El Paraguay cuenta actualmente con 18.249 personas pri­vadas de libertad y el sis­tema penitenciario cuenta solamente con una capaci­dad para albergar a 11.000 reclusos actualmente. La habilitación de las tres nue­vas penitenciarías permi­tirá aliviar el hacinamiento y a la vez aplicar de manera correcta los programas de reinserción.

“Habilitar las 3.711 plazas nuevas ayudará a descompri­mir el sistema y poder cla­sificar a las personas. Hoy tenemos a todas las perso­nas mezcladas en una misma penitenciaría, procesados y condenados, hay un proce­sado por abuso de niños y un condenado por robo banca­rio, los famosos guantes blancos. Qué programa de reinserción vas a poder efec­tivizar de esa forma”, expresó a la 1020 AM el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

Las dos penitenciarías de Emboscada y la de Minga Guazú son construcciones nuevas y que están orienta­das solamente para personas condenadas, las tres cuentan con una misma infraestruc­tura, están divididas en ocho módulos que forman una especie de subpenitenciarías totalmente independientes, que posibilita que las perso­nas privadas de libertad de cada módulo no tengan con­tacto con las otras unidades.

“Cada uno va a estar clasi­ficado, de hecho ya lo están en el penitenciaría de Minga Guazú, de acuerdo a los per­files criminológicos, es decir, hecho punible cometido, con­ducta dentro del contexto de encierro y entonces se va a aplicar el programa de rein­serción teniendo en cuenta este perfil. Eso va a tener un impacto y nos va a permi­tir también tener un espacio de esparcimiento acorde”, explicó el ministro. Nicora indicó que el actual hacina­miento hace que sea imposi­ble aplicar programas capaces de dar resultado, puesto que en algunos penales, la canti­dad de reclusos incluso triplica la capacidad del centro. “Hay centros que tienen una capa­cidad para 400 personas pri­vadas de libertad y tenemos 1.400. Esa es la realidad con la que nos encontramos, pero no es una excusa porque noso­tros ya conocemos eso de ante­mano y al asumir una respon­sabilidad sabemos a qué nos vamos a enfrentar”, sostuvo.

Personas privadas de libertad que se encuentran recluidas en la Penitenciaría de Mujeres Serafina Dávalos de Coronel Oviedo participaron este viernes de una jornada deportiva y recreativa, organizada en el marco del plan Sumar con el trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Con el objetivo de incentivar las prácticas del deporte como herramienta para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el tratamiento de quienes lo necesiten, representantes de la SND, en apoyo al Ministerio de Justicia, acompañan las diversas jornadas de trabajo en las penitenciarías del país.

“El deporte le da la libertad de vivir un momento agradable, aunque se encuentren privadas de libertad y un momento de ´escape de las rejas´, comentó el licenciado Douglas Martínez, director del Deporte Inclusivo de la SND al tiempo de remarcar que los deportes más aceptados por las personas privadas de libertad son el fútbol, el vóley, el futsal y el pikivoley.

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El mismo explicó que cuentan con una estrategia de trabajo para llevar estas actividades deportivas a diferentes penales de todo el país, con jornadas interactivas que presentan además de las actividades deportivas momentos de esparcimiento e involucramiento colectivo de prevención de consumo. Recordó que este tipo de actividad ya se llevó adelante en centros penitenciarios de Encarnación, Misiones, Alto Paraná y Guairá.

Una de las principales consignas además de establecer al deporte como una de las principales herramientas de prevención de consumo de droga es concienciar sobre la importancia de la actividad física para conservar un estado saludable. De esa manera, se evita enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el sedentarismo, de forma inclusiva para las personas privadas de libertad.

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Más de 50 personas participaron de las actividades recreativas que se implementaron en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el marco del Plan Sumar, que busca llevar actividades en los centros de reclusión del país para las personas privadas de libertad (PPL).

Este programa es del Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de Deportes (SND), que busca de este modo otorgar distracción mediante la organización de las jornadas deportivas y recreativas para las PPL.

Los PPL pudieron participar en el torneo de fútbol de campo organizado por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria dependiente del Viceministerio de Política Criminal de dicha cartera de Estado, en conjunto con la SND.

