El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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La vacuna hexavalente acelular sigue siendo fundamental para proteger a los niños y niñas desde los 2 meses hasta los 18 meses de edad. Esta vacuna, disponible en todos los centros vacunatorios del país, reemplaza a las vacunas pentavalente y antipolio, brindando protección contra seis enfermedades graves: difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B.

La Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) apoya al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de su campaña Vacunarse es poder. Desde el año 2023, cuando fue incorporada al esquema regular de vacunación, ha demostrado ser una opción eficiente para reducir el número de inyecciones que los bebes deben recibir.

Esto no solo alivia el dolor de los niños durante el proceso, sino que también reduce el estrés de las familias al simplificar el esquema de vacunación, debido a que tienen un excelente impacto y otorga muchos beneficios.

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La vacuna hexavalente no solo protege contra estas enfermedades potencialmente peligrosas, sino que también previene complicaciones graves. Al proteger a los niños, se reduce la carga sobre el sistema de salud y se mejora la calidad de vida de las familias y la comunidad en general.

La Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) respalda con fuerza esta iniciativa a través de la campaña “Vacunarse es poder”, la cual busca crear conciencia sobre la importancia de seguir el esquema de vacunación recomendado. Los expertos recalcan que las vacunas son seguras, efectivas y esenciales para prevenir enfermedades serias en los niños.

Paraguay es un ejemplo para seguir en Latinoamérica, siendo el cuarto país en la región en incluir la vacuna hexavalente en su calendario de vacunación, después de Panamá, Chile y México. Desde abril de 2023, todos los niños y niñas nacidos en Paraguay tienen acceso a esta vacuna a los 2, 4, 6 y 18 meses de vida.

Para cualquier consulta, los padres pueden llamar a la línea gratuita 138, disponible de lunes a domingo de 07:00 a 19:00, desde cualquier teléfono en todo el país.

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La delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) visitó la comunidad Yakye Axa. El juez Rodrigo Mudrovitsch destacó los trabajos hechos por el Estado paraguayo que permitieron a las familias contar con tierras alternativas, servicios básicos garantizados y un camino de acceso de todo tiempo, que anteriormente no tenían.

“Hoy podemos visitar a la comunidad en sus tierras alternativas y no en la orilla de la ruta, donde permanecieron durante años”, expresó el vicepresidente de la Corte IHD, quien encabeza la comitiva. El magistrado recordó la visita realizada en 2017, cuando la condición de las familias de Yakye Axa era muy precaria.

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Señaló que en aquella ocasión la situación no había variado desde la emisión de la sentencia, debido a que sus miembros continuaban viviendo en condiciones muy precarias y peligrosas, recordó el juez Mudrovitsch. Señaló que en esa ocasión, solo pudieron recorrer el primero de los tres tramos de acceso a las tierras alternativas, sin embargo, hoy lo hicieron en la totalidad del camino, destacó.

Mudrovitsch destacó que este camino de acceso es fundamental, puesto que la aceptación de las tierras alternativas por la comunidad Yakye Axa estuvo condicionada a su construcción y destacó que se observan algunas diferencias con relación a la situación constatada con anterioridad.

El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Juan Ramón Benegas, resaltó que el Estado paraguayo está realizando un trabajo interinstitucional, comprometido con hacer llegar los beneficios a las comunidades.

La actual visita de la CIDH tiene como propósito escuchar y verificar “con ojos propios” tanto las preocupaciones de la comunidad como los esfuerzos impulsados por el Estado en los aspectos pendientes de implementación de la sentencia.

La visita permite supervisar la implementación de medidas, contrastar la realidad e identificar las circunstancias que están obstaculizando el pleno cumplimiento de las medidas de reparación pendientes. Asimismo, establecer compromisos concretos para el cumplimiento total de las reparaciones, explicó el juez Mudrovitsch.

La delegación de la Corte IDH concluirá este jueves sus visitas a las aldeas indígenas y para el viernes tiene previsto reunirse con ministros de la Corte Suprema de Justicia, el procurador General de la República, entre otras audiencias en el marco de su misión al país que concluye ese día.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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