Tras darse a conocer la propuesta de las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) de trasladar las oficinas administrativas de la institución hasta un local ubicado en el barrio Rincón de la ciudad de Ñemby, el malestar de los posibles vecinos no se hizo esperar.

Si bien la idea del traslado surgió como una posible solución para lograr que los grupos de pueblos originarios desalojen calles aledañas al Indi y ya no generen caos en el tránsito cuando realizan las protestas exigiendo sus reivindicaciones, ahora los vecinos del nuevo local del instituto se encuentran en pie de guerra, ya que se niegan a tener que pasar por las mismas circunstancias calamitosas que generó el traslado.

“No nos gusta la idea de que se muden acá; estamos reunidos más de 20 comisiones vecinales con las cuales nos mantenemos en contacto y planteamos, inclusive, una manifestación para el próximo sábado. Nuestro temor es que, como hay baldíos aquí enfrente, se instalen los indígenas aquí y ya no se vayan”, comentó Victor Godoy, vecino de la zona, en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El mismo precisó que conocen el historial de problemas de estas personas, y que si bien se habla de que se buscan mejorar las condiciones de los mismos, nadie puede darle a los vecinos la garantía de que no se repita el escenario y, por sobre todo, de que si se da la instalación de estas personas, las mismas puedan ser desalojadas por la policía.

Por su parte, Eva Fleitas, otra pobladora de la zona, manifestó que si bien comprenden la necesidad de cambiar la sede del Indi, destacó que esta no puede estar en un barrio como ese, el cual es considerado residencial y cuenta con una población muy alta de niños y adolecentes que pueden estar expuestos a las conductas atipicas de los indígenas.

“Muchos nos mencionaron que esta sería una medida provisoria hasta que se realice una sede más amplia y en condiciones, pero la verdad es que no creemos en que sea una decisión provisoria o si lo es pasará mucho tiempo antes de que cambien a la sede definitiva y nosotros no vamos a tolerar esto”, remacó Eva Fletas en conversación con GEN.

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La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.

Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.

Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.

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Miles de personas se manifestaron este domingo en las islas Canarias en contra del turismo de masas que, según ellos, afecta negativamente a este archipiélago español situado en el océano Atlántico. “Canarias tiene un límite”, corearon los manifestantes, que se congregaron en los puntos turísticos más importantes de las siete principales islas que forman el archipiélago.

En Gran Canaria, los manifestantes protestaron frente a un centro de convenciones en Maspalomas. En Fuerteventura, se concentraron frente al único parque acuático de la isla y en Tenerife, en la zona de ocio nocturno de Playa de las Américas. “Esta playa es nuestra”, corearon ante la mirada de los turistas sentados en tumbonas bajo sombrillas.

Las protestas siguen las que se produjeron en abril en plazas de todo el archipiélago. Los manifestantes denuncian un modelo de turismo de masas que, según ellos, favorece a los inversores a expensas del medioambiente, priva a los residentes locales de vivienda y les obliga a realizar trabajos mal pagados en el sector servicios.

“El sector turístico está trayendo pobreza, paro y miseria en el archipiélago canario”, declaró a AFP en una protesta en Gran Canaria Eugenio Reyes Naranjo, el portavoz de la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción. “Canarias no se vende” y “Basta ya”, se podía leer en las pancartas de los manifestantes, que pidieron limitar el número de turistas, restringir los pisos turísticos y que se frene lo que califican de urbanización descontrolada. Cerca de 6.500 personas participaron en la protesta en Tenerife, 5.000 en Gran Canaria y más de 1.500 en Lanzarote, indicaron las autoridades locales.

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El archipiélago, situado frente a la costa noroeste de África, es conocido por sus islas de paisajes volcánicos y su buen tiempo durante todo el año, lo que lo convierten en un popular destino para los amantes del sol del norte de Europa. El año pasado, un récord de 16,2 millones de personas visitaron las islas, un aumento del 10,9% respecto a 2022 y más de siete veces su población, de unos 2,2 millones.

Los manifestantes consideran que estas cifras son insostenibles para los limitados recursos del archipiélago. Las islas van camino de pulverizar este récord este año. Iván Cerdeña, portavoz del grupo medioambiental local ATAN, que jugó un papel clave en las protestas, afirmó que buscan poner a las manifestaciones en “el epicentro de este modelo económico injusto”.

Alrededor de cuatro de cada diez residentes trabaja en el sector turístico, que representa el 36% del producto interior bruto (PIB) de las islas, según datos oficiales. Pero muchos canarios se quejan de no recibir esta riqueza generada por el sector turístico que, según ellos, va a parar principalmente a grandes empresas de fuera del archipiélago. “Las riquezas que se generan aquí en el archipiélago van por toda Europa y los canarios no recibe nada por ello. Son empresas de fuera las que vienen aquí y nosotros no vemos el dinero por ningún lado”, dijo Adrián Souza, de 32 años, un manifestante en Maspalomas.

