Este jueves, desde el Ministerio de Salud respondieron al pedido de la madre de una niña con Atrofia Muscular Espinal (AME) y confirmaron que, tanto el medicamento como los insumos, serán provistos para su tratamiento. Familiares de la paciente se estaban manifestando frente a la institución y amenazaron con llevarse a la pequeña.

Esta mañana, Ana Duarte, junto con otros familiares, llegó hasta el ministerio para solicitar una vez más que puedan ofrecer el tratamiento que requiere su pequeña, para que pueda tener una mejor calidad de vida. La niña fue diagnosticada con AME a los tres meses y ahora tiene 3 años; hasta el momento, no han tenido respuesta para su medicación.

“Mi hija tiene tres años y está conectada a un respirador. Hace un año y ocho meses que salimos del hospital, está con el respirador en casa. Recurrimos a un amparo judicial y fue favorable para mi hija en el mes de junio y hasta ahora no tenemos respuesta”, detalló la mujer, en “Arriba Hoy” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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Unos minutos después de la transmisión del programa, la mujer recibió la llamada del Ministerio de Salud y también del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Le confirmaron que un equipo está realizando las gestiones para que su hija acceda a la medicación y a los insumos que requiera para su tratamiento. La pareja gasta al menos G. 6 millones mensuales para su niña.

“Me llegó el insumo el mes pasado en el Hospital de Acosta Ñu y este mes ya no llegó. No se hizo el proceso o si no debía retirarlo cada mes. Siempre me dicen que está encaminado y no hay solución. Los gastos en insumos son todos los meses, no como ellos piensan, un mes sí y otro no”, confirmó.

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Tras ser detectada una conexión irregular de energía eléctrica utilizada presumiblemente para actividades de criptominería, una comitiva realizó una intervención en la colonia Ybyporã, localidad de La Paloma del Espíritu Santo. Acudieron funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) acompañados por personal del Ministerio Público y la Policía Nacional procedieron a la intervención de la vivienda.

Durante el operativo resultó detenido Ángel Ignacio Caballero Gayoso, de 28 años, residente en Ciudad del Este. En su poder se hallaron una pértiga para maniobras en redes eléctricas de media tensión, una notebook y una antena satelital.

Durante una verificación técnica realizada por funcionarios de la Ande, se constató una derivación en media tensión sin medidor, y en el inmueble se encontraron más de 200 equipos procesadores dedicados a la criptominería.

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Finalmente, todos los equipos fueron incautados junto con un transformador de 1.000 kVA, así como conductores, conectores y otros equipos eléctricos; todo esto fue trasladado hasta el depósito de la ANDE en Saltos del Guairá por disposición del fiscal interviniente Carlos Cabrera.

Según el reporte de los técnicos de la ANDE, el daño patrimonial estimado por la conexión ilegal asciende a 552 millones de guaraníes, monto que, junto con los gastos operativos y multas correspondientes, deberá ser resarcido por los responsables del inmueble.

En cuanto al detenido, el mismo permanece bajo custodia en la comisaría primera de Saltos del Guairá y enfrentará cargos por sustracción ilegal de energía eléctrica y otros delitos conexos. Cabe destacar que los responsables de este tipo de delitos se exponen a sanciones que incluyen penas privativas de libertad de hasta 10 años.

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La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

En la ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, se realizó ayer martes la inauguración de una nueva planta de la industria alimenticia, que tendrá un gran impacto en la zona por la cadena de valor que representa, tanto por la generación de mano de obra, implementación de materia prima local, entre otros aspectos.

Es lo que informaron desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), tras haber participado el titular de la cartera, Javier Giménez, del acto de inauguración de la nueva empresa en el este del país, que apuesta por la materia prima y la mano de obra paraguaya para la elaboración de sus productos, dijo.

Se trata de “Alimentos del Este E.A.S”, especializada en la elaboración y distribución de magdalenas, con una capacidad de producción de 150.000 unidades por cada turno, para lo cual fue necesario una importante inversión, 100 % nacional.

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El volumen de producción implica un significativo impacto en la industria alimentaria nacional, por la alta demanda de insumos locales que serán implementados como harina, azúcar, aceite vegetal y huevos, a más de los complementos para el packaging y la presentación de los productos.

“Este tipo de iniciativas no solo generan empleo directo, sino también impulsa una red de proveedores y puestos de trabajo indirectos, creando un círculo virtuoso que beneficia a toda la región. Es ejemplo de resiliencia empresarial y de adaptación ante los desafíos del mercado”, expresó Giménez.

En tanto que el directivo y socio de la empresa, Marcos Ortiz, señaló la importancia de la inversión y el trabajo conjunto con las autoridades para fortalecer la industria nacional, al tiempo de agradecer al MIC por el apoyo. “Estamos seguros que Alimentos del Este representa una gran esperanza para el desarrollo económico, ofreciendo productos fabricados con materia prima 100 % paraguaya”, mencionó.

Asimismo, Ortiz enfatizó la necesidad de un compromiso colectivo para mejorar la competitividad y oportunidades laborales en el país. Adelantó que la fábrica “Alimentos del Este” no solo promete abastecer al mercado local, sino que también tiene planes de expansión hacia mercados internacionales.

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