La Justicia deja un importante precedente sobre el derecho de los niños a la alimentación y la obligación de los padres a brindársela. Se trata de un caso que se hizo público y se viralizó y que tiene como protagonista a Emiliano Sanabria Benítez, quien deberá guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú de Asunción por incumplir su deber alimentario con sus cuatro hijos.
La agente fiscal Sandra Ledesma, de la ciudad de Luque, departamento Central, intervino en el caso denunciado por la madre de los hijos de Sanabria Benítez por violación o incumplimiento del deber alimentario.
Tras realizarse el debido proceso, el Tribunal de Luque dictó una condena de cuatro años de pena privativa de libertad para el hombre. Esto, al comprobarse el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario.
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Varias causas abiertas
El mismo deberá cumplir su condena en el penal de Tacumbú, hasta donde fue trasladado al terminar el juicio, teniendo en cuenta que tiene varias causas abiertas por otros hechos punibles.
Durante el juicio oral, la representante fiscal comprobó la responsabilidad del acusado y demostró que no depositó el monto de G. 800.000 mensual que el Juzgado de la Niñez le había impuesto destinar en una cuenta abierta a nombre del juicio y teniendo como destinatarios a sus cuatro hijos.
El Ministerio Público pudo comprobar que el acusado, a pesar de tener la capacidad física real para abonar la cuota alimentaria, no depositó dicho monto y le ocasionó un perjuicio a sus hijos, menores de edad y escolarizados, confirmando el dolo con el que actuó el acusado.
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Fiscal imputó a 40 padres por no pagar el deber alimentario
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Las causas por incumplimiento del deber alimentario inundan las unidades fiscales y figuran entre las denuncias más reiteradas. El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a 40 padres de familia que se negaban a asistir económicamente a sus hijos menores de edad. Solo en su unidad existen unas 400 causas por el no pago del deber alimentario.
Los casos responden a diversas investigaciones por incumplimiento del deber legal alimentario. Todos ya fueron previamente sentenciados por distintos juzgados de la Niñez y Adolescencia de Alto Paraná. Los procesados por no cumplir quedaron a disposición de la Justicia.
Debían pagar diferentes montos mensuales a favor de sus respectivos hijos menores, a ser depositadas en cuentas judiciales habilitadas en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Sin embargo, los papás incumplieron dichas medidas judiciales.
Ante el no pago, fueron denunciados ante el Ministerio Público, por las madres de los niños. Tras analizar cada caso y luego de requerir los informes respectivos al BNF, el fiscal Giménez imputó a los denunciados, al confirmarse la falta de depósito del deber legal alimentario.
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Consultado por La Nación/Nación Media, sobre el promedio mensual de pagos de las 40 personas imputadas, el fiscal Alcides Giménez dijo que, son 500 mil guaraníes en promedio. Mencionó que son los casos de más escasos recursos o, de ingresos informales, sobre los cuales no existe una forma institucional de conseguir los cobros.
En aquellas causas donde los denunciados trabajan en empresas o tienen ingresos medios o altos, las madres recurren a acciones judiciales para conseguir embargos o descuentos automáticos de los salarios, según lo referido por el fiscal Giménez.
Los que quedan a cargo del Ministerio Público, son las causas de las familias de más bajos recursos, agregó. La identidad de los imputados se mantiene en reserva para proteger la identidad de las víctimas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.
Asimismo, el fiscal Alcides Giménez remitió otras 30 denuncias por prestación alimentaria, a la Oficina de Mediación del Poder Judicial, para que puedan ser dilucidadas.
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Imputan a Armando Javier Rotela y a otros 8 internos
Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela –líder del clan Rotela–, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Óscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero por transgresión a la Ley n.º 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, todos en calidad de coautores.
Los antecedentes de la causa señalan que el 18 de diciembre pasado, a las 4:30, aproximadamente, media hora antes del ingreso a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú por parte de agentes de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Veneratio, se escucharon explosiones y gritos provenientes del interior del establecimiento penitenciario. El personal policial intentó ingresar por la parte anterior y posterior, mientras personal militar quedó para resguardar el perímetro externo del penal, pero no fue posible en un primer momento debido a que Armando Javier Rotela Ayala, líder del clan Rotela, de la organización criminal autodenominada La jungla, ordenó a sus colaboradores principales, quienes portaban armas de fuego, a atrincherarse en uno de los portones de acceso a los pabellones desde donde arrojaban explosivos y todo tipo de objetos contundentes contra el personal policial, obligando el uso del camión blindado para avanzar dentro del recinto.
Así también, los internos, haciendo caso a las órdenes recibidas en principio, tomaron los techos de distinto pabellones del penal desde donde lanzaron todo tipo de objetos contundentes y cortopunzantes en contra de los agentes de Policía y el personal militar que se hallaba afuera del lugar.
Una vez que el personal policial logró ingresar, se encontraron con la reacción de los reclusos, quienes en cumplimiento de la orden dada por Rotela, y reiterado por sus principales líderes, evitaron en todo momento el avance, agrediendo al personal policial con armas blancas, armas de fuego, armas contundentes, explosivos caseros (bombas molotov), enfrentamiento que duró aproximadamente tres horas.
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Los títulos catástrofe pasan, pero la verdad permanece
Josías Enciso Romero
Fue un plan estratégico bien planificado. Con el elemento táctico primordial que exige este tipo de operaciones: el factor sorpresa. No hubo grietas para que la información fuera filtrada a los medios de comunicación o personas ajenas al proceso. El hermetismo con que se manejó el procedimiento demuestra al alto grado de compromiso de sus ideólogos y ejecutores.
Tal es así que los primeros asombrados fueron los guardias de seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú quienes, en su mayoría, suelen actuar como campanas de los presos más poderosos dentro de las cárceles del país. Esta vez se les cayó la noche en plena alborada y sin previo aviso. Algunos atrincherados en los territorios denominados “liberados”, bajo el poder hasta ayer del clan Rotela, intentaron resistir con armas automáticas. Se trataba de una verdadera guerra contra el crimen organizado que seguía manejando y ampliando sus negocios y dominios desde su lugar de reclusión. Y en una guerra siempre hay bajas, aunque se hayan organizado las mejores maniobras para evitarlas. El saldo de muertes es de un lince y once personas privadas de su libertad.
Algunos políticos ya reconocieron que esta intervención en la cárcel de Tacumbú fue un “golazo” del presidente Santiago Peña, pero –siempre el bendito pero– debió “realizarla mucho antes”; en tanto que algunas cadenas mediáticas, de las que siempre ven el vaso medio vacío y el tiempo siempre nublado, azuzaban desde sus catastróficas tapas que “Tacumbú seguía en poder del clan Rotela”, que, en parte, era una realidad irrefutable, pero olvidaban intencionalmente que esa situación se había generado, enquistado y agrandado a niveles metastásicos en los tiempos de la administración de Mario Abdo Benítez. Aunque eso jamás importó. Toda la culpa la tenía Peña. Lo que no estaba en la agenda de estos medios fue esta operación relámpago como la de ayer. Rápida, fulminante y efectiva. La cárcel de Tacumbú está en su totalidad en manos de los órganos de seguridad.
Armando Javier Rotela Ayala, de 41 años, con la inquietante etiqueta de “alta peligrosidad”, fue desalojado de su búnker denominado “La Jungla” y trasladado hasta la agrupación de Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Tiene por delante 27 años de cárcel por los delitos de tenencia y comercialización de drogas y asociación criminal, conforme informan las crónicas de los diferentes medios locales. Había montado su propio espacio dentro de Tacumbú, inaccesible para todo aquel que no formara parte de su clan, incluyendo a los guardiacárceles.
No es la primera vez que realizan allanamientos en esta penitenciaría. Por lo general, para incautar armas, estupefacientes y bebidas alcohólicas, hecho que patentiza la complicidad de los encargados de poner orden en el lugar. Esta vez fue diferente. Había un cabecilla que debía ser extraído de unas celdas impenetrables por la guarnición con que contaba como seguridad personal. Rotela se creyó intocable hasta que le cayeron de sorpresa.
Otro hecho a destacar: a través de la televisión solían observarse imágenes de presos tendidos boca abajo en el suelo, dentro de la prisión, durante las incursiones de las fuerzas de seguridad. Esta vez, a mi entender, utilizaron un procedimiento similar a los que emplean en El Salvador: sentados uno detrás de otro, con las manos esposadas hacia atrás. Lo que funciona bien, hay que imitar.
El presidente Santiago Peña, en conferencia de prensa, reconoció que “por décadas y a sabiendas de todos, el penal de Tacumbú se convirtió en un centro desde donde operaban grupos criminales planeando asaltos y distribuyendo estupefacientes…”. Y ordenan sicariatos, agregaríamos. Puso también énfasis cuando declaró: “¡Basta a un modelo que convertía las cárceles en verdaderas escuelas del delito y del crimen!”, para concluir que esta operación fue “histórica y sin precedentes”.
A los pronosticadores del mal eterno y las catástrofes apocalípticas sobre este gobierno que no les viene en gracia, ni el grupo político que llevó a la Presidencia de la República a Santiago Peña, se les cayó otra ficha del engranaje de la negatividad. Veremos qué títulos publican hoy. ¿Reconocerán el éxito del operativo o encontrarán nuevamente la quinta pata al gallo? “¡Averígüelo, Vargas!”, diría el finado Poncho Pytã en sus columnas del desaparecido diario Patria, según suele contarme mi vecino don Cecilio. Una cosa está ampliamente demostrada: los títulos catástrofe pasan, la verdad permanece inalterable. Aunque les caiga como locro de la tarde.
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Senador se interiorizó sobre situación de la penitenciaria de Tacumbú
El senador liberal Fernando Silva Facetti visitó este jueves la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, a fin de verificar la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad y el funcionamiento en general del establecimiento ante la presencia e influencia de grupos del crimen organizado que amenazan constantemente la seguridad institucional.
La visita se realizó a pedido del Ministerio de Justicia a raíz del hacinamiento de la población penitenciaria y la necesidad de reforzar los controles. La nota firmada por el titular de la cartera, Alberto Benítez, fue remitida al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado Ángel Paniagua.
En ese contexto, el senador Silva Facetti verificó el estado actual del penal para que se puedan tomar medidas necesarias desde la Cámara Alta. Durante el recorrido, el parlamentario se reunió con el director de la penitenciaría, Antonio Amarilla, quien le informó sobre los trabajos que vienen realizando con el fin de mejorar la gestión en este centro penitenciario.
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El senador valoró el trabajo que realiza la institución en coordinación con el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), que logró disminuir la población a un total de 2.667 internos, que en un momento llegó a más de 4.000, informaron desde la Cámara de Senadores
“De esta manera, en dos meses de trabajo coordinado se ha puesto en libertad a un total de 500 personas, que en la mayoría de los casos se encontraban en esta condición por falta de gestión, compromiso institucional y de las autoridades responsables”, sostuvo el legislador.