Por Manuel Otero, director general del IICA
La reivindicación histórica de la equidad de derechos de las mujeres, que el mundo conmemora este 8 de marzo, tiene razones, significado y sentido. En primer lugar, por una estricta noción de justicia, y también, porque más mujeres participando y liderando en la producción, la economía, la vida institucional, la investigación y la asistencia técnica garantizarán un aumento en la dinámica de crecimiento y una contribución a la sostenibilidad ambiental y social en todas las áreas.
Es, por otro lado, una demanda prioritaria en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esa hoja de ruta que ha buscado poner en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la cooperación, de modo de avanzar a un nuevo paradigma de desarrollo, que explicita el desafío de alcanzar “la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas”.
Este escenario exige que la paridad de género sea una cuestión transversal a toda y cualquier acción emprendida. A su vez, construir esa paridad demanda transformaciones en materia de educación, acceso a oportunidades, participación política, redefinición de estrategias institucionales y la generación de nuevos espacios de decisión, favoreciendo la construcción de ámbitos inclusivos en entornos urbanos y rurales.
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La visibilización de la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres, junto con la comprensión de sus particularidades regionales, estimula la proposición de acciones más efectivas. Para muchas mujeres, por ejemplo, el trabajo agrícola es considerado como una extensión del trabajo en el hogar y sus contribuciones a la actividad productiva en el medio rural están subregistradas, pese a que 43% de la población mundial dedicada a la agricultura está compuesta por mujeres que desempeñan múltiples roles en extensas jornadas de trabajo.
De los 58 millones de mujeres rurales que viven en América Latina y el Caribe, 17 millones están registradas como económicamente activas y solo 4,5 millones son consideradas productoras agrícolas. Ellas son responsables de la producción del 51% de los alimentos en la región y pese a eso, un 40% no tiene ingresos económicos propios, solo el 10% cuenta con acceso al crédito y únicamente el 5% accede a programas de asistencia técnica. Sumado a esto, es importante destacar que las emergencias globales acentúan aún más las desigualdades de género.
Es por eso que la producción de iniciativas sensibles al género adquiere también un sentido de mayor urgencia tras la pandemia de covid-19, que profundizó problemas en la transversalización de género en políticas y programas, mientras los datos de los mercados laborales muestran que la recuperación avanza a una mayor velocidad en los puestos de trabajo ocupados por hombres que en aquellos que ejercen mujeres.
La pandemia no solo frenó avances hacia la paridad de género, sino que, además, generó nuevas barreras para las mujeres, sobrecarga de trabajo no remunerado, tareas adicionales de cuidados y pérdidas de ingresos y empleo, aumentando la brecha de género en la fuerza de trabajo. Por eso, resulta imprescindible que las estrategias de recuperación contemplen el agravamiento de estas brechas y que la reversión de esa realidad establezca un diseño con perspectiva.
Debemos tener en cuenta el poder que el acceso a internet y a la información poseen para favorecer el reingreso de las mujeres en el mercado laboral. Las nuevas tecnologías fomentan la difusión de conocimientos y reducen las distancias sociales, creando un escenario de renovados desafíos y oportunidades para empoderar a las mujeres. En un día de conmemoración y creación de conciencia sobre la importancia de la equidad y los derechos de la mujer, es hora de asumir en plenitud la responsabilidad de llevar adelante una agenda en favor de la inclusión plena y traducirla en políticas efectivas.
El acceso a la tierra y la propiedad, junto con la inclusión social y productiva de las mujeres, resultará en condiciones más ecuánimes de género que permitan alcanzar todas las iniciativas necesarias para construir una mejor sociedad en América Latina y el Caribe, con impacto en la igualdad sustantiva que buscamos.
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