Las viviendas allanadas en el barrio cerrado Aqua Village de la ciudad de San Bernardino ya se encuentran administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Los procedimientos fueron realizados en el marco del Operativo A ultranza Py.
Las casas allanadas están vinculadas al clan Insfrán, liderado por Miguel Insfrán y el pastor José Insfrán, quien actualmente se encuentra prófugo y está siendo buscado por la Fiscalía por su vínculo con el esquema de lavado de dinero y tráfico internacional de cocaína.
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También están vinculadas a Alberto Koube, quien ya se encuentra detenido por lavado de activos y tráfico de cocaína. Los procedimientos en el lujoso barrio cerrado estuvieron encabezados por los fiscales Deny Park, Fabiola Molas y Osmar Segovia. Se espera que en los próximos días haya más procedimientos.
El director Jurídico de la Senabico, Gonzalo García, explicó este domingo que están aguardando la tasación de todos los bienes incautados en el marco de los procedimientos de A ultranza Py, para poder determinar sus precios correctos y aplicar las medidas de administración.
“Los inmuebles vamos a estar ofreciendo en alquiler para que el producto de ese alquiler pueda ser utilizado en mantenimiento del inmueble. Todavía no tenemos los números de a cuánto asciende todo lo incautado y nosotros hacemos las valoraciones con tasadores de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el director en comunicación con la radio 1020 AM.
El Operativo A ultranza Py suma 35 allanamientos en los que fueron incautados una gran cantidad de bienes. La investigación se inició a finales del 2019 y ya lleva 27 meses de trabajo entre la Senad en coordinación incluso con la DEA (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos, la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía uruguaya.
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Seprelad sugiere avanzar con ley de transparencia de las oenegés
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin fines de lucro que actúan o trabajan influyendo en políticas públicas o través de alianzas con instituciones estatales. El ente recalcó el riesgo de que las oenegés sean utilizadas para hechos de corrupción, delitos financieros, financiamiento político, etc.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
Lavado de dinero, hechos de corrupción y otros delitos financieros. Estos apenas son algunos de los puntos por los que la Seprelad considera necesaria la aprobación del proyecto de ley que busca transparentar los fondos que reciben oenegés que operan en Paraguay.
Según el documento firmado por Liliana Alcaraz, titular de la Seprelad, esta normativa es crucial para prevenir que dichas organizaciones sean utilizadas para fines ilícitos, como el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
En la nota dirigida al senador Derlis Maidana, Seprelad resalta el riesgo potencial que representan las oenegés en Paraguay si no se implementan regulaciones adecuadas. La institución advierte que estas entidades, al no estar debidamente controladas, podrían ser vulnerables a ser utilizadas como vehículos para el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, especialmente aquellas que operan en áreas sensibles como la caridad, la asistencia social, la educación, y el desarrollo económico y religioso.
De hecho, sobradas evidencias muestran que algunas oenegés financiadas desde el exterior se convirtieron en guaridas de políticos que se dedican a una real campaña de persecución contra sus adversarios, con lo que se puede deducir que se volvieron un elemento de financiamiento encubierto de ciertos sectores políticos.
La Seprelad sostiene que una regulación prudencial del sector es imperativa, basándose en una Evaluación Sectorial de Riesgo (ESR) realizada en 2019. Esta evaluación concluyó que las oenegés que operan en Paraguay, especialmente en sectores como la asistencia social y la educación, presentan un mayor factor de vulnerabilidad. La razón principal es que muchas de estas organizaciones no están bancarizadas ni cuentan con políticas de transparencia adecuadas. Además, podrían estar vinculadas con socios o redes en jurisdicciones que han sido blanco de ataques terroristas o que tienen altos niveles de riesgo.
El informe de 2019 también señaló la ausencia de políticas de debida diligencia para identificar a los donantes y beneficiarios de las oenegés, así como la falta de procedimientos de control interno y registro de donaciones y fondos utilizados. Estos vacíos, según Seprelad, facilitan el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas o el lavado de activos ligados al financiamiento político, tráfico de armas vía bancos y financieras, que pasan a constituirse en ejes de investigación de la Comisión Bicameral recientemente conformada en el Congreso.
VARIOS SECTORES EXPUESTOS AL RIESGO
El informe de la ENR también destacó que, aunque hasta la fecha no se han identificado casos concretos de oenegés utilizadas por entidades terroristas en Paraguay, las organizaciones que se dedican a la caridad, la educación y los servicios sociales siguen siendo las más expuestas a estos riesgos. Esta vulnerabilidad fue reiterada en la Evaluación Sectorial de Riesgos de 2019, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco regulatorio adecuado.
Con base en estos análisis, la Seprelad considera fundamental la adopción de una ley que regule de manera prudencial el sector de las oenegés en Paraguay. Esta legislación no solo mitigaría los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que también alinearía al país con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante una evaluación realizada por el GAFILAT, la observancia de estos estándares por parte de Paraguay fue calificada de forma regular, destacándose la ausencia de una normativa adecuada para el sector de las oenegés.
