El 1 de mayo se recordó en todo el mundo el Día del Trabajador en conmemoración de los hechos históricos sucedidos en Chi­cago, EE. UU., en 1886, que permitieron finalmente el respeto a los derechos de los obreros estableciendo el tiempo máximo de trabajo y otras disposiciones de pro­tección a los operarios de esa época.

Esa fecha histórica es motivo para reflexionar sobre la importancia de la contribución de los trabajadores en la sociedad y la necesidad de crear mayor cantidad de fuentes de trabajo para miles de personas que requieren una tarea adecuada para vivir con dignidad. Esto aparte de lo mucho que se tiene que hacer para que se cumplan efectivamente las leyes de protección al trabajador que en buena parte de la sociedad paraguaya sigue siendo letra muerta.

Celebrando la fecha, el presidente San­tiago Peña señaló que el Día del Trabaja­dor es un día para honrar el esfuerzo y la dedicación de cada ciudadano paraguayo. Resaltó que también hay que reflexio­nar sobre el valor del trabajo digno y la importancia de construir las condiciones para generar más empleos.

“Siempre dije y seguiré repitiendo que el trabajo es el mejor programa social, por­que nos da la libertad de crecer sin depen­der más que de nosotros mismos. Nos dignifica y nos vuelve útiles para nuestras familias y nuestro país”, manifestó en un mensaje dado a conocer desde el Ejecutivo.

Prometió que desde el Gobierno seguirán invirtiendo en la formación de miles de paraguayos para acompañarlos con mejo­res oportunidades para su crecimiento. “Desde las escuelas hasta la culminación de sus estudios, ya sea con capacitaciones o con becas, porque estar preparado es clave”, precisó.

La preocupación del Gobierno nacio­nal sobre la situación de los trabajado­res está fundada en la realidad existente en el campo laboral, donde las personas que trabajan en su mayor parte no están debidamente protegidas como estable­cen las leyes, y la mayoría está en la infor­malidad. Un dato clave aportado por el trabajo “Desafíos de seguridad social en Paraguay” publicado en el 2023 por el Viceministerio de Economía indica que solo 2 de cada 10 personas ocupadas apor­tan a la seguridad social en nuestro país. La última encuesta del INE habla de que el 62 % de los trabajadores son informa­les y que el 36 % de todos los que trabajan gana menos del sueldo mínimo. Significa que el país se encuentra ante serios desa­fíos estructurales, como la elevada infor­malidad y la baja cobertura de seguridad social.

Por eso el jefe de Estado admitió que hay mucho que hacer y resaltó que sueña con un país donde cada paraguayo tenga un trabajo digno, con una buena remunera­ción, con empleos formales y un sistema de seguridad social fortalecido. “Esta­mos trabajando para lograrlo porque ese es nuestro compromiso con las fami­lias paraguayas y porque esa es la mejor manera de honrar a quienes cada día, tra­bajando hacen un país mejor. Feliz Día del Trabajador”, remarcó en su mensaje por el Día del Trabajador.

En su historia pasada el Paraguay no se ha destacado por su reconocimiento y protección a los trabajadores, y en la actualidad existen muchas cosas pen­dientes. Por ejemplo, el 1 de mayo como Día del Trabajador solo se reconoció en 1902, 16 años después de los hechos de Chicago, y la jornada laboral de 8 horas recién se estableció en 1938, hace 86 años.

Por eso es importante el nivel de con­ciencia demostrado por las autoridades nacionales que están deseosas de mejorar la situación de los trabajadores. Una de las principales promesas electorales del presidente Peña es la creación de 500 mil nuevos puestos de trabajo para la gente, dado que el mejor premio que se le puede dar a una mujer o a un hombre es un empleo digno que cumpla todas las nor­mas vigentes.

Los organismos estatales como el Minis­terio de Trabajo y el Instituto de Previ­sión Social (IPS) tienen una ardua tarea para hacer que se cumplan las normas laborales y de protección social. No se puede admitir que la mayoría de la gente que trabaja continúe en la informalidad y no tenga seguro social. El sector privado debe ponerse al día en ese tema y las enti­dades públicas deben lograr que se cum­plan las disposiciones legales.

La inflación sigue existiendo porque se encuentra como oculto para la opinión pública, de ahí que funciona como un impuesto escondido. Es un impuesto no legislado, como alguna vez lo dijo de modo magistral Milton Friedman, Nobel de Economía.

Digamos de otro modo y más fácil: la inflación es siempre y en todo lugar y tiempo un fenómeno monetario causado por la emisión inorgánica de dinero por parte del Gobierno a través del banco central

Solo los Gobiernos pueden aumentar la cantidad de dinero en el mercado. La existencia de la inflación, igualmente, muestra un desequilibrio en las finanzas que debe ser corregido con emisión monetaria, situación que termina por hacernos perder nuestro poder adquisitivo.