El Ministerio de Justicia lleva adelante jornadas de trabajo en las penitenciarías del país con el objetivo de incentivar las prácticas del deporte a las PPL, como iniciativas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el tratamiento de quienes lo necesiten.

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Douglas Martínez, Encargado de la Dirección del Deporte Inclusivo de la SND explicó que llevan diferentes disciplinas deportivas a los centros penitenciarios como futbol, vóley, futsal y pikivoley; y está dirigido a todos los PPL.

“Estas son actividades deportivas las que estamos llevando a los diferentes penales, en este caso fútbol. Es la tercera jornada que estamos realizando, involucrando a unos 50 reclusos aproximadamente. Anteriormente ya hicimos vóley, futsal y pikivoley, pero hoy solo fue fútbol para todos los PPL”, señaló.

“Antes estuvimos en Encarnación y Misiones. Estas otras dos actividades cumplieron un cronograma establecido que durará todo el año. Son 50 en promedio los que participan en cada jornada”, mencionó.

Según el cronograma previsto, el próximo encuentro deportivo, a finales de junio, se disputará en Villarrica; luego, en agosto será en los Centros Penitenciarios para Mujeres de Coronel Oviedo, y de Ciudad del Este.

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“El pedido de la víctima es un tratamiento racional y respetuoso, nada más. Colombia no tiene porque cumplir eso”, manifestó el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, al referirse sobre la solicitud realizada por Claudia Aguilera, consistente en que el teléfono de su esposo, Marcelo Pecci, sea peritado de forma exclusiva por Colombia y Estados Unidos.

La solicitud de la viuda fue realizada el pasado 29 de abril bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez, mediante una nota remitida vía Whatsapp a las autoridades colombianas. No obstante, Doldán comunicó que el Ministerio Público paraguayo insistirá en obtener el teléfono de Pecci para someterlo a un peritaje, alegando que el pedido realizado por la abogada no constituye un obstáculo.

“El teléfono es una evidencia altamente relevante. La nota de exclusividad no tiene validez, pero puede presentar un obstáculo para Colombia, porque ese país nos solicitó la venia de los herederos de Marcelo, en este caso Marcelo hijo (representado por la madre), para que esta diligencia se pueda llevar adelante”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió sosteniendo que “ahora estamos preparando una nueva carta rogatoria a Colombia en donde a más de otra variables, también estamos viendo la inclusión de una petición un poco más fuerte con respecto al teléfono. Nosotros necesitamos que el teléfono sea analizado, necesitamos los resultados, no nos importan quién hace el peritaje, pero si un país tuvo el teléfono dos años y no lo analizó ¿Por qué ahora surge esa necesidad indeclinable que sea Colombia el que lo analice”.

Asimismo, recordó que, en octubre pasado, la Fiscalía paraguaya tomó conocimiento de que el celular de Pecci nunca fue peritado en toda la investigación del crimen. A partir de ahí pidieron a sus pares colombianos la devolución del celular, pero no obtuvieron respuestas debido a que hubo un estricto apego a la solicitud de Aguilera, algo que para Doldán, no debió suceder, ya que la nota presentada por Pérez no tiene ningún tipo de validez.

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Doldán expresó a la vez que el teléfono, no es el único elemento que la Fiscalía paraguaya desea obtener en el marco de la investigación del asesinato de su colega, teniendo en cuenta que las autoridades colombiana incautaron una computadora personal perteneciente a Andrés Felipe Pérez Hoyos.

“En la investigación colombiana surgieron informaciones pertinentes que nos conducen a afirmar que se pudo haber manejado la ruta del dinero del pago del crimen de Marcelo en esa computadora y sin embargo esa computadora no es analizada hasta el momento. Por eso pedimos que se analice esta computadora”, refirió.

Por otra parte, calificó como un “absurdo” la posibilidad de que sus pares de Colombia tomen la posición de deslindarse en el proceso de investigación para capturar a los autores intelectuales de la muerte de Pecci.

“Es un absurdo hablar de esta carrera de relevos en una investigación criminal. Una investigación se inicia con la ocurrencia del hecho y concluye con la condena y el control de la ejecución de la condena de todos los involucrados”, sentenció.

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