El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

Lea también: Carmen Villalba seguirá recluida en cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

Te puede interesar: Operación Fleeting: ratifican prisión de imputado

El libro titulado “Cosmografía Chamacoco” del antropólogo y etnomusicólogo Guillermo Sequera tuvo su presentación oficial el pasado martes 15 de octubre en la Manzana de la Rivera, a cargo de la Fundación Itaú. El evento contó con la participación de Rodolfo Ñuhwyt Fretes, miembro del clan kytymáräha, quien tuvo un papel crucial en la promoción del patrimonio cultural nativo de los tomárâho. Desde 1999, ha trabajado junto a Sequera en la creación de materiales lexicográficos y relatos en lengua vernacular.

El compromiso de Rodolfo Ñuhwyt Fretes ha contribuido al fortalecimiento y la difusión de la cultura tomárâho. Guillermo Sequera, por su parte, ha dedicado su vida a conectar con las comunidades y preservar sus relatos. Su trayectoria se ve influenciada por sus experiencias personales y su amor por la lectura, lo que lo llevó a explorar y aprender de las diversas culturas de Paraguay.

Lea más: La séptima edición de Oxígeno Feria de Arte incluirá cine, música, talleres y exposición

“Cosmografía Chamacoco” destaca el poder del dibujo como herramienta para rescatar y transmitir la cosmovisión de estos pueblos. Los artistas Ogwa Flores Balbuena y Wylky Dohorâta aportan su visión a través del arte, invitando a todos a reflexionar sobre sus propias raíces y el futuro de la diversidad cultural. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los tomárâho son apenas 213 personas, una minoría frágil pero resiliente, cuya cultura está en grave riesgo de extinción. Los ybytoso son unas 2.126 personas.

“Este libro es parte del programa Itaú Editorial que busca revalorizar lo trascendente y lo que aún podemos recuperar en un mundo en constante cambio, volcando a un material impreso para dejar registro de la pluriculturalidad de nuestro país. Estamos confiados que juntas y juntos, podemos promover un camino de unidad y respeto hacia la diversidad existente en Paraguay”, comentó Roberto Galeano Monti, director ejecutivo de la Fundación Itaú.

Lea también: Ocho arpistas paraguayos fueron distinguidos como Tesoros Vivos de la Nación

“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

Leé también: Titular del PLRA cierra las puertas a discusión prematura sobre presidenciables del 2028

El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

Te puede interesar: Autorizan viaje al extranjero de Giuzzio, acusado por tener vínculos con supuesto narco

Paraguay logró recuperar USD 3,4 millones del meca­nismo Covax, que fueron abonados para la compra de vacunas contra el covid-19 durante la pandemia. Con este logro, Paraguay evitó el pago de una garantía con­tractual millonaria que fue firmada por el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Esto marca un capítulo cerrado con el mecanismo, ya nosotros no podemos recla­marle nada, ni ellos pue­den hacerlo y eso es un gran logro porque el exminis­tro (de Hacienda) había fir­mado una garantía por USD 88 millones”, señaló a la 650 AM Marco Aurelio Gonzá­lez, procurador general de la República.

De acuerdo a lo que explicó, nuestro país había hecho un depósito de USD 6,5 millones y se había comprometido a comprar 3 millones de dosis, pero solo recibió 700.000, lo que representa casi USD 1 millón. Paraguay tenía a su favor USD 5.600.000 y se ini­ció una misión encabezada por el Ministerio de Salud para recuperar ese dinero.

“Pedimos la devolución y ellos decían que nosotros nos comprometimos a comprar las vacunas, que nos compro­metimos a pagar las vacunas por más de que no recibamos, firmamos una garantía y nos decían que esa plata debía quedar retenida y además debíamos pagar una tasa de USD 180.000″, relató.

El procurador indicó que en esta tarea acompañaron al Ministerio de Salud la Pre­sidencia de la República, la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría, que lograron que recupere parte del dinero abonado y evitaron que Paraguay tenga que realizar pagos adiciona­les al mecanismo.

Desde setiembre del año pasado, se escucharon pro­puestas que se hicieron a nuestro país y luego de un profundo análisis se optó por la opción que ya fue comuni­cada oficialmente el lunes 22 de julio.

“Esta fue la última propuesta del mecanismo y nosotros estábamos en la disyuntiva de aceptar o tener que ir a arbitraje después de todas las negociaciones. El costo del arbitraje es alrededor de USD 1,5 millones, sin con­tar peritos y otros costos que pudieran derivarse. Era tener la plata hoy o ir a arbi­traje y pagar un monto side­ral, estábamos empatados”, manifestó el procurador.

González indicó que con esta propuesta no se corría el riesgo de perder eventual­mente la demanda, lo que conllevaba perder la tota­lidad del dinero abonado e incluso asumir otros gastos.

“Medidos la probabilidad de éxito y el riesgo que teníamos terminamos aceptando la propuesta, lo que implica un reconocimiento de la legiti­mación del derecho de Para­guay porque se han percibido gran parte del dinero depo­sitado”, concluyó.