El Superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, manifestó que la empresa denominada EMPE, perteneciente al primo del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, se encuentra habilitada desde enero del 2021 únicamente para realizar trabajos extrahospitalarios y operación de base, consistente en brindar servicios de ambulancia, y no como centro médico.

“Por lo que estuve viendo en su comunicaciones, en su marketing, ellos ofrecen además del servicio extrahospitalario, la atención hospitalaria, servicios médicos, funcionaba prácticamente como una clínica, un consultorio. No están habilitados por el Ministerio de Salud para cumplir con esa función y mucho menos por la Superintendencia de Salud”, afirmó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La clínica perteneciente a Víctor Buzarquis se encuentra localizada en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción. “Lo que tenemos es a una empresa que solicita realizar una función, pero al final realiza más actividades. Esto es un incumplimiento grave, lógicamente debería estar clausurado”, sentenció.

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El pasado lunes, la firma fue intervenida por funcionarios de la Policía Fiscalizadora de la municipalidad capitalina, teniendo en cuenta que funcionaba forma totalmente irregular, sin habilitación, transgrediendo varias ordenanzas.

De acuerdo a las afirmaciones del intendente Óscar Rodríguez, las protestas en su contra impulsadas por el parlamentario, quien lo acusó de ladrón, tendría como origen la intervención de la empresa de su primo, quien también estuvo presente durante las manifestaciones y fue candidato a diputado por la Concertación Nacional en las pasadas elecciones generales.

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Hasta el momento son doce los funcionarios identificados en el caso de la presunta omisión de auxilio a una paciente en el Hospital Barrio Obrero, según confirmó el abogado Gustavo Irala, asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública.

“Recibimos el informe del Hospital Barrio Obrero el día de ayer, son doce funcionarios que estuvieron en ese momento y nosotros consideramos que son once los que tienen que ser sometidos a sumario administrativos”, informó en comunicación con el programa “Dos en la ciudad” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Dijo que se consideró excluir a uno porque en ese momento cumplía la función de guardia de seguridad del centro asistencial. De los 11 funcionarios, dos son presupuestados y el resto son contratados. Hay también dos médicos residentes que se rigen por una reglamentación distinta a la Ley de la Función Pública, por lo que los procesos serán llevados adelante conforme a esa disposición, aclaró.

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“En cuanto a los funcionarios permanentes eso se remite al Viceministerio de Capital Humano que va a decidir un juez instructor, un funcionario de otra institución dependiente del Poder Ejecutivo que va a tramitar el sumario administrativo y el Ministerio de Salud va a asumir el rol de parte acusadora”, explicó.

El abogado manifestó que todos los funcionarios afectados están separados de sus funciones a fin de que sean sometidos al sumario administrativo, mediante el cual se individualizará la conducta que cada uno tuvo en ese momento y el grado de responsabilidad en el caso denunciado.

En ese proceso se aportarán las pruebas que se tienen y además se dará el derecho a la defensa para que los funcionarios puedan dar sus versiones sobre lo ocurrido. ”Finalmente se emite la conclusión por parte del juez instructor y es el Ministerio de Salud Pública el que tiene que aplicar las sanciones”, concluyó.

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El médico forense de Alto Paraná, Martín Alfaro, ratificó su denuncia sobre las precariedades en las que realizan su labor en el interior del país, y que, tras hablar a los medios de prensa, derivó en un sumario administrativo del Ministerio Público. “Es normal, en setiembre del año pasado ocurrió lo mismo tras una entrevista porque habíamos hecho una nota pidiendo un médico los domingos”, dijo este martes a “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que, en esa primera ocasión, ya le aplicaron sanciones pese a que había presentado un certificado de reposo médico, frente al argumento de su superior que alegó la supuesta ausencia en su lugar de trabajo. “Me fui a sumario administrativo y me descontaron mi salario, pero todo se originó ya con esa entrevista del año pasado”, recordó.

El profesional refirió que ahora le emplazaron por diez días para presentar pruebas y documentaciones en el marco de la investigación administrativa. “La verdad que las pruebas tienen que presentar ellos de que existen insumos, porque el Fiscal General (Emiliano Rolón) dijo que eran falacias lo que yo decía. Que estábamos en el país de las maravillas, prácticamente”, ironizó.