En conclusión, la Seprelad insta al Senado a considerar seriamente la aprobación de este proyecto de ley. La falta de una regulación adecuada pone en riesgo no solo la transparencia y la legalidad de las oenegés que operan en Paraguay, sino también la seguridad financiera del país en general.
USADAS PARA ESCONDER A POLÍTICOS
El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fondos recibidos con la correspondiente documentación de respaldo.
El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.
Días atrás, Nación Media reveló la manera en la que algunas oenegés recibieron fondos extranjeros y nacionales que terminaron en manos de supuestos representantes de la sociedad civil, pero que en realidad hacían política proselitista.
Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien definido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la administración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones.
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Se inició otro juicio oral para líder del clan Rotela, acusado por narcotráfico
Comenzó el juicio oral y público para Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela, y varios acusados por integrar una estructura para el tráfico de drogas en Asunción y Central. El tribunal de sentencia que juzga a los acusados está integrado por Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos. El juicio se desarrolla vía telemática es decir, los acusados desde su lugar de reclusión en el caso de Rotela desde la cárcel de Emboscada.
El fiscal del caso, Luis Said, expuso ante el tribunal de sentencia la teoría del principal acusado que es Armando Javier Rotela de cómo lideraba las actividades criminales y a su vez explicó al colegiado que Rotela tenía a gente penitenciaria a su disposición.
El juicio oral proseguirá el próximo lunes 2 de septiembre a las 07:30 con la declaración de varios testigos propuestos por el Ministerio Público.
En la causa penal están procesados Vicente Chase, Carmen Carolina Ortiz Figueredo, Fredy Pérez, Carlos Damián Fernández, Ronald Cantero, Juan Rodas y Christian Martínez Medina. El Ministerio Público acusó a las personas citadas por los hechos punibles de detentación, posesión y comercialización de drogas peligrosas y asociación criminal.
Rotela está preso hasta 2046
El Ministerio Público logró unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.
De acuerdo al informe emitido por la institución judicial, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046. Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.
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Extraditan al Brasil a un hombre buscado por drogas y otros
Desde las 12:10 de hoy se lleva a cabo el proceso para la extradición del ciudadano paraguayo Rodrigo Alvarenga a la República Federativa del Brasil. El citado es requerido por el juzgado Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, del vecino país, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Ley de drogas, Organización Criminal y Lavado de Dinero.
Una vez resuelta la extradición de Alvarenga Paredes, el juzgado penal de Garantías N.º 2 de la capital a cargo de Alicia Pedrozo comunicó al fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Dolán, que el extraditable se encontraba apto para ser entregado en el territorio nacional, de conformidad a las previsiones del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur (Ley 2753/2005).
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Fue así que las autoridades competentes del Brasil remitieron el itinerario de búsqueda para la efectiva extradición y se pactó la entrega en el Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, para su inmediato traslado al Brasil.
Colaboró en el acto procesal y diligencias para el cumplimiento de dicha extradición el agente fiscal, Giovanni Grisetti, quien en su momento actuó de interino de Doldan en este proceso. Cumpliendo de esa manera con los parámetros legales nacionales e internacionales asumidos como País.
Una vez que llegue al Brasil el extraditable deberá comparecer ante un juez para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Caso Lalo Gomes: “No podemos permanecer indiferentes y callados”, dicen desde el PLRA
El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), mediante un comunicado, sentó posicionamiento sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, tras un allanamiento realizado el pasado lunes en su vivienda localizada en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, en el marco del operativo Pavo Real II.
A través del documento emitido por la principal agrupación de oposición en Paraguay, sostienen que no pueden permanecer “indiferentes y callados” ante esta situación que guarda relación con la vida política y de la República. De esta forma expresaron su “profunda preocupación por los últimos hechos ocurridos, que involucran nada más y nada menos que a un diputado nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Fuerza Pública”.
Asimismo, instaron al gobierno, al Ministerio Público y al Poder Judicial “al respeto irrestricto del Estado de derecho, haciendo que sus procedimientos estén ajustados a derecho, recordando que el mismo es un pilar fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática y justa para que todos, incluidas las autoridades, se sometan a las leyes vigentes, protegiendo así los derechos fundamentales y promoviendo la equidad y la justicia en el ejercicio del poder”.
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Por otra parte, solicitan que se adopten las medidas inmediatas y eficaces en el combate al crimen organizado, “cuyo crecimiento ha avanzado meteóricamente en nuestro país, infectándose en todos los niveles sociales y políticos, representando una seria amenaza para la República, la democracia y la sociedad toda”.
Señalan en el comunicado que desde el Partido Liberal Radical Auténtico “siempre nos encontrarán combatiendo en la línea de lucha por la consolidación del Estado de derecho y la protección de nuestros valores republicanos y democráticos, en pos de la justicia y prosperidad de la Nación”.
Antecedentes
El allanamiento se vincula con la imputación del legislador, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona, por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
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