Pedro Ovelar, abogado del expresidente de la República Horacio Cartes requirió la aplicación de sanciones contra los repre­sentantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolabo­radores ante el bombardeo de chicanas con el afán de para­lizar la causa conocida como “filtración de datos financie­ros confidenciales manejados por la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)”.

“El interés es que el caso no avance, y esto debe pararse a través de las sanciones a los abogados. La justicia no puede permitir ni tolerar este tipo de conductas. Este tipo de conductas procesales lo que demuestra es que ellos no tienen absolutamente nin­guna posibilidad de discutir el fondo de la cuestión por­que quedan descubiertos, evidenciados de ser parte de un terrorismo de Estado con el uso de las institucio­nes públicas para perseguir a un adversario”, manifestó en una entrevista con el pro­grama “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Mario Abdo, Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espí­nola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por el Ministerio Público por los hechos puni­bles de revelación de secre­tos de servicio, revelación de secretos privados por funcio­narios o personas con obliga­ción especial, inducción a un subordinado a un hecho puni­ble, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpa­ción de funciones públicas y asociación criminal.

La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecu­ción política de la cual fue víc­tima el expresidente de la Repú­blica, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones gene­rales del año 2023.

En la causa ya fueron acusa­dos los miembros de su gavi­lla, quienes deberán enfren­tar un juicio oral y público. Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pen­diente de tratamiento el desa­fuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de Espínola, actual diputado.

Reconocidos abogados del foro, que con legítima atribución representan a sus defendidos, se pasaron bombardeando el proceso presentando innumerables chicanas contra los fisca­les, contra la jueza, contra el tribunal de alzada y hasta contra el fiscal general del Estado. Las acciones de estos abogados, que sin ninguna duda actúan con mala fe, solo sirvió para paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que tra­ben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.

Siguiendo esta misma línea dilatoria, otro que tampoco pre­tende echar luz sobre el proceso fiscal es el expresidente Abdo Benítez, quien el fin de semana aseguró que no acudirá a la con­vocatoria hecha por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para exponer argumentos sobre el desafuero que solicita la justicia (tanto suyo como de su escudero, el diputado Mauricio Espínola).

En el documento de la acusación se hace un relato minucioso y pormenorizado de cómo, durante los años 2021 y 2022, el entonces presidente Abdo Benítez gestó un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado.

Los fiscales Silvia González y Christian Benítez resaltan en su acusación que la hipótesis sostenida por el Ministerio Público se funda en los elementos probatorios que demuestran en forma cierta la existencia de los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio, cometidos por Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene.

El informe de extracción de datos de correos electrónicos, autorizado judicialmente el 24 de enero de 2024, fue una de las principales pruebas presentadas. La pericia, realizada por la ingeniera María Victoria Fleitas Valiente, permitió acceder a información crucial almacenada en el servidor de la Seprelad. Se extrajeron correos electrónicos y archivos adjuntos (Word, Excel y PDF) de los funcionarios implicados, entre ellos, Carlos Arregui, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, en el período comprendido entre diciembre de 2021 y junio de 2022.

Este procedimiento fue ejecutado en dos fases. La primera se llevó a cabo el 7 de febrero de 2024 bajo la supervisión del entonces fiscal de la causa Aldo Cantero, con apoyo del Laboratorio Forense. La segunda tuvo lugar el 28 de febrero del mismo año.

Los hallazgos de estas pericias pudieron armar la cronología del modus operandi durante el gobierno anterior. Los peritos informáticos lograron recuperar conversaciones internas y órdenes enviadas por altos funcionarios de la Seprelad, en las que se detallan instrucciones sobre cómo elaborar informes que perjudicarán a Cartes y sus empresas. Es decir, estas instrucciones eran direccionadas, en abierta violación a procedimientos de Seprelad.

Entre ellas, aparece la de Luis Gustavo López Velázquez, comisario principal de la Policía Nacional, quien señaló que informó al entonces comandante de la Policía Nacional, Luis Ignacio Arias, sobre un pedido de información proveniente de Panamá referente a Horacio Cartes. Según su declaración, Arias comunicó el pedido al presidente Abdo, quien instruyó que la información fuera canalizada a través del ministro de la Seprelad, Carlos Arregui.

Este pedido se filtró y generó el enojo de Panamá ya que se presentó la noticia como que existía una investigación en Panamá por lavado de dinero, cuando solo fue una consulta puntual y Cartes tenía antecedentes penales y judiciales.

Otros testimonios sumamente importantes fueron de los funcionarios de la Seprelad. Derlis Ruiz Báez describió cómo recibió órdenes directas de Guillermo Preda para buscar información en los sistemas de la institución y elaborar un informe, supuestamente, a solicitud de la Fiscalía panameña.

También Inés María Yambay Zárate, analista financiera de la Seprelad, testificó sobre su participación con Daniel Farías en la elaboración de un archivo de análisis financiero de la Tabacalera Tabesa SA, cuyo objetivo era vincular transacciones con posibles maniobras de justificación de fondos. Una vez culminado el trabajo se remitió a Guillermo Preda y a su vez a Derlis Ruiz a fin de que sea agregado al Informe de Inteligencia Financiera. Al agregarse al Informe de Inteligencia hicieron suposiciones antojadizas sin sustento probatorio para simular existencias de hechos punibles.

De igual modo, Rocío Celeste Peña Estigarribia, directora interna de la Dirección General de Análisis Financiero “A”, relató que su labor consistió en la minería de datos para elaborar informes de inteligencia financiera contra Horacio Cartes y empresas vinculadas. Esto sirvió de insumo para sostener el informe final falseado y fraguado.

