Ciudad del Este. Agencia Regional.

Para el fiscal Manuel Rojas Rodríguez, el resultante de la Operación Turf en el condominio privado Paraná Country Club de Hernandarias no pasa solo por lo ocurrido el día del allanamiento en cuanto a la obstrucción de la que fue objeto la comitiva de la Fiscalía y de la Senad, que derivó en la fuga del narcotraficante Lindomar Reges Furtado, uno de los objetivos principales.

Dijo que una sospecha cierta es que la mayoría de los guardias de seguridad del country tienen un acuerdo privado para la ejecución de tácticas de aviso a varias personas ante la presencia de comitivas judiciales y demás intervenciones.

“Una de las aristas que se maneja actualmente dentro de la investigación es que, no uno, sino la mayoría de los guardias estaría teniendo, desde hace tiempo, una especie de acuerdo privado clandestino de comunicar a determinadas personas, moradores del country, colaborantes con ellos económicamente, de la llegada de comitivas judiciales”. Es lo que dijo el fiscal Manuel Rojas Rodríguez, entrevistado por La Nación.

Mencionó que un ejemplo de ese esquema es que, al entrar la comitiva, “salió raudamente un automóvil con una persona que seguramente creyó que era el objeto del allanamiento, siendo quizás otra de las avisadas”. Remarcó que tienen datos concretos sobre tácticas que utilizan para dar cobertura a quienes son sus “colaboradores”, pero que no los va a revelar porque corresponden a una investigación internacional iniciada en Brasil.

Te puede interesar: Cuestionan errores que permitieron la fuga del narco del Paraná Country Club

“Ellos (Policía Federal) manejan más información de determinados detalles de cómo se manejaba Lindomar Furtado en el country, la investigación incluía llamadas interceptadas, escuchas telefónicas, probablemente una cantidad importante de agentes encubiertos”, manifestó el fiscal sobre el proceso que los llevó hasta el condominio privado, el lunes pasado.

Sostuvo además que la información manejada por los federales de Brasil es compatible con la sospecha que tienen acá en Paraguay de cómo se daba cobertura para que determinadas personas sean avisadas de cualquier operativo judicial.

Tres policías federales del vecino país acompañaron el allanamiento a la vivienda de Furtado y pudieron ver todo cuanto pasó, según Rojas. “Acompañaron la comitiva, quedaron muy frustrados, dedujeron claramente qué sucedió para la huida, ellos manejaban la información más detallada sobre la ubicación de Lindomar y qué vehículos utilizaba. Nosotros estábamos actuando con base en informaciones que ellos proporcionaron”, indicó el fiscal de la Unidad Antidrogas de Ciudad del Este.

Lea también: Arde Ayolas: bomberos reportan 10 incendios en la zona y están desesperados

El fiscal Manuel Rojas dijo que tiene más de cien incursiones operativas en el Paraná Country Club durante los 23 años de ejercicio y todos los guardias lo conocen, por lo cual el argumento de no ser conocidos en la caseta de seguridad no es real. Esto atendiendo al comunicado emitido por el condominio privado.

Remarcó que, regularmente, no exhiben ni sus tarjetas ni otro documento cuando se presentan a la caseta de control porque el personal ya los reconoce, o por sus insignias de la Fiscalía o ven que se trata de una serie de vehículos sin distintivos, uno tras otro, que reconocen como operativos y abren en forma inmediata el acceso.

No obstante, recordó que sí ya ocurrieron otros intentos de obstaculizar el ingreso, que en esta oportunidad fue muy evidente. Consultado sobre cómo se entiende que la Senad no haya dejado personal en la entrada, mencionó que se presentaron dos policías del puesto que funciona dentro del country y a ellos el fiscal Manuel Doldán (Unidad de Asuntos Internacionales) ordenó que controlen la salida y la misma orden fue dada al jefe de seguridad del Paraná Country, exjefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.

“La decisión de no atropellar la barrera en ese momento es de los operativos, no del fiscal, el fiscal no es policía, no tenía pistola, y le puedo asegurar que si los dos fiscales no descendíamos de nuestros vehículos a amenazar, ejerciendo coacciones legales, incluso ordenando la detención del jefe de seguridad, no nos iban a abrir, íbamos a tardar más de media hora allí”, enfatizó.