Una comitiva fiscal, acompañada por efectivos policiales del Departamento Antitrata de Personas y Delitos Conexos, allanó un local ubicado en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción, luego de recibir varias denuncias por coacción y explotación.

Según el reporte presentado por las autoridades, en el lugar no se encontraba ninguna persona en el momento de la intervención, pero no obstante, ya con la orden de allanamiento, se procedió al ingreso, encontrando una importante cantidad de evidencia relacionada con el caso investigado.

“Cuando llegamos al lugar no se encontraba nadie y estaba cerrado, el encargado del taller mecánico que se encuentra al lado nos comentó que el sitio permanecía cerrado ese día porque el propietario estaría enfermo; no obstante, cumplimos con la orden de allanamiento y efectivamente encontramos varios elementos que indican que el sitio funcionaba como un prostíbulo y se habla de una situación de explotación sexual”, indicó la fiscala Carina Sánchez en conversación con C9N.

El abogado Tarek Tuma, defensor del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, reafirmó que el caso Metrobús no puede atribuirse a su cliente, ya que la paralización de las obras se dio durante la administración de Mario Abdo Benítez y el entonces ministro de Obras, Arnoldo Wiens.

Tuma destacó que las obras del proyecto estaban respaldadas por el BID durante la administración de su cliente y que todos los actos del ministro Ramón Jiménez Gaona (su cliente) contaron con el aval de los organismos supervisores. “La decisión de detener y desmantelar la obra fue unilateral y carece de fundamento. Jiménez Gaona entregó el proyecto en un avance del 18 % sin objeciones, y bajo su gestión todo estuvo convalidado por el BID y otros entes competentes”, afirmó.

El abogado José González Maldonado, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.

González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías los pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.

Para este viernes, la Dirección de Meteorología prevé una jornada con mucha humedad, cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables. Es alta la posibilidad de que se presenten lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

En algunas áreas como en el Chaco, el cielo estará nublado y existe alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se anuncian temperaturas máximas de entre 28 °C y 32 °C, dependiendo de la región. El sábado será un día cálido a caluroso, persistirá el clima inestable en gran parte del país, con posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas.

El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) contra el lavado de activos, posteo un tuit en la red social X, donde manifiesta que la presentación ayer de los abogados del Banco Atlas no despejó dudas. El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.

Según Amarilla, los representantes legales del banco no lograron demostrar de manera contundente las diligencias realizadas para verificar la solvencia de Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez figura como firmante de un importante crédito en representación de BionBras Brasil, situación que, para la CBI, requiere una justificación detallada sobre las acciones emprendidas por el banco para evaluar la legitimidad de la operación.

Racing Club de Argentina clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2024 al imponerse al Corinthians brasileño por 2-1, en el partido desquite de las semifinales que se jugó anoche en el estadio Presidente Perón en Buenos Aires.

En un partido vibrante, Yuri Alberto (6) puso en ventaja al conjunto paulista, pero el colombiano Juan Fernando Quintero (35, de penal, y 39), figura de la noche, dio vuelta la cuenta para el equipo argentino. El paraguayo Ángel Romero disputó el lance desde los 68′ en filas del elenco paulista. En la final a jugarse el 23 de noviembre en el estadio la Nueva Olla de Cerro Porteño, en Asunción.

El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

Leé más: Elecciones presidenciales: Uruguay se prepara para una reñida segunda vuelta

La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

Te puede interesar: Detienen a “mulas” argentinas durante operativo internacional antidrogas

“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP

El Ministerio Público investiga el presunto rapto de una joven que se registró el jueves pasado a las 19:00 en la calle San Lorenzo casi ruta PY01 del barrio San Antonio de Itá (Central). Las cámaras captaron a un hombre armado que obliga a una mujer a subir a un vehículo, que luego fue encontrado con dos ocupantes, junto con drogas y una réplica de arma de fuego.

El aprehendido fue identificado como Juan Bautista Mármol Martínez, de 30 años, domiciliado en la compañía Calle Ybaté de Itá, quien refirió a la policía que la persona a quien le alzó en su rodado se trata de una tal Yessica Martínez, cuyos demás datos no precisa, quien le habría robado un teléfono, y que la supuestamente la dejó sobre la ruta PY01, en la rotonda del kilómetro 40, en el acceso a la loteadora Alturas de Itá.

Con el sujeto se encontraba Jacqueline Raquel Aguilera Franco, de 25 años, domiciliada en el barrio Sajonia de Asunción, quien tenía adherida en el tórax una media de niño con 12 moñitos de presunto crack envueltos en bolsitas de polietileno. Aparte de dos teléfonos incautados, en la cajuela del vehículo Toyota, marca, modelo Ractis, tipo Station Wagon, color gris; se encontraba un arma de aire comprimido de la marca Duty, modelo CZ75P-07, color negro.

Te puede interesar: Clima fresco a cálido para el fin de semana, con lluvias solo en el norte

“Nosotros justamente publicamos la foto queriendo encontrar a la chica porque el detalle que brindó la persona detenida dijo que el nombre era Jesica Martínez, pero nos saltan muchas ‘Yessica Martínez’ y nadie pudo reconocerla, ni pudimos vincular al número de cédula aún de la chica”, explicó la fiscal Viviana Llano a C9N.

“Primeramente dijo que la chica le había robado un celular y que él, en consecuencia, de querer recuperar el celular, abordó a la chica en el auto. Pero no cuadraba porque después manifestó que él sabía el nombre de la chica, que tenía luego antecedentes, al final le conocía muy bien a la chica”, agregó.

Leé también: Fiscalía se incautó de 15 mil kilos de productos frutihortícolas de un depósito de CDE

La fiscal dispuso la incautación del vehículo, el teléfono celular y que la Policía realice una revisión y en esa fiscalización se descubrió que su acompañante tenía en su poder varias dosis de crack. “Entonces, presumimos que es tema de drogas”, manifestó.

Con respecto a la identidad real de la mujer, la fiscal dijo que “hasta el momento no se puede precisar si son correctos los datos” proveídos por el detenido. “Por eso publicamos el video de la persona a fin de que la ciudadanía pueda brindarnos detalles y si le conoce que pueda llamar a la comisaría local para dar información”, puntualizó.