La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, señaló este domingo que se está trabajando fuertemente en la reinserción laboral de los internos, sobre todo apostando a la competencia laboral para que los reos puedan tener un sustento, sobre todo al recuperar la libertad.
“Nosotros apostamos a la competencia comercial, no queremos hacer filantropía porque eso dura un tiempo. El que quiere ayuda se cansa o hay otros obstáculos y se corta el proceso. Apostamos por la producción porque no existe la barrera de la discriminación”, dijo la ministra en una entrevista con canal Trece.
Mencionó que en muchos casos los empresarios también piden ciertas garantías para contratar a una persona que estuvo privada de libertad, pero cuando hay competencia de producción en las penitenciarías del país. Destacó también la buena aceptación de la gente de los trabajos hechos por los reos.
Pérez indicó que en otros países por lo general la gente no quiere adquirir los productos hechos en las cárceles y que tienen “marcas penitenciarias”, pero en Paraguay es muy distinto porque se nota el apoyo a los trabajos realizados por las personas privadas de libertad en los distintos lugares de reclusión.
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“Nos contaban en otros países que tienen la misma experiencia, que la gente no quiere comprar porque viene del sistema penitenciario, nosotros no, nosotros tenemos empresas que tienen productos producidos en las penitenciarías”, destacó.
La ministra indicó también que cuando un reo no está formando parte del proceso de reinserción laboral, pero ven lo que hacen sus compañeros, genera un efecto multiplicador. Por lo general los internos que forman parte de organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC), entre otros, no participan de los trabajos.
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Maquiladoras en penitenciarias demuestran aumento en la producción y la calidad
La secretaria del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), Natalia Cáceres, conversó con el diario La Nación/ Nación Media, acerca del impacto que tiene el régimen especial de las maquilas que, si bien siempre se destaca en las exportaciones, también tiene un gran alcance en lo social.
Esto, teniendo en cuenta la plataforma de empleo que representa, a más de la diversificación del sistema que también viene apoyando el trabajo de reinserción social, impulsado por el Ministerio de Justicia en distintos centros penitenciarios del país a través del Cnime.
“Este proyecto impulsado por el equipo del ministro Rodrigo Nicora, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva de Maquila, está generando resultados positivos para las empresas que se sumaron al mismo, sobretodo en el aumento de la producción y la calidad de los bienes fabricados”, expresó Cáceres a LN.
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Impacto del régimen
La titular del Cnime explicó que el mencionado proyecto de reinserción social ya cuenta con varias empresas maquiladoras instaladas en los centros penitenciarios de Minga Guazú y Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, demostrando así el impacto que pueden llegar a tener.
El objetivo del mismo es colaborar en la generación de oportunidades para las personas privadas de libertad, otorgándoles la posibilidad de trabajar para empresas de reconocida trayectoria en el sector industrial maquilador.
Cáceres remarcó que estas empresas, en su mayoría del sector confecciones y textiles, no solo están generando oportunidades laborales, sino también brindan capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Esto permitirá a futuro una efectiva reinserción en la sociedad, gracias a la adquisición de nuevas habilidades técnicas, dijo.
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Importancia en la industrialización
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), del que depende el Cnime, observa con optimismo el trabajo articulado y coordinado entre las distintas instituciones, atendiendo la importancia del sector maquilador en el proceso de industrialización del Paraguay, y en el dinamismo de la economía.
La subsecretaria de Estado aseguró que cada proyecto implementado en el régimen de maquila, contribuye con el crecimiento de las exportaciones, la generación de empleo digno y el aumento de la competitividad de las empresas en los mercados internacionales, subrayó a Nación Media.
Maquila y sus números
Las exportaciones acumuladas de enero a octubre ascienden a USD 918 millones, reflejando un importante crecimiento de USD 74 millones respecto al mismo periodo de 2023, con un crecimiento del 9 %. El sector genera 28.771 puestos de trabajo, y solo en octubre se registraron 257 nuevos empleos, en tanto que en los últimos 12 meses se observó un incremento de 4.391 empleos, siendo el 44 % de estos ocupados por mujeres.
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El Salvador: familiares de presos claman por una “prueba de vida”
Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.
En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.
El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.
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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.
Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.
“Vivo o muerto”
Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.
Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.
“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.
Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.
Cartas de “libertad”
Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.
“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.
En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.
