La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

Este martes, dos delincuentes ingresaron a un local comercial de Lambaré y con arma de fuego en mano intimaron a los dueños y trabajadores para entregar el dinero, producto de la recaudación del día. Antes de cometer el acto delictivo, los malvivientes obligaron a los empleados a ingresar a la cámara frigorífica y los encerraron en el lugar.

Según el reporte policial, el hecho se registró hoy martes, en una carnicería ubicada sobre la avenida Cacique Lambaré. Todo quedó registrado en imágenes de cámara de seguridad donde se puede ver que los delincuentes ingresaron fuertemente armados, uno de ellos con el casco puesto y otro con la cara descubierta.

Tras dar la voz de asalto, estos se dirigieron a la caja donde estaba la dueña del local y la intimaron para que entregue todo el dinero, que rondaría los G. 20 millones. Un cliente que estaba siendo atendido fue obligado a tirarse al piso y también los trabajadores que estaban realizando sus labores.

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“Les entregué todo lo que tenía, porque temía por la vida de los trabajadores y mi hijo que estaba también en el local. Llegaron justo cuando estaba contando la recaudación hasta el mediodía y se llevaron más de 20 millones”, detalló Evangelista Aguilera, en entrevista con C9N.

Aseguró que estos hombres fueron muy violentos y que uno de ellos le tenía cara conocida e incluso pensó que se trataba de una broma. “Entraron y metieron a todos los trabajadores en la cámara frigorífica. Me dejaron sola con el cliente que se había tirado al piso. Creí que el primero que entró era un cliente, me tenía cara conocida”, puntualizó.

Se presume que estas personas manejaban los movimientos del local y que ya habrían llegado al lugar haciéndose pasar por clientes, para obtener datos relevantes. “Llegaron media hora antes de que haga mi cierre. Luego ya hacía los pagos y el depósito”, apuntó la mujer.

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El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP

Con presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, el vicepresidente, Alberto Martínez Simón y el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, se realizó la habilitación de la nueva sede de los juzgados de la ciudad de Lambaré, Circunscripción Judicial de Central.

Dicha jurisdicción tenía anteriormente dos locales, una sobre Avenida Perón y la otra sobre Avenida Cacique Lambaré. Se realizó la unificación de ambas sedes a fin de brindar a los usuarios mejor acceso a los servicios.

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Participaron además del acto, los miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción de Central, encabezados por la magistrada María Teresa González de Daniel y otras autoridades del departamento Central.

El Colegio de Abogados de la Circunscripción judicial de Lambaré expresó vía comunicado su apoyo a la Corte Suprema de Justicia en la decisión de trasladar las sedes, considerando que esta medida fue necesaria para salvaguardar la seguridad e integridad física de los funcionarios y usuarios en general.

Asimismo, manifiestan que continuarán trabajando en coordinación con la máxima instancia judicial para lograr la tan anhelada sede propia que reúna todas las condiciones necesarias y adecuadas para el buen funcionamiento del sistema de justicia.

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