El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

Se cumplió un año de la actual administración, y sin embargo los avances en términos de gobernanza, a pesar de las buenas intenciones, han sido insuficientes.

El cúmulo de deuda que el IPS sigue manteniendo con las industrias farmacéuticas sigue acrecentándose (incluido intereses moratorios y punitorios), ascendiendo a aproximadamente USD 600 millones, lo cual aplicando un criterio innovativo y creativo, a esta altura ya se pudo haber encontrado una solución financiera paliativa.

La anterior administración ha sido ultradeficiente y desprolija, dejando “muchas herencias” que no son fáciles de revertirlas rápidamente, pero no podemos seguir “llorando eternamente” sobre la leche derramada.

Doce meses han sido un lapso de tiempo más que suficiente que les pudo haber permitido a sus autoridades estructurar una solución al descalce financiero institucional.

Dicen que siguen trabajando intensamente, buscando alternativas, pero el tiempo transcurre inexorablemente y las deudas con proveedores aumentando cada vez más.

El problema financiero del IPS es coyuntural, por lo que habiendo instrumentos financieros disponibles como nuestro mercado de capitales, no hayan hecho uso de esta importante herramienta, emitiendo bonos en guaraníes de renta fija de largo plazo, con lo cual el nivel de endeudamiento con terceros ya pudo haber sido amortizado en un monto importante, junto a un flujo de fondos proyectado que debería ir recomponiéndose con lo que el IPS se supone estaría en condiciones económica-financiera de hacer frente al repago de capital e intereses devengados en los próximos 5 años.

Los asegurados con justa razón siguen clamando todos los días la falta de medicamentos para la atención de diversas patologías, pero ante la carencia en stock, se ven obligados a recurrir a sus propios peculios (los que pueden) para adquirirlos en farmacias del sector privado, quedando muchos con las ganas por carecer de capacidad de compra.

Celebraron que aproximadamente 30.000 funcionarios del sector privado se han formalizado ingresando como aportantes, pero surge la interrogante, si con menos asegurados no tienen la capacidad para atender en forma integral la salud de los mismos, el remedio podría ser “peor que la enfermedad”, al tener que hacer frente a un mayor universo.

Los recursos genuinos disponibles siguen siendo finitos o limitados vs. las ingentes necesidades que deben ser atendidas y cubiertas en tiempo y forma.

La de la reforma de su Carta Orgánica octogenaria a través de una nueva ley que les permitirán ampliar y diversificar el abanico de oferta de productos financieros y no financieros, no deberá tener vuelta atrás, sumado a la ingente necesidad de regularizar la situación de cientos de inmuebles carentes de títulos de propiedad ociosos y comercializables que generen fuentes de ingresos adicionales además de locatarios que siguen pagando alquileres irrisorios desde hace años por debajo a los valores reales de mercado, que permitan al IPS fortalecer su posición económica-financiera, dejando de tener que recurrir a sus reservas técnicas.

Queda mucho por hacer en una institución de complejidad importante, tornándose necesario contar con el capital humano capaz e idóneo que analicen y evalúen profesionalmente alternativas orientadas a una solución de fondo al cumulo de problemas financieros que enfrenta la entidad.

Sus directivos deberán “remangarse” y lograr la amortización del saldo pendiente actual de la deuda con los proveedores de medicamentos que se constituye en la espina dorsal del buen funcionamiento de los hospitales en todo el país.

Decir, trabajamos intensamente todos los días más de 12 horas no es suficiente y tampoco significa ser productivo. Con menos horas, pero diferenciando lo urgente de lo importante y trabajando en equipo y no en compartimentos estancos podrán lograr los objetivos y metas.

Estamos en pleno siglo XXI y lo profesional y técnico si bien se complementa con lo político, es mucho más importante para el buen gerenciamiento de esta institución, más aun por su carácter intrínseco donde está en manos de profesionales la vida de miles de asegurados (activos, jubilados y pensionados).

Paraguay logró recuperar USD 3,4 millones del meca­nismo Covax, que fueron abonados para la compra de vacunas contra el covid-19 durante la pandemia. Con este logro, Paraguay evitó el pago de una garantía con­tractual millonaria que fue firmada por el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Esto marca un capítulo cerrado con el mecanismo, ya nosotros no podemos recla­marle nada, ni ellos pue­den hacerlo y eso es un gran logro porque el exminis­tro (de Hacienda) había fir­mado una garantía por USD 88 millones”, señaló a la 650 AM Marco Aurelio Gonzá­lez, procurador general de la República.

De acuerdo a lo que explicó, nuestro país había hecho un depósito de USD 6,5 millones y se había comprometido a comprar 3 millones de dosis, pero solo recibió 700.000, lo que representa casi USD 1 millón. Paraguay tenía a su favor USD 5.600.000 y se ini­ció una misión encabezada por el Ministerio de Salud para recuperar ese dinero.

“Pedimos la devolución y ellos decían que nosotros nos comprometimos a comprar las vacunas, que nos compro­metimos a pagar las vacunas por más de que no recibamos, firmamos una garantía y nos decían que esa plata debía quedar retenida y además debíamos pagar una tasa de USD 180.000″, relató.

El procurador indicó que en esta tarea acompañaron al Ministerio de Salud la Pre­sidencia de la República, la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría, que lograron que recupere parte del dinero abonado y evitaron que Paraguay tenga que realizar pagos adiciona­les al mecanismo.

Desde setiembre del año pasado, se escucharon pro­puestas que se hicieron a nuestro país y luego de un profundo análisis se optó por la opción que ya fue comuni­cada oficialmente el lunes 22 de julio.

“Esta fue la última propuesta del mecanismo y nosotros estábamos en la disyuntiva de aceptar o tener que ir a arbitraje después de todas las negociaciones. El costo del arbitraje es alrededor de USD 1,5 millones, sin con­tar peritos y otros costos que pudieran derivarse. Era tener la plata hoy o ir a arbi­traje y pagar un monto side­ral, estábamos empatados”, manifestó el procurador.

González indicó que con esta propuesta no se corría el riesgo de perder eventual­mente la demanda, lo que conllevaba perder la tota­lidad del dinero abonado e incluso asumir otros gastos.

“Medidos la probabilidad de éxito y el riesgo que teníamos terminamos aceptando la propuesta, lo que implica un reconocimiento de la legiti­mación del derecho de Para­guay porque se han percibido gran parte del dinero depo­sitado”, concluyó.