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Una de cada tres personas que vive en Canarias está en riesgo de pobreza y a un 65% le cuesta llegar a fin de mes, según las últimas cifras de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Algunos turistas vitorearon a los manifestantes al pasar por delante de ellos. “La costa se está viendo dañada por tanta construcción. Estoy totalmente de acuerdo con ellos”, declaró Rosalia Magalilo, una turista suiza de 55 años que afirma que viaja a Gran Canaria desde hace 30 años.

Las protestas contra el turismo de masas se multiplicaron en los últimos meses en toda España, el segundo país más visitado del mundo después de Francia. Esto ha llevado a las autoridades a intentar conciliar los intereses de la población local y los de un lucrativo sector que representa el 12,8% de la economía española. El ayuntamiento de Barcelona anunció que prohibirá todos los apartamentos turísticos de aquí a 2028, mientras que la ciudad de Sevilla, en el sur del país, planea cortar el suministro de agua a las viviendas alquiladas sin licencia a turistas.

Fuente: AFP.

Ante la “emergencia energética” que enfrenta Cuba, el gobierno decidió paralizar todas las actividades laborales estatales que no sean indispensables, informó ayer jueves el primer ministro, Manuel Marrero. “En esta situación que se ha agudizado los últimos días, se emitieron indicaciones adicionales para paralizar todas las actividades laborales estatales que no son estrictamente imprescindibles”, dijo en una transmisión en cadena nacional de la radio y televisión, sin precisar el plazo de la medida.

El primer ministro afirmó que la disposición es para priorizar el servicio a los hogares. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo más temprano en la red social X que la isla enfrenta una “emergencia energética” por los problemas para adquirir combustible en el exterior para alimentar su sistema de energía.

“El complejo escenario por el que transitamos tiene su causa principal en el arreciamiento de la guerra económica y persecución financiera y energética de Estados Unidos, lo que dificulta la importación de combustible y otros recursos necesarios para esa industria”, dijo el mandatario, en referencia al recrudecimiento de las sanciones de Washington contra la isla.

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En Cuba, la electricidad se genera a través de sus ocho desgastadas termoeléctricas que en algunos casos presentan averías o se encuentran en mantenimiento, así como de siete plantas flotantes - que el gobierno renta a empresas turcas - y grupos electrógenos. Toda esta infraestructura en su mayoría requiere de combustible para funcionar.

Este jueves Cuba registró casi un 50 % de déficit en la generación de electricidad, un problema que ha provocado en algunas provincias apagones de hasta 20 horas en una jornada. Lázaro Guerra, director general de electricidad del ministerio de Energía y Minas, dijo a la televisión estatal que en “todas las horas del día” el déficit eléctrico sería de más de 1.000 megavatios y que iba a llegar a los 1.678 durante la demanda máxima de 3.300 megavatios.

Los cubanos sufren nuevamente desde hace tres meses los detestados apagones que se prolongan y son cada vez más frecuentes, con un déficit en muchas jornadas del 30 % en la cobertura nacional. Las interrupciones del servicio de cuatro horas y más al día se registran incluso en amplias zonas de La Habana.

En el municipio Plaza de la Revolución en La Habana, que alberga el centro neurálgico del poder en el país, este jueves se suspendieron “todos los servicios que no resulten vitales y que generen gastos de energía”, a excepción de centros esenciales como hospitales y de elaboración de alimentos, anunció el gobierno local en su página de Facebook.

También se suspenden las clases hasta el lunes y las discotecas y locales de diversión y esparcimiento permanecerán cerrados. Desde el miércoles, autoridades de la provincia de Camagüey, en el centro del país, anunciaron que trabajaban “para garantizar servicio por espacio de tres horas aproximadamente”, indicó en X la empresa eléctrica local.

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“Aquí estamos es en apagón total, esto no tiene nombre. Las cosas del frío se nos están echando a perder”, dijo a la AFP vía WhatsApp Eugenia Sánchez, una ama de casa de 41 años. “Antes eran de 14 y 16 horas. Ahora son de 20 y de 22 horas”, añadió.

En la provincia de La Tunas (este), las autoridades empezaron a distribuir carbón para la cocción de alimentos, especialmente en asentamientos urbanos. De acuerdo con la tolerada prensa independiente local, decenas de personas se manifestaron al principio de la semana en las provincias de Sancti Spíritus (centro) y Holguín (noreste) por los largos apagones.

En 2023, la isla se recuperó de los cotidianos cortes eléctricos que experimentó casi todo 2022. Lo más crítico ocurrió en octubre de ese año, con un apagón generalizado la noche del 27 setiembre, tras el paso del huracán Ian que azotó el oeste del país.

Fuente: AFP.