El presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, lamentó la reacción tardía del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en torno a la activación del protocolo de seguridad en las instituciones educativas del país y luego del asesinato de la directora del Colegio Nacional San Gervasio, Sofía Rodríguez, apuñalada por su alumno en Colonia Independencia. El gremio de directores venía reclamando insistentemente medidas concretas a las autoridades educativas, pero recién ahora se instaló un comité de crisis.

“La verdad que llegamos tarde una vez más. Es la segunda que estoy anunciando. La primera vez fue cuando dije que iba a caer el techo de una escuela y que iba a haber un mini-Ycuá Bolaños, por el problema de infraestructura. Y se cayó el techo de la escuela Nuestra Señora de la Asunción, sobre la avenida Venezuela”, señaló Marecos.

Dijo que cuando se desplomó el techo afortunadamente no había alumnos porque el episodio se dio durante el feriado de Semana Santa, por lo que calificó “un milagro de Dios”.

Así también, el representante del gremio de directores recordó que hace algunos meses venían reclamando con vehemencia a las autoridades del MEC articular mecanismos de control eficientes para filtrar situaciones de riesgo tanto para los alumnos como para el plantel docente. Para ello se planteó instalar una mesa técnica para abordar la problemática. “Hace un mes, por iniciativa del gremio de directores, nosotros convocamos a esta reunión multisectorial. Le pedimos al ministro que él articule eso con la Senad, Policía Nacional, Ministerio de la Niñez, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Federación de Padres y Federación de Estudiantes”, recordó.

Explicó que la idea era precisamente debatir y elaborar una hoja de ruta para impulsar acciones a corto, mediano y a largo plazo. “Porque el consumo y la venta de drogas en las escuelas y colegios estaban aumentando en progresión geométrica. Más rápidas que las medidas que están tomando a través del Gobierno”, expresó.

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Marecos manifestó que también se alertó en su momento sobre la portación de armas (cuchillo, pistola, cortaplumas). “Era impresionante en las escuelas”. “Entonces, algo teníamos que hacer, parar eso. Porque estábamos viendo que cada uno por su lado hacía su trabajo, pero tampoco un trabajo serio”, fustigó.

Detalló que tras aquel planteamiento por escrito hecho por el Sinadi, el ministro de Educación, Nicolás Zárate, tomó nota y convocó a dos sucesivas reuniones. Se logró incorporar un soporte jurídico para implementar controles en las mochilas de los alumnos con autorización de los padres, y ante algún tipo de sospecha en la conducta del estudiante.

“La segunda reunión fue el día que falleció la directora. Elaboramos la hoja de ruta, eso hay que reconocer. Por ejemplo autorización voluntaria de los padres para poder revisar las mochilas cuando nosotros los directores o los docentes creemos que hay algo. No todos los días ni en forma aleatoria, sino cuando presumimos que hay algo, alcohol o droga”, refirió.

El vocero de los directores confirmó que este lunes 5 se firmará el acuerdo entre los integrantes del comité interinstitucional para la puesta en marcha de las medidas a ser implementadas en los colegios. “Se va a empezar a trabajar en estos dos meses de gobierno con todas las instituciones que están en zona roja. La Policía tiene exactamente localizadas cuáles son las zonas de mayor riesgo en este momento en Central”, adelantó. Ese día también se lanzará el proyecto de la “mochila segura” impulsado desde el MEC.

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Por otro lado, el presidente del Sinadi habló del marcado déficit en las instituciones en el campo de la psicología, puesto que existen apenas 500 profesionales y la necesidad real es de 1.500, según datos oficializados por el propio MEC. Consideró que existe una orfandad en materia de orientación, al mencionar que los psicólogos fueron cesados en sus funciones e incorporados como docentes durante la gestión de Eduardo Petta.

“Hay dos agregados más que son negativos para nosotros. Uno es que desaparecieron los psicólogos, evaluadores, profesores guías y orientadores. Porque los que se jubilaron no se repusieron los rubros y además, en la época de Eduardo Petta todos estos psicólogos pasaron al aula”, relató.

Es así que las aulas dejaron de contar con el soporte profesional para realizar la contención y el seguimiento ante situaciones conflictivas. Urgió la reincorporación de estos especialistas. Marecos cifró sus esperanzas en el nuevo gobierno para mejorar las condiciones de infraestructura y el combate al microtráfico en las escuelas y colegios.

“Se necesitan por lo menos 500 psicólogos ahora y el próximo año aumentar eso. Yo creo que tenemos la ventaja de que el presidente Santiago Peña está al tanto de esto que está pasando y dijo que va a tomar la educación como una bandera”, indicó.

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El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) de instituciones educativas afirma que el proyecto de ley que despenaliza el autocultivo y consumo de marihuana, sancionado por el Congreso Nacional y que aguarda su promulgación por parte del Ejecutivo, va en contra de la Ley 6.007/17 “Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, por permitir el cultivo en casa.

Por ello, Sinadi solicita al Poder Ejecutivo el veto parcial de la ley para que vuelva al Legislativo y sea bien analizado, propone también la creación de una cámara paraguaya de cannabis industrial a través de una mesa de diálogo con todos los autores de la sociedad, según comunicado emitido por el sindicato.

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“Nosotros queremos que el presidente haga un veto parcial por todos los errores que está teniendo este proyecto de ley. Esto va a hacer que todo el mundo, con resguardo de esa ley, cultive y quien sabe qué puede cultivar. No tenemos nosotros capacidad de control en el país, solo la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas). Imagínense si todas las familias puedan cultivar eso y quién sabe quién pueda estar detrás de eso”, explicó Miguel Marecos, secretario ejecutivo del Sinadi.

El gremio de directores señala que existen en total 12 empresas con licencias que pueden cultivar de forma controlada el cannabis medicinal en el departamento Central bajo un estricto control de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Afirman que no existe certeza de que se cultive otro tipo de marihuana bajo un estricto control.

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“La marihuana que se produce en Paraguay tiene un alto contenido de THC (componente psicoactivo del cannabis) y un contenido muy pequeño de CBC, que no se puede extraer de forma artesanal en casa, debe ser a través de un laboratorio. De aplicarse la ley como está, muchas personas producirán el aceite de cannabis con alto contenido de THC, lo que sería contraproducente y nocivo para la salud”, expresa parte del pronunciamiento del Sinadi.

En ese sentido, el Sinadi asegura que el proyecto es muy generalista y permisivo, sin regulación ni control adecuado, por lo que impulsa la creación de una cámara de cannabis industrial para trabajar en conjunto y analizar las diferentes aristas que supone el rubro del cannabis, creando normas adecuadas para este nuevo paradigma industrial. También propone establecer alianza entre el sector público y privado para dinamizar el rubro y transparentar la concesión de las licencias.