El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Con la palada inicial, el gobierno departamental de Guairá dio comienzo a la construcción de la sala de unidades de terapia intensiva neonatal del Hospital Regional, en una inversión histórica que llega al departamento después de cinco décadas, según destacó el gobernador, César Sosa.

“Hoy marcamos un antes y un después con el inicio de la construcción de la sala de unidades de terapia intensiva neonatal en el Hospital Regional, una nueva infraestructura que llega después de 50 años. Nuestro gobierno departamental sigue firme en su compromiso con la vida, la salud y el bienestar de nuestra gente. Esta obra no solo es un paso gigante en la atención médica, sino también una promesa cumplida para brindar esperanza para todos los guaireños”, expresó Sosa.

Dicha infraestructura contará con 16 camas, de las cuales 8 serán de terapia intensiva y 8 de terapia intermedia. Además de esta obra, también se llevarán adelante los trabajos de refacciones que son necesarias en el hospital, según anunció el gobernador, quien señaló que estas retribuyen la confianza depositada por los electores en las elecciones del pasado 30 de abril del 2023.

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“El departamento de Guairá merece obras y es eso lo que hoy venimos a conseguir, en compañía de muchas autoridades, del Ministerio de Salud, mis agradecimientos a la doctora María Teresa Barán por su gran trabajo y predisposición cuando fui a pedir terapia neonatal, desde el día uno me abrieron las puertas en el ministerio y cómo no salir a trabajar en equipo si podemos conseguir grandes cosas”, manifestó Sosa.

Por su parte, Cristian Matto, director del Hospital Regional de Villarrica resaltó la importancia de esta obra no solo para Guairá, sino también para los departamentos aledaños, puesto que esto permitirá que las mujeres embarazadas que presenten algún inconveniente al momento del parto, ya puedan ser atendidas en este hospital, sin necesidad de derivarlas hasta Asunción.

Asimismo, el director regional del hospital ya se encuentra realizando las gestiones para capacitar y contratar al personal de blanco necesario para esta unidad de modo a dotar de recursos humanos con aptitudes en un área tan sensible. “En su campaña había dicho que no se iba a olvidar de la salud y con esto está dando honor a su palabra”, destacó Matto.

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Preocupa la cantidad de niños atendidos en el área de Salud Mental del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu. Las autoridades alertan sobre el aumento de casos de depresión infantil y conductas suicidas.

“La población que está internada es de aproximadamente 200 pacientes en cinco meses. La mayoría, en promedio un 80 % son por conductas suicidas”, señaló el doctor Nelson Sánchez, jefe de la Unidad de Salud Mental al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Dijo que siguiendo los paradigmas internacionales debería ser un foco de atención para activar los mecanismos preventivos. “Tenemos que estar alarmados para la prevención justamente. Entonces, tenemos que poder reconocer los factores de riesgos, promover el conocimiento y la desestigmatización de lo que son los trastornos mentales en niños y adolescentes”, subrayó.

El médico manifestó que los niños también pueden sufrir ansiedad y se estresan mucho más fácilmente que los adultos. “También pueden querer suicidarse, entonces es muy importante que los adultos podamos detectar tempranamente los factores de riesgo y los síntomas”, puntualizó.

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El profesional instó a los padres a acudir a los centros asistenciales ante cualquier cambio conductual que observen en sus hijos para que puedan ser asistidos por un profesional.

“Sería muy interesante poder reconocer factores de riesgo: sufrir de ansiedad, tener algún trastorno mental ya diagnosticado. La historia familiar aumenta también la probabilidad, eventos traumáticos como abuso sexual, violencia en la casa. El bullying está muy minimizado, pero tiene riesgos catastróficos en los chicos”, indicó.

En este punto, el doctor Sánchez consideró “demasiado importante” el rol del maestro en la detección de los signos de alarma de los chicos que emiten señales como que se están apagando y no tienen ganas y su estado de ánimo está en baja.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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