El director de la cárcel de Tacumbú, César Manuel Garay, reconoció este viernes que no funciona el escáner del penal y ante esta situación se suelen incautar varios celulares y armas blancas en la penitenciaría durante las requisas realizadas. Destacó que hubo varios pedidos de reparación en la administración anterior, pero no hay respuesta.
“El escáner de la entrada no funciona. Remití todos los antecedentes de los directores anteriores en donde solicitaron la reparación de este elemento que es muy útil para la revisión de todas las mercaderías que ingresan a la cárcel”, explicó el director en comunicación con la radio 1020 AM.
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Sostuvo que las requisas son de forma permanente en el penal de Tacumbú para decomisar celulares y armas blancas que se introducen en el penal. Lamentó también que el escáner no funcione hace más de un año, pese a los reiterados pedidos de reparación.
Garay indicó que en muchos casos las armas son de fabricación casera, que se introducen a la cárcel o son fabricadas por los propios reclusos y destacó que este tipo de procedimientos continuarán realizando, buscando evitar hechos que lamentar dentro de la penitenciaría de Tacumbú.
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“Estamos trabajando, haciendo las requisas correspondientes para evitar ciertas situaciones. Incautamos todas las cosas prohibidas que encontramos dentro de la población penitenciaria y estamos tratando de hacer nuestro trabajo de la mejor manera y cumplir nuestras funciones”, agregó.
El director de la cárcel de Tacumbú indicó también que en la última requisa realizada estuvo el propio ministro de Justicia, Édgar Olmedo, a quien se le informó sobre la situación del escáner y los reiterados pedidos de reparación hechos durante la gestión anterior.
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LN PM: edición del 17 de mayo
Ejecutivo anuncia proyecto clave contra la criptominería ilegal: “Es una verdadera amenaza”
El Poder Ejecutivo anunció este viernes la remisión de dos proyectos con carácter de urgencia para su tratamiento en el Congreso Nacional por considerarlos claves en el proceso de fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo.
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Ñeembucú: más de 3.000 familias fueron asistidas y sigue la ayuda
El Gobierno nacional ya asistió a unas 3.000 familias afectadas por las inundaciones en el departamento de Ñeembucú, pero prosigue con las asistencias y la ayuda a estas familias. Los trabajos de asistencia se están dando desde las diferentes instituciones, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y principalmente la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Hasta el momento, la SEN ya entregó 2.777 kits de alimentos distribuidos en 32 localidades del departamento de Ñeembucú, y en muchas de estas localidades la asistencia alimentaria ya llegó más de una vez, de acuerdo al informe proveído desde el gobierno.
Centro de Reinserción Social: “Es un día histórico, cumpliremos un mandato obligatorio”
“Hoy considero un día histórico para el Ministerio de Justicia y para el derecho procesal penal en Paraguay”, sostuvo el titular de la institución, Ángel Ramón Barchini, sobre la habilitación del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, que se concretará este viernes al mediodía.
La penitenciaría contará con 1.237 plazas y pabellones de máxima seguridad con estrictos regímenes de encierro para los reclusos de mayor peligrosidad. “Cumpliremos un mandato obligatorio que obliga que las personas condenadas estén separadas de las procesadas. Esto se dará luego de una desidia, un abandono, una falta de gestión durante muchos años. El sistema penitenciario permeo la delincuencia, la corruptela, el crimen organizado”, indicó.
Inversión en tecnología y desarrollo permitirá creación de empleo digno, afirma Peña
Durante su visita a los Estados Unidos el presidente de la República Santiago Peña, se reunió ayer jueves en la Casa Blanca con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional; Daniel Erikson, asesor de seguridad para América Latina, y Chris Dodd, asesor para Asuntos Latinoamericanos del presidente Joe Biden.
Al término del encuentro, el Jefe de Estado destacó que hablaron sobre inversión en tecnología y el desarrollo de programas claves relativos a la utilización de recursos que permitan generar empleo digno y bien remunerado en Paraguay. Además evaluaron el enfoque regional y global del Paraguay y la visión de Estados Unidos con una coincidencia plena en los principios y valores de libertad, democracia y derechos humanos.
Reunión clave para confirmar o descartar el paro de un gremio del transporte
El Gobierno recibe esta tarde a representantes del Centro de Empresarios del Transporte el Área Metropolitana (Cetrapam) en busca de llegar a un acuerdo y evitar que se realice el paro de los buses nucleados a este gremio. Hoy a las 15:00 en la sede del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social se llevará a cabo la reunión tripartita entre representantes del gremio, el Viceministerio del Transporte y del Trabajo.
El titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, habló ayer de la posibilidad de revertir la decisión de ir al paro. “Durante el feriado siguieron las conversaciones. Han empezado a generar los pagos atrasados y a renovar los permisos vencidos que, por ley están obligados a dar”, afirmó.