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El doctor Alfaro afirmó que al observar el causal del sumario no encontró en ningún lugar que se haya mencionado la falta de insumos e instrumentales. “Son bastante vivos porque ellos pueden justificar tranquilamente que no hay insumos porque no hay presupuesto y ya. Lo que les molestó es que yo haya dicho que ese domingo no era mi guardia y en realidad no era mi guardia”, aseveró.

Alfaro tomó intervención en el caso de desaparición en aguas del río Monday de la abogada Carmen Ruiz Díaz junto a sus dos hijos. Había recomendado el traslado de los cadáveres de madre e hijo hasta Asunción alegando la falta de insumos para realizar el procedimiento. Hasta el momento el cuerpo de la niña no pudo ser localizado y sigue la búsqueda de la pequeña Isabela quien aún permanece desaparecida.

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El presidente y miembro del Tribunal de Conducta del Partido Colorado, Gustavo Cazal defendió el proceso que se llevó a cabo contra Gerardo Soria, el expresidente de seccional que fue expulsado del partido recientemente por traición. Asegura que todo el proceso de sumario administrativo se realizó dentro del marco legal del Estatuto partidario, donde fue juzgado y el mismo estuvo representado por su abogado de confianza en todo momento.

Esto lo manifestó al ser consultado sobre el anuncio que hizo Soria, que estaría apelando la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral en un tercer intento de recuperar su condición de afiliado a la Asociación Nacional Republicana.

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En comunicación con La Nación/Nación Media, recordó que la denuncia fue promovida por afiliados al partido que presentaron una serie de documentos, publicaciones, audios y videos donde constatan que Soria realizaba comentarios contra el Partido Colorado, cuando la nucleación política se encontraba en pleno proceso electoral compitiendo por la presidencia de la República contra otras nucleaciones políticas. Realizó declaraciones que podrían perjudicar los intereses electorales del partido.

“Soria operó fuertemente para que se debilite la confianza de la gente hacia las autoridades del Partido Colorado. Hizo el trabajo de conspirar contra los intereses del partido. De acuerdo a nuestro código de ética, él como presidente de seccional no podía hacer semejante crítica, y esto sanciona con la expulsión, cuando hace las críticas en plena campaña electoral”, comentó.

Indicó que ahora él cuestiona el derecho a la defensa, cuando antes se negó a defenderse y fue asistido por un abogado de su confianza que concurrió con él al estrado del tribunal. Recordó que en el proceso intentó recusar a los miembros del tribunal, como forma de chicanear el proceso también cambió de abogado.

“En el expediente que está endosado en la Justicia Electoral y se acompañó el legajo del sumario y las determinaciones y las deliberaciones que tuvo el Tribunal de Conducta, no hubo desprolijidad, ni violación a los derechos a la defensa que tantas veces proclama este señor, cuando que él estuvo representado por un abogado de su confianza en el procedimiento sumarial”, remarcó.

Por su parte, el secretario general y jefe de Gabinete de la Presidencia de la ANR, Eduardo González indicó a La Nación/Nación Media que Soria está en su derecho de recurrir ante el TSJE si cree que no se le dio oportunidad a la defensa; pero recordó que ya perdió 2 a 0 en este proceso ya que el Tribunal de Conducta sacó la resolución que fue ratificada por el Tribunal Electoral de la Capital, que son dos instancias que dice que no es así como él afirma.

“Evidentemente lo que busca es victimizarse ante esta situación, creo que ese es su objetivo, creo que es lo que busca para ver qué consigue. Porque yo veo que está totalmente solo, ni a aquellos a los que él le bufoneaba le abandonaron todos y ahora está desesperado. Porque también fue desvinculado de Itaipú por su pésima gestión. Dentro de todo esto no hay que perder de vista que fue un nefasto colorado que realmente intentó afectar los intereses de la Lista 1 y ese fue el motivo de su sanción y expulsión. El está en su derecho de apelar pero ya está perdiendo 2 a 0″, remarcó.

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