en una de ellas. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales que lamentar.

Según el informe de los bomberos voluntarios que llegaron al lugar rápidamente tras ser llamados por los vecinos temerosos de que el fuego se extienda a más viviendas, la causa del incendio habría sido las conexiones clandestinas que provenían de electricidad a las casas y que habrían generado un cortocircuito.

Los mismos destacaron que tras el inicio de las llamas en la primera vivienda, las mismas se extendieron rápidamente hacia las demás debido a los fuertes vientos que se daban en ese horario de la mañana y por los acelerantes de madera y plástico que había en el sitio, ya que se trataría de una zona de recicladores.

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Una vez apagado el incendio, los voluntarios comenzaron con el enfriamiento de los restos que quedaron en el lugar y luego levantaron las chapas y maderas sobrantes, esto para evitar cualquier tipo de accidentes, teniendo en cuenta que es un barrio con una alta cantidad de niños.

Por su parte, el capitán de bomberos, César Giménez, quien lideró la intervención, dio algunas recomendaciones estando en conversación con el canal de noticias NPY, destacando la importancia de que la ciudadanía tenga cuidado con las instalaciones eléctricas y las mantenga en buen estado, debido a que las altas temperaturas también propician que estas fallen y generen cortocircuitos y finalmente principios de incendios o hasta incendios.

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En la mañana de este lunes se reportó un accidente con derivación fatal registrado en la intersección de la ruta PY01 y la calle 24 de junio del barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio. El fallecido es un joven que se encontraba al mando de un automóvil.

El comisario Gustavo Escobar destacó que cuando llegaron al sitio se encontraron con que el automóvil había impactado de frente contra una columna de la Ande y que el joven continuaba dentro del vehículo, ya que aparentemente quedó atrapado, pero ya estaba sin signos de vida.

“Nosotros estábamos por la zona cuando ocurrió el hecho, por eso la respuesta fue bastante rápida, pero lamentablemente el joven ya estaba sin signos de vida. Según los testigos, el mismo se desplazaba con dirección hacia la ciudad de Ypané cuando aparentemente pierde el control del vehículo y termina impactando de lleno contra la columna”, explicó al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media

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El comisario remarcó que el hecho tuvo varios testigos, ya que los mismos se encontraban en la zona esperando el transporte público; estos manifestaron que el automóvil circulaba a alta velocidad y que aparentemente en ese punto el conductor perdió el control del mismo y terminó impactando de lleno contra la columna y cartelería en el lugar.

El fallecido fue identificado como Fabrizio Gonzalo Gómez, de 20 años, quien fue reconocido por sus familiares y posteriormente se procedió al levantamiento del cuerpo para continuar con los trabajos de rigor en la zona afectada y conseguir el despeje de la intersección lo más rápido posible.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos