El senador y miem­bro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Mario Varela, se refirió a la acu­sación contra los fiscales y jueces que intervinieron en el caso Pavo Real II, donde falleció el diputado Eulalio Gomes. El legislador indicó que esta denuncia presen­tada por la hija de Gomes, debe ser analizada en una sesión del Jurado.

“Se ha presentado la denuncia particular de la hija del diputado Lalo Gomes, eso tiene que ser analizado en una sesión del Jurado. Ayer no tuvi­mos cuórum y no se pudo tratar nada, pero no figu­raba en el orden del día de ayer”, expresó en entre­vista a la 780 AM. Recordó que, cuando existe una presentación de una acu­sación particular, los pla­zos pueden cambiar en cuanto al ejercicio ofi­cioso que tiene el JEM.

Explicó además que se debe realizar un estudio sobre los hechos denunciados y si se ajusta a las exigencias de la ley, será admitido en el Jurado, y así dar curso para el estudio de la misma sobre la intervención que se había realizado en el domicilio del diputado Gomes en Pedro Juan Caballero.

“En el análisis de la presen­tación de esta acusación, lo primero que hace es un estudio formal, si reúne las condiciones que exige la ley. Ahí se admitiría, hipotéti­camente, la acusación; de lo contrario, si no reuniere los requisitos formales, podría no admitirse, pero eso no significa que no se estudie”, señaló.

Finalmente, indicó que la denuncia contra los jueces y fiscales será estudiada el próximo 18 de diciem­bre; sin embargo, se podría adelantar para la próxima semana para iniciar el estudio de la acusación. “Si vamos a ejercer noso­tros el poder oficioso que tiene el JEM el plazo sería 20 días hábiles, sería el 18 de setiembre. Nosotros pusimos a conocimiento del JEM, la semana pasada, pero como se presenta esta acusación par­ticular, podría variar. Si es que se admite esta acusación, entonces podría estudiarse esta acusación la próxima semana”, puntualizó.

El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM) resolvió estudiar dentro de 20 días hábiles el procedimiento lle­vado adelante por los jueces y fiscales en el operativo Pavo Real II, esto de acuerdo a la normativa de la institución, la cual establece este plazo ante la ausencia de denuncias realizadas por representan­tes legales de la víctima, en este caso, del diputado Eula­lio Gomes.

“Se van a respetar los pla­zos procesales. El artículo 18 de la ley del JEM esta­blece el plazo determinado que serían de 20 días hábiles y ahí se estaría realizando el análisis jurídico correspon­diente. No se va a suspender a nadie de momento, porque no corresponde”, explicó el senador Mario Varela a La Nación/Nación Media.

El representante del Senado ante el JEM, detalló que lo realizado ayer fue poner a conocimiento de la institu­ción lo ocurrido en la madru­gada del lunes 19, dado que por la naturaleza del hecho, esto tomó interés público y social y reúne los requisitos para hacer el estudio jurídico correspondiente.

Varela evitó emitir su opinión personal respecto si amerita o no la suspensión de los fis­cales Elva Cáceres, Ingrid Cubilla y Osmar Segovia, que encabezaron el operativo, y del juez Osmar Legal, puesto que se necesita acceder a los copias de los expedientes y hacer una revisión de los mis­mos para ver si amerita o no una sanción.

“Objetivamente tenemos que hacer la evaluación que corresponde. Lo que se busca finalmente es el esclarecimiento, acá no hay ningún tipo de amedren­tamiento o de situaciones que puedan generar algún tipo de coacción. Los fis­cales pueden seguir traba­jando con toda la seguridad y tranquilidad dentro de un Estado de derecho, el JEM no debe ser utilizado como un garrote”, sostuvo.

Según lo explicado por el diputado Orlando Arévalos, también miembro del JEM, manifestó que el artículo 18 de la ley 6814 establece que se debe esperar hasta el 18 de setiembre, cuando se cum­plirán los 20 días hábiles, debido la inexistencia de un accionante ante este órgano. “Vamos a esperar que trans­curra ese plazo para tomar las decisiones que creemos correspondientes”, refirió.

La doctora Alicia Pucheta fue elegida, por unanimidad, como la nueva presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y, respondiendo sobre su nivel de idoneidad y preparación para desempeñarse en el cargo. Ella manifestó que su gestión será suficiente para demostrar la coincidencia sobre su figura para representar a la mencionada instancia judicial.

“Los fallos hablarán por mí. Uno de mis principales objetivos, expuestos ya en sesiones anteriores, es reglamentar el sistema de enjuiciamiento, por ejemplo de oficio a la hora de analizar los casos. En cuanto a los plazos, ya senté jurisprudencia con los colegas para que se tenga claro a partir de qué momento interviene de oficio el Jurado”, expresó Pucheta ante los medios de prensa, tras su juramento.

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La presidenta del JEM también refirió que todo es conversable en los procesos de enjuiciamiento y que se encuentra a favor de todos los mecanismos de conciliación o mediación. Recordó que cuenta con una carrera de muchos años, sin haber obviado ningún solo cargo, aparte de ser vicepresidenta de la República, enfatizando en el rol de la mujer por el liderazgo que puede representar en los cargos de decisión y poder.

Pucheta es doctora en Ciencias Jurídicas con vasta trayectoria en el ámbito judicial, comenzó en la década del ‘70 como practicante en los tribunales, hasta que llegó a convertirse en la primera mujer ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde incluso ocupó la presidencia del Poder Judicial.

Realizó una carrera escalonada siendo dactilógrafa, secretaria, actuaria, hasta convertirse en la primera jueza de Primera Instancia, miembro del Tribunal de Apelaciones de Niñez y Adolescencia, recorriendo todo el escalafón judicial. En mayo de 2018, con el voto de 27 senadores y 54 diputados, Pucheta fue designada como vicepresidenta de la República y se convirtió en la primera mujer en acceder al cargo tras la renuncia de Juan Afara, para postularse al cargo de senador.

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El Ministerio Público solicita la desestimación de las denuncias presentadas contra el diputado Orlando Arévalo, titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); y Oscar Paciello, quien se desempeñó como titular del Consejo de la Magistratura (CM). La Fiscalía determinó que no se encontraron elementos suficientes para investigar a ambos.

Arévalo había sido denunciado por la supuesta comisión de hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso, el uso de documentos públicos de contenido falso y el uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

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A través de los hechos mencionados se había cuestionado la titularidad de Arévalo en el JEM, afirmando que no contaba con la legalidad correspondiente sobre sus títulos para ocupar el cargo en el órgano extrapoder. No obstante, Patricia Sánchez, agente fiscal encargada de la causa, había determinado que no se encontraron elementos suficientes para investigar a Arévalo sobre su carrera y título de abogado.

Por su parte, Paciello había sido acusado por el supuesto hecho punible de tráfico de influencias, denunciando que el expresidente del CM ejercía presiones para resoluciones favorables para abogados, lo cual finalmente también fue descartado a decir de la agente del Ministerio Público. Tanto Arévalo como Paciello habían sido incluidos en la denuncia presentada contra el senador Hernán Rivas, quien se enfrenta a los mismos hechos por los cuales había sido acusado el diputado.

“En el contenido de dicha presentación, se hacen tres atribuciones distintas e independientes unas de otras, pues no solo se tratan de personas distintas, sino además de sucesos distintos. Incluso una de las atribuciones, hecha a Oscar Paciello, no cumple siquiera con los estándares mínimos para ser considerada propiamente una denuncia”, expresa parte de las consideraciones observadas sobre la solicitud de desestimación.

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