El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), Adolfo Villalba, dijo que no se acoplarán de forma masiva a la movilización convocada desde las centrales obreras para este miércoles 13 de noviembre con el fin de solicitar al Senado la postergación del proyecto de reforma del servicio civil.

Detalló que la decisión fue tomada este último lunes por la mesa directiva del sindicato al no existir objeciones a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que tiene como objetivo iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público.

“Hemos corroborado que en el proyecto colectivo presentado al Parlamento que los reclamos principales que hemos tenido como sindicato sí se han corregido, esto teniendo en cuenta que en el proyecto habían varios artículos que suponían un retroceso en cuanto a lo que es el derecho de los trabajadores”, sostuvo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Hoy en día estamos regidos por la Ley 1626 que es de la función pública, entonces hicimos una comparación con esta normativa, el motivo de ser de los sindicatos es verificar que el trabajador no salga perjudicado y que la ley no tenga un retroceso, entonces controlamos que el proyecto de la carrera civil mínimamente sea igual en cuanto a los derechos laborales”, remarcó.

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La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el 16 de setiembre pasado. La iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la función pública, entre otros.

“Somos funcionarios públicos y que haya una ley que nos rija no está mal. Acompañaremos muy de cerca el tratamiento del proyecto de ley, estarán presentes nuestros delegados, pero no saldremos masivamente a corroborar que la propuesta acordada sea aplicada. Si uno se coloca a leer el proyecto de ley de la carrera del servicio civil podrá ver que en grandes medidas es un copia y pegue de la ley 1626 con algunas correcciones luego de los 20 años de vigencia que tiene esta norma”, dijo.

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El secretario general de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), Julio López, manifestó que el miércoles 13 de noviembre varios gremios sindicales impulsarán una movilización para lograr la postergación del análisis de la propuesta de reforma del Servicio Civil, que tiene como finalidad iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público.

“Cada gremio sigue trabajando mediante el lobby con todos los parlamentarios para hacerles entender las inquietudes que se han presentado. Además de esto también se ha decidido convocar a una gran movilización en donde una de las decisiones o la demanda será posponer el tratamiento de este proyecto de ley”, manifestó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, acotó que el frente sindical social y la confederación de la clase trabajadora, se movilizarán varios gremios del sector público. “Creo que será multitudinaria y ojalá pueda influir para que los parlamentarios reflexionen que se necesita un poco más de tiempo para discutir los temas pendientes que fueron elevados a las autoridades de manera formal”.

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La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el pasado 16 de setiembre. La iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la Función Pública, entre otros.

“Podemos decir que en algunos puntos mejoró, pero nos preocupa mucho que el proyecto obstaculice el derecho a la huelga, afectando el derecho de la organización sindical. Otro punto muy importante es que obstaculiza la negociación colectiva, en cierta forma la propuesta desnaturaliza el objetivo jurídico de esta figura”, comentó.

López siguió argumentando que “Vemos que en el régimen del contrato sigue la precarización y discriminación a un sector muy importante del Estado a quienes por hoy se les conoce como los contratados, y por otro lado, nos preocupa de sobremanera el tratamiento otorgado a la seguridad social, es decir las garantías que el Estado debiera ofrecer al trabajador del Estado en cuanto a su seguro médico y jubilaciones”, indicó.

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“Estoy muy tranquilo, hay muchos paraguayos productores contentos con el Gobierno y con nuestra acción de llegar junto a ellos y acompañarles”, manifestó el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, en respuesta a las críticas provenientes de algunos miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) hacia su gestión.

El sector calificó al alto funcionario de Estado como “autoritario y soberbio” y anunció próximas movilizaciones en su contra en Asunción y algunas ciudades del interior, alegando un abandono de la institución a los productores de alimentos.

“Están apareciendo los mismos actores de siempre, personas que acostumbran a hacer show, apretar a las instituciones generando caos, yo no creo que podamos avanzar así como país”, dijo este viernes el ministro al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Giménez acotó: “Aparecen los mismos sinvergüenzas que llevaron dinero del Estado por años y que nunca lograron salir de la pobreza. Algo está pasando, no saben administrar, no saben ser productores o no son luego productores, pero sí son buenos para hacer los shows, pero yo soy una persona que habla con la verdad”.

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El titular del MAG detalló que al asumir el cargo corroboró mediante informes que la FNC fue uno de los sectores que recibió “grandes volúmenes de dinero” por parte del Estado, pero no fueron invertidos a favor de los productores más necesitados.

“Llegaban las mismas personas, llevaban maquinarias, insumos y no las hacían trabajar. Yo les llamaba a preguntar qué se hizo con el dinero, se fueron los técnicos del MAG a revisar finca por finca mediante un sistema que tenemos para corroborar fehacientemente cuánto superficie de área de producción tiene cada persona”, remarcó.

Giménez señaló que el principal enojo por parte de algunos integrantes de la federación obedece a que se negó a entregar un tractor bajo el nombre de una sola persona. “Nosotros le dijimos que no habría ningún problema, pero le dijimos que entregaríamos a la federación y se negaron”, dijo.

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El gremio de escribanos, del sector notarial, geógrafos y algunos sectores campesinos, encabezan una movilización en las inmediaciones del Congreso en el marco del tratamiento del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), mediante el cual se pretende fusionar Catastro y Registros Públicos.

“Lo que venimos a pedir es la postergación, si no son tenidos en cuenta nuestros reclamos, nosotros nos abocamos al rechazo de la ley”, expuso el escribano Fernando Báez en contacto con La Nación/Nación Media. El profesional lamentó que sus recomendaciones no hayan sido tenidas en cuenta debido a que consideran que como está planteada la ley, no se cumplirá el objetivo de abaratar costos y reducir plazos para la titulación de propiedades.

“Hay que dejar en claro que el proyecto, así como está del RUN, no vemos como una solución real porque nos estamos encontrando con dos instituciones que están totalmente recortadas presupuestariamente y eso se traduce en un resultado ineficiente de la gestión de cada una, vamos a fusionar dos instituciones que están con problemas”, afirmó.

Para Báez, aprobar la fusión de Catastro y Registros Públicos, tal y como lo establece el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, podría resultar en un proceso “traumático”. Añadió que un ejemplo similar a esto fue la creación del Registro del Automotor, el cual demoró alrededor de 24 años en llegar a un buen funcionamiento como el que tiene actualmente. “Lo que se busca es que sea lo menos traumático posible”, refirió.

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Los objetivos principales de esta iniciativa es la celeridad y la economía registral catastral, no obstante, la redacción del proyecto contempla un aumento en ciertos plazos procesales y costos de las tasas que se tienen actualmente, por lo que, consideran que de aprobarse de esta manera, no se estaría cumplimiento con la misión central que se expresa en la exposición de motivos a favor de esta ley.

“En cuanto a lo que tiene que ver con la celeridad de los trámites, actualmente un certificado de dominio tarda en salir en 10 días, la ley establece que debe ser en ese plazo, sin embargo, en el proyecto aumenta ese plazo y va a 15 días, las escrituras en lugar de 20 días ahora pasan a demorar 30 días con esta media sanción”, señaló.

Los escribanos ya tuvieron reuniones con legisladores donde pudieron exponerles estas situaciones, sin embargo, sus reclamos no fueron considerados ni se realizaron ajustes al proyecto, lo cual es una situación lamentable para el sector, puesto que son quienes operan en el sistema, mencionó Báez.

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“Estamos encontrando que en lugar de bregar por lo que ellos mismos pregonan en su exposición de motivos, que son la celeridad y economía, en este caso no se ve reflejado en el proyecto, entonces los que estamos en el tema encontramos esas situaciones presentes en este proyecto de ley”, sostuvo.