De igual modo y quizás mucha gente aún no lo ha considerado del siguiente modo: la inflación es una transferencia del esfuerzo, del ahorro y la inversión que llevan a cabo las personas en el ámbito privado para que el Gobierno siga existiendo a costa de aquellos.

¡ Esta es una gran injusticia! Sin embargo, lo que muchas veces no se toma nota es que la inflación se usa para tratar de “corregir” el déficit fiscal (gastar más de lo que se recauda por parte del Estado).

De ese modo se vienen otros desequilibrios que finalmente tienen como único objetivo alimentar el insaciable apetito de los Gobiernos cuyos políticos y burócratas olvidan adrede que cada guaraní que utilizan fue proveído por los individuos, las familias y las empresas, a quienes aquellos dicen representar. ¡Otra gran injusticia!

Agrego a la expropiación del desvarío inflacionista de nuestros escasos recursos. De nuestra riqueza personal y más todavía si hablamos de personas pobres. Esto quiere decir que tanto la inflación como el déficit terminan siendo un plan estratégico hecho como un robo a plena luz del día. ¡Otra gran injusticia!

Todavía faltan por agregar más injusticias. Y esto es un aporte que si bien varios autores de notoria envergadura intelectual lo fueron diciendo desde hace un buen tiempo, la del profesor Ricardo Manuel Rojas en su libro “La inflación como delito” es de tomarse en cuenta.

Resulta imperioso reducir el déficit, para al menos ponerlo en aquel 1,5 del PIB de nuestra Ley de Responsabilidad Fiscal hasta llegar al 0 %. Al fin y al cabo, la inflación es una injusticia y un delito.

El concepto de la inflación fue distorsionada de forma deliberada a lo largo del tiempo para precisamente defender el statu quo del estatismo prevaleciente. Se dijo que la inflación es un incremento excesivo de los precios, por ejemplo, una conceptualización errónea claramente explicada por el más grande economista del siglo XX, Ludwig von Mises, en su tratado de economía, " La acción humana”.

La inflación es también un delito. Esto quiere decir que previamente debe existir un bien jurídico tutelado, y este bien jurídico es la propiedad que, precisamente, es el que es dañado cuando existe inflación al afectar nuestros ahorros, ingresos y salarios en general. Por ende, la inflación es un delito: ¡otra injusticia!

En nuestro país hemos avanzado mucho en contrarrestar este fenómeno monetario. Resulta, sin embargo, imperioso reducir el déficit, para al menos ponerlo en aquel 1,5 del PIB de nuestra Ley de Responsabilidad Fiscal hasta llegar al 0 %. Al fin y al cabo, la inflación es una injusticia y un delito.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”, “Cartas sobre el liberalismo”, “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes”, y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.

Con 3,4 millones de habitantes, Uruguay tiene el costo de vida más elevado de América Latina, según la plataforma global de estadísticas Statista. En la capital uruguaya, hogar de la mitad de la población del país, el pan cuesta tres veces más que en Asunción, una docena de huevos más del doble que en Tokio, y un capuchino un 66 % más que en Madrid. 

“Lo que más me llama la atención es el precio del champú, el desodorante, la pasta de dientes. Pero también el de la fruta, la pasta, ¡el café! En el supermercado es flagrante la diferencia”, dice María Chaquiriand, radicada en Europa hace 28 años y siempre que visita a su familia se sorprende de lo caro que es todo en Uruguay.

A esta mujer de 48 años, gerente de mantenimiento de edificios industriales, también le resulta caro el transporte, los medicamentos, los artículos de bazar o los materiales de construcción en Uruguay. Según Numbeo, una base de datos colaborativa con precios de todo el mundo, Uruguay es el país más caro de Sudamérica, y ocupa el lugar 37 en esa escala entre 146 economías, por encima de Japón (47) o España (54).

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Los economistas señalan razones estructurales. “Uruguay tiene un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 22%, uno de los más altos del mundo. Y como no tiene buenos acuerdos comerciales, paga aranceles de hasta 25% a 35%. Si a eso se suma una tasa consular del 5%, un producto importado puede tener una carga tributaria del 50%”, dice a la AFP Alfonso Capurro, de la consultora CPA Ferrere.

En el combustible y los automóviles hay gravámenes adicionales. La gasolina en Uruguay es la más cara del continente americano y una de las más caras del mundo, a 76,5 pesos por litro (2 dólares), según Global Petrol Prices. Numbeo ubica a Uruguay quinto entre casi un centenar de países por el costo de un auto Volkswagen Golf 1.4 0km.