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Centro de Reinserción Social: “Es un día histórico, cumpliremos un mandato obligatorio”
“Hoy considero un día histórico para el Ministerio de Justicia y para el derecho procesal penal en Paraguay”, sostuvo el titular de la institución, Ángel Ramón Barchini, sobre la habilitación del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, que se concretará este viernes al mediodía.
La penitenciaría contará con 1.237 plazas y pabellones de máxima seguridad con estrictos regímenes de encierro para los reclusos de mayor peligrosidad. “Cumpliremos un mandato obligatorio que obliga que las personas condenadas estén separadas de las procesadas. Esto se dará luego de una desidia, un abandono, una falta de gestión durante muchos años. El sistema penitenciario permeo la delincuencia, la corruptela, el crimen organizado”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El secretario de Estado detalló que del total de las plazas habilitadas, 82 lugares serán destinados para los reos de alta criminalidad “que no tienen ninguna posibilidad de recuperación o inserción, estarán absolutamente aislados. El presidente de la República apresuró los tiempos, ya que necesitamos descomprimir los centros penitenciarios”, sostuvo.
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La puesta en funcionamiento de la penitenciaría forma parte del plan que apunta a disminuir el hacinamiento en las cárceles y a descomprimir la población penitenciaria. “Todas las cárceles están controladas por el Estado paraguayo, lo que no significa que no tengamos líderes criminales enseñoreándose sobre lo que lastimosamente sigue ocurriendo, las ventas de drogas, alcohol, salones vip”, remarcó.
Por otra parte, puntualizó que se prevé la firma de un acuerdo con la Gobernación de Alto Paraná, encabezado por César “Landy” Torres, con el fin de que los reclusos realicen labores comunitarias como parte de los programas de reinserción social.
“Esto nos permitirá que los reclusos con el perfil autorizado que hayan cumplido más del 50 % de la condena con autorización judicial puedan salir a trabajar en temas de empedrados, pinturas, limpieza de arroyos. Que la ciudadanía vea que ya hay gente que está en proceso de cuasi libertad y que ya están trabajando y que esto sirva también para descontar las penas que tienen que cumplir, es un trabajo donde se está dejando una política penitenciaria de Estado que no existía”, dijo.
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Hurtaron cuatro escopetas y más evidencias del depósito de la Fiscalía de Franco
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Esta mañana fue descubierto que un depósito de la Fiscalía de Presidente Franco fue visitado por delincuentes que hurtaron evidencias varias del sitio, entre ellas cuatro escopetas. Todavía se está haciendo la revisión para la determinación exacta de lo hurtado. El depósito de la unidad número 3, a cargo del fiscal Edgar Benítez, es el que fue violentado.
La Comisaría 2ª del citado municipio acudió al sitio ante el aviso. El personal de servicio llegó en la mañana de este jueves y encontró la puerta de la oficina violentada y el lugar con el desorden generalizado, papeles y objetos esparcidos por la dependencia, según los datos recabados por los intervinientes, a cargo del titular de citada sede policial, comisario Bernardo Ojeda.
El fiscal Edgar Benítez confirmó a La Nación/Nación Media que se robaron armas, herramientas como desmalezadora, celulares y documentos varios, pero aclaró que la inspección continúa y recién al culminar se tendrán contabilizadas las evidencias hurtadas y las causas a las que corresponden. Agregó que solo la oficina de evidencias de su unidad fue la visitada por la delincuencia. La Fiscalía no dispone de circuito cerrado de grabación ni tenía guardia ayer.
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Asimismo, informó que no se forzó el portón de acceso, pero sí la puerta del depósito. El agente mencionó que ayer 15 de mayo, feriado, igual estuvieron trabajando en la unidad, él y su equipo, hasta después del mediodía, para luego retirarse. No obstante, cuando llegaron para el trabajo en la Fiscalía, el portón de entrada estaba sin llave, por cuya razón se sospecha que el hurto ya se habría realizado el martes 14 a la noche, según el agente fiscal.
“Normalmente dejan en un lugar escondido la llave que ayer no encontramos, pero luego nos percatamos que el portón no estaba cerrado; nuestra oficina está en la planta baja y la oficina de evidencias en el primer piso donde ayer no subimos, por lo que no nos dimos cuenta, si es que ya pasó la noche anterior”, manifestó Benítez.
La Fiscalía de Presidente Franco se encontraba sin guardia porque el policía a quien correspondía, no acudió por ser feriado, según el fiscal de la unidad número 3. Son dos asignados y supuestamente al otro no le tocaba estar en la semana. La unidad zonal de Franco no dispone de circuito cerrado de grabación. Los agentes de Investigación y de Criminalística de la Policía de Alto Paraná están buscando en locales vecinos las imágenes que necesitan.
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Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
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Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP