Tras lo ocurrido en el colegio de Lambaré, aparecen denuncias similares
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Luego del escándalo desatado en un colegio privado de Lambaré, donde saltó a la luz un caso de abuso sexual entre estudiantes de la misma institución educativa, a través de redes sociales saltan más denuncias similares, como casos de bullying e incluso actos de abuso sexual que quedaron impunes, sin la correspondiente sanción a los responsables.
En el caso sucedido en Lambaré, una directora y dos docentes están siendo procesadas por no haber actuado conforme a los protocolos de protección desde la primera situación que se dio en el colegio, que en principio fue acoso, para hoy convertirse, lamentablemente, en un hecho de abuso sexual.
Un padre, a través de redes sociales, específicamente Twitter, expuso que una adolescente de 15 años fue agredida por sus compañeros de salón también de un colegio privado, pero que la institución no tomó cartas en el asunto y la víctima sigue conviviendo con sus agresores, pese a las denuncias. Por lo que el hecho ocurrido en Lambaré no es un caso aislado, sino más bien algo que se está permitiendo en las instituciones educativas.
Algo similar también ocurrió en Alto Paraguay, donde una adolescente de 16 años, estudiante interna de un colegio internado católico, fue manoseada por un chofer; se hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía, pero el agresor continúa libre. Sus padres exigen justicia y que quede como precedente el castigo para que no se repita más este tipo de hechos contra los niños y adolescentes.
“Necesitamos castigos ejemplares en este tipo de hechos que marcan para toda la vida a nuestros niños y adolescentes, este hombre sigue libre, no tiene siquiera prisión preventiva mientras dura la investigación, queremos castigos duros para que ningún niño vuelva a pasar por esto y que los agresores piensen más de una vez para poner las manos encima de nuestros hijos, pero aquí las cosas quedan impunes lamentablemente”, manifestó la madre de la víctima.
Cámara Alta resuelve endurecer penas para casos de abuso sexual a menores
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La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.
La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.
La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.
“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.
“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.
En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.
Caso de niño acosador de 9 años sacude al sistema educativo en Croacia
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Alrededor de un millar de alumnos de una escuela primaria de Zagreb, la capital de Croacia, boicotearon las clases para protestar contra el regreso de un compañero acusado de acoso en un caso que sacude el sistema educativo del país. Medios croatas relatan desde hace meses la incapacidad de las autoridades para encontrar una solución al caso de un alumno de nueve años obligado a dejar su antigua escuela por las acusaciones de acoso de sus compañeros de clase.
El niño fue inscrito en otro centro a comienzos de octubre después de que sus excompañeros abandonaran la antigua escuela debido al acoso sufrido, según contaron los padres. Estos relataron “actos violentos de agresión física”, “amenazas”, “lenguaje ofensivo” y “acoso sexual”. Según los medios, diez alumnos de 16 pidieron ayuda psicológica.
Pero los padres de los alumnos de la nueva escuela también se rebelaron ante su llegada, de la que no habían sido informados. También acusaron al niño de comportamiento agresivo. Sus nuevos compañeros boicotearon las clases durante cinco días para reclamar su salida.
Tras una ausencia de varios días, el alumno retomó el curso el lunes, acompañado de un asistente, pero su regreso provocó la revuelta de todos los escolares del centro, que faltaron a clase el martes, según la televisión nacional HRT. Además, varios cientos de padres protestaron en la tarde frente a la escuela, dijeron los medios.
El director del centro, respaldado por los padres, dimitió el lunes por la noche, denunciando “presiones” sobre la escuela. “El problema que nos encontramos (es) el resultado de la incapacidad del sistema que achaca sus fallos y su ineficacia a las escuelas”, declaró un manifestante.
El ministro de Educación croata, Radovan Fuchs, apeló a los alumnos a volver a clase. “Garantizamos un desarrollo normal” del curso, dijo el ministro, quien describió el caso como “una historia muy triste”. Los padres, que anunciaron que mantendrán el boicot el miércoles, afirmaron que no protestan contra “el niño en cuestión, sino contra el sistema”.
El Vaticano presentó su primer informe sobre abusos en la Iglesia
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El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.
En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.
La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.
“Acceso a la verdad”
Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.
La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.
En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.
La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.
Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables acusados en casos de pedocriminalidad. Foto: AFP
Llamados a más transparencia
En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.
Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.
Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.
“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.
Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) registra cerca de 1.500 denuncias por casos de bullying o acoso escolar en instituciones educativas de nuestro país, señala el diario Hoy/Nación Media en su portal digital.
La directora de Protección de la Niñez y Adolescencia del MEC, Sonia Escauriza, habló sobre las preocupantes cifras de bullying que existen hoy en día y el trabajo realizado por la cartera educativa para contrarrestar esta situación.
En tal sentido, resaltó la importancia de actuar desde el primer momento en caso de recibir una denuncia de bullying o acoso escolar, a fin de evitar consecuencias más graves para las víctimas. “Nos están llegando varios casos de violencia que forman parte de lo que es acoso escolar”, confirmó en entrevista con el canal C9N.
En ese sentido, remarcó que desde el 2012 se encuentra vigente un protocolo especial para esta clase de escenarios, el cual rige para todas las instituciones educativas a nivel país. “Los docentes deben saber cómo actuar”, añadió.
TRABAJO DE PREVENCIÓN
Escauriza recordó que el MEC trabaja para prevenir el bullying brindando continuas charlas a autoridades educativas, maestros y alumnos, ya que los estudiantes también deben saber sus derechos y cómo actuar si sufren agresiones, insultos o cualquier tipo de violencia, afirmó.
Además de las víctimas, también se apunta a trabajar con el victimario, ya que se debe indagar las causas o razones que provocan su comportamiento contra sus pares, añadió. “Si es reincidente, en algo estamos fallando como familia y como comunidad educativa”, puntualizó la autoridad del MEC.