“La mitad del precio de un automóvil son impuestos”, resume Javier de Haedo, director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. En el precio del combustible inciden también costos de distribución y comercialización, añade en diálogo con la AFP.

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Además de la presión fiscal, en Uruguay existen subsidios cruzados, como el 10% de retención en el precio del diésel para financiar el transporte público, apunta Capurro. Y pesan las regulaciones, protecciones y mecanismos de registro, que en la práctica implican barreras a la importación de frutas y verduras, y falta de competencia en el mercado de productos de higiene personal y limpieza.

Por otra parte, Uruguay se está transformando en un país de renta media alta, con lo cual el sueldo medio es elevado y los servicios, que tienen mucho componente de salarios, se encarecen, explica Capurro. “Somos más caros, obviamente, aunque en realidad eso es un ‘happy problem’, porque queremos ser ricos, no pobres”, aclara.

Uruguay tiene un Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita de 18.000 dólares, el mayor de Latinoamérica, según la última clasificación del Banco Mundial. El salario mínimo nacional actualmente equivale a unos 580 dólares. En Paraguay, el país con menor costo de vida de Sudamérica según Numbeo, está en 370 dólares.

“¡Carísimo es este país!”, exclama José Luis Díaz, un uruguayo de 54 años, empleado en una peluquería en Montevideo. “Aumentan los sueldos, pero la canasta básica aumenta mucho más. No alcanza la plata para vivir acá”. ¿Su estrategia para llegar a fin de mes? “Me cuido con el consumo de energía eléctrica, no salgo tanto a comer afuera, me fijo en las ofertas”, relata a la AFP.

Uruguay es caro además por factores macroeconómicos. “En este ciclo 2020-2023, se combinaron muy buenos precios de exportación con una importante inversión extranjera directa, lo cual generó un flujo de dólares muy grande que terminó fortaleciendo el peso”, apunta Capurro. El combate a la inflación, prioridad del gobierno de centroderecha de Luis Lacalle Pou que asumió en 2020, también contribuyó a apreciar la moneda uruguaya.

Para restringir el consumo, el Banco Central subió su tasa de política monetaria. Y aunque la inflación en marzo se moderó a 3,8% a 12 meses, su nivel más bajo desde agosto de 2005, la tasa de interés de referencia se mantiene alta, en 8,50%. “El precio del dólar en términos nominales bajó 3% en el último año móvil y acumuló una disminución de 15% en los últimos tres años”, indicó días atrás el Instituto Cuesta Duarte, que asesora a sindicatos.

El desfasaje cambiario hace que Uruguay pierda competitividad frente a sus socios comerciales y se vuelva más caro en comparación, desatando reclamos de productores rurales, industriales y del sector turístico. “Si tomo como base 100 el promedio de lo que va del siglo XXI, estamos hoy en 28% de atraso cambiario con países de fuera de la región”, advierte De Haedo.

Fuente: AFP.

Un estudio elaborado por la consultora de base de datos Numbeo destaca a Paraguay como el país donde se puede vivir más cómodo económicamente entre sus demás vecinos sudamericanos, superando incluso a Argentina.

Así lo indican varios portales de la región tras divulgarse el informe de la firma de base de datos en línea, de origen serbio, sobre los precios de consumo, de bienes raíces y métricas de calidad de vida en tierra guaraní.

Se trata del estudio “América: Índice de Coste Vida por País 2024″, que representa una herramienta invaluable para optar por un país a la hora radicar inversiones o migrar de otros contextos económicos que golpean la calidad de vida.

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Paraguay sobresale en Sudamérica teniendo en cuenta principalmente el costo de vida, posicionándose como el país más barato o económico para establecerse.De acuerdo a Numbeo, Paraguay tiene un índice de costo de vida de 27,59, el menor de entre 11 países de Sudamérica.

El análisis contempla una serie de aspectos, como la calidad de vida, los costos de alquiler, bienes y servicios, así como el poder adquisitivo local, en los que Paraguay se ubicó por delante de países como Argentina y Bolivia.

Esta situación lo ubican como una opción atractiva para aquellos que buscan economizar en gastos diarios y vivir cómodamente con un presupuesto moderado, según El Comercio.

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En el estudio se acentúan la accesibilidad en términos de alquiler, con un índice de 10,53, junto con un costo moderado de comestibles y servicios, los cuales reflejan una oportunidad para quienes desean minimizar gastos, sin alejarse mucho de las comodidades urbanas.

Se refiere que el índice de poder adquisitivo local es de 28,07, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para residir como para emprender o invertir en la economía local, como lo sugiere La República.