Fuente: AFP
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Internos de alta peligrosidad son trasladados a penal de máxima seguridad
El Ministerio de Justicia informó en la mañana de este martes que varios operativos se desarrollan en penitenciarías del país para el traslado de personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Las mismas son llevadas al penal de máxima seguridad de Minga Guazú.
Los trasladados se dan de las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien señaló que un total de trece personas son llevadas a la penitenciaría ubicada en Alto Paraná.
“Estos perfiles son altos perfiles, considerados de alta peligrosidad pertenecientes a organizaciones criminales internacionales, entonces con base en la inteligencia recabada se tomó la decisión a nivel superior de realizar el traslado”, explicó el secretario de Estado en conversación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
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En la misma tesitura, mencionó que el operativo se dio de manera exitosa y sin incidentes. Destacó que este tipo de trabajos requiere de una importante planificación y por sobre todo la colaboración de fuerzas del orden como la Policía Nacional y el Ejército que son los que acompañan el traslado desde la extracción de las personas privadas de libertad de sus celdas originales hasta que sean ubicadas en sus nuevos módulos.
Respecto a la reacción de los demás reos ante estos cambios, teniendo en cuenta que muchos de los trasladados son líderes o cabezas de grupos internos de las penitenciarias, Nicora manifestó que en muchas ocasiones se quieren dar disturbios y los mismos también son contenidos y disipados con ayuda del equipo interdisciplinario que trabaja en el traslado.
Respecto a la ocupación del penal de máxima seguridad de Minga Guazú, el secretario de Estado señaló que hasta el momento se encuentra en un 72 %, contando aún con espacio en especial en los módulos de alta seguridad, los cuales cumplen a su vez con indicaciones y características diferentes al resto de la estructura edilicia.
“Minga Guazú tiene un nivel de equipamiento importante y una infraestructura también acorde a lo que buscamos y denominamos como nueva gestión penitenciaria que nos permite justamente separar y clasificar los perfiles de las personas privadas de libertad, y tenemos nuestros módulos de alta peligrosidad”, explicó el titular de la cartera de Justicia.
Trasladados
La lista de las personas privadas de su libertad que fueron trasladas desde los diferentes centros penitenciarios está compuesta por Óscar Quiñónez Insfrán, Sergio Darío Arzamendia González, Richard Dario Benítez Pereira, Alberto Rafael Aquino Sanabria y Fernando José Aquino Salinas, todos de la penitenciaría de Ciudad del Este.
Desde la penitenciaria de Encarnación fueron trasladados Jesús Ariel Romero Bolivar, Ariel Benítez, Edelberto Ramón González Lena y Andrés Núñez Silva, mientras que desde el penal de Pedro Juan fueron trasladados Mauricio Gayoso, Denis Daniel Olmedo Lomardi y Marco Antonio Flores Esquivel.
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Exagentes penitenciarios siguen en huelga de hambre para exigir recontratación
Este lunes, un grupo de exagentes penitenciarios sigue apostado frente a la sede del Ministerio de Justicia en Asunción y suma siete días de huelga de hambre. Los trabajadores de distintos centros de reclusión exigen ser recontratados, alegan que tienen antigüedad y afirman que fueron despedidos injustificadamente.
Se trata de unas cinco personas que están apostados frente al edificio de la cartera estatal e iniciaron una huelga de hambre el pasado 4 de noviembre, para exigir el cumplimiento de la promesa hecha por las autoridades. Desde hace tres meses, estos trabajadores esperan ser contratados nuevamente, algunos incluso se encadenaron como medida de fuerza.
“Cada 15 días estábamos viniendo con la promesa de que nos volverían a contratarnos, pero hasta la fecha no cumplieron con nosotros. Sin embargo, siguen contratando personal que no tiene experiencia”, manifestó Víctor Colmán, exfuncionario penitenciario, en entrevista con C9N.
Explicó que incluso participaron de un curso de capacitación, en el que sumaron puntajes a su experiencia y que es injusto que personal que no tiene la misma preparación sea contratado. “Nosotros queremos volver a trabajar, que nos devuelvan nuestros trabajos como prometieron”, aseguró Colmán.
Por su parte, Rodrigo Domínguez, que prestaba servicio en el penal de Coronel Oviedo, resaltó que desde hace siete días están haciendo huelga de hambre. “No despidieron injustificadamente, hubo un concurso y no dejaron de lado. Supuestamente no alcanzamos puntaje, yo tengo cuatro años de antigüedad y no puede que otros sin experiencia entren”, refirió.