Las pruebas obtenidas a partir de estas pericias y testimonios fortalecen la acusación de que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se estructuró un esquema de manipulación de investigaciones contra los adversarios políticos.

Pese a todas estas evidencias, la oposición defiende a Abdo, al igual que la prensa abdista cómplice del terrorrismo de Estado y que esta semana convoca a una marcha para defender al expresidente de la “persecución política”. Sumarse a la marcha, es sumarse a la defensa del corrupto gobierno de Abdo. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El senador Derlis Mai­dana calificó como una maniobra polí­tica el pedido realizado por sus colegas abdistas Lilian Samaniego y Rafael Filiz­zola para que el expresidente Mario Abdo Benítez compa­rezca ante la Comisión de Asuntos Constituciona­les con el fin de exponer las razones de su solicitud de desafuero, ignorando que el cuerpo legislativo no tiene facultades investigativas.

“Se estila en todos los pedi­dos de desafuero escuchar al afectado para que pueda dar su versión sobre los hechos, algunos lo hacen y otros no, pero en torno al caso de Abdo es una maniobra dilatoria en razón a que el propio exmandatario ya ha manifestado públicamente, incluso presentó una nota solicitando su desafuero”, indicó Maidana, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

La solicitud para despojar al líder del movimiento Fuerza Republicana de sus fueros fue remitido al Congreso Nacional el 14 de marzo del año 2024, tras la decisión de la jueza de garantías, Cynthia Lovera, de admitir la impu­tación formulada por la Fis­calía; sin embargo, la soli­citud quedó pendiente de tratamiento ante la defensa férrea de sus aliados oposito­res, quienes cabalgan sobre el discurso de que la imputación en su contra se trata de una supuesta persecución política.

“Nosotros creemos que hay indicios suficientes de que se montó un esquema durante el gobierno de Abdo Benítez, utili­zando información confidencial para fines políticos electorales. Seguimos manteniéndonos en nuestra postura histórica de que él y cualquier otro parla­mentario sometidos en esta causa deben tener las manos libres, que el Senado le quite sus fueros”, refirió Maidana.

La suspensión del proyecto metrobús, una de las grandes obras promovidas durante el gobierno de Horacio Cartes que iba a beneficiar a miles de usuarios del transporte público, terminó generando graves consecuencias para el Estado paraguayo. La suspensión, decidida de manera insólita por la administración de Mario Abdo Benítez, no solo tuvo un perjuicio serio para el transporte urbano del área metropolitana de Asunción, sino que terminó exponiendo al país a una demanda multimillonaria. Los artífices de este enorme daño fueron Mario Abdo Benítez y su ministro de Obras Arnoldo Wiens, quienes en lugar de gestionar y optimizar el proyecto, de llevarlo adelante –dada la importancia del servicio– optaron por una cancelación abrupta, motivados por un revanchismo político inaudito.

La consecuencia inmediata fue una demanda de la constructora portuguesa Mota Engil, encargada del proyecto, que reclamó –como era lógico– ante tribunales internacionales una compensación millonaria por la suspensión. La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares, considerando los intereses. Esto es una carga financiera significativa para el país, derivada de una gestión cuestionable de los fondos y proyectos de infraestructura.

La intervención de la Procuraduría General de la República del Gobierno actual, encabezada por Marco Aurelio González, ha sido crucial para frenar esta enorme sangría de fondos. Gracias a su recurso, un tribunal de cuentas revirtió el fallo inicial, reduciendo restrictivamente la condena y permitiendo al Estado paraguayo ahorrar unos 16 millones de dólares. Este logro representa un importante respiro para el país y refleja el esfuerzo por proteger los recursos públicos.

La decisión de suspender el metrobús y no explorar opciones viables para continuar con el proyecto mostró una evidente falta de visión y de que la motivación se basaba en el revanchismo y en discontinuar políticas y programas que habían comenzado en el mandato anterior. La urgencia de dar soluciones para ofrecer un transporte para Asunción y área metropolitana fue reemplazada por la maliciosa decisión de cancelar la obra, en un proceso que hoy a todas luces fue una irresponsabilidad.

La Procuraduría General no solo salvaguardó el interés económico del país, sino que expuso las consecuencias de decisiones mal fundamentadas en proyectos de alto impacto. Este caso ilustra cómo la gestión de Abdo no solo privó a la ciudadanía de un sistema de transporte digno, sino que también puso en riesgo los fondos públicos, que finalmente serían dirigidos al pago de la sanción impuesta por el laudo arbitral. Pago que, afortunadamente y por acción de la actual administración de gobierno se evitará una grave sangría.

La derivación del caso metrobús refuerza la necesidad de que los proyectos de infraestructura no se vean como puntos de fricción política, sino como verdaderos compromisos con el desarrollo, donde la necesidad de satisfacer las grandes demandas ciudadanas, sean satisfechas y no relegadas por el simple hecho de haber sido propuestos por un gobierno contrario.

El resultado dado por la Justicia, que consideró que el laudo arbitral ni siquiera consideró las leyes paraguayas, también pone en evidencia la importancia de valorar en su real dimensión y el impacto que pueden tener la decisión de cancelar o suspender obras, sobre todo cuando estas involucran a empresas internacionales y comprometen el patrimonio del país.

Con la procuraduría alcanzado un logro de carácter histórica, y evitar que el Paraguay pague más de 16 millones de dólares, queda claro que es posible resguardar los intereses nacionales, aunque se trate de corregir errores de gobiernos anteriores que pusieron en riesgo estos mismos intereses por represalias políticas.