El Ministerio de Justicia reforzó la seguridad en todas las cárceles del país debido a que diciembre constituye un mes particularmente especial para las personas privadas de libertad. Se trata de un trabajo coordinado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación.
“Fin de año siempre es sensible, todos quieren salir en libertad, los internos se alteran cuando las audiencias no resultan como esperan y en enero hay feria judicial. Hay sensibilidad por las fiestas”, expresó Cecilia Pérez, ministra de Justicia.
Personal de guardia del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía realiza tareas de apoyo y verificación en la inmediaciones de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, apoyando a los agentes penitenciarios apostados en el lugar.
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Actualmente, el penal de Tacumbú cuenta con una población de 2.308 personas privadas de libertad, de las cuales 1.278 son procesadas y 1.030 condenadas. “Ayer, personal policial recorrió el perímetro de la zona que rodea Tacumbú. Estamos haciendo un trabajo más intenso”, manifestó Pérez, esta mañana, en contacto con 1080 AM.
Además, recientemente se ha firmado un protocolo de conformación de un Comité Técnico Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a fin de reforzar los trabajos de inteligencia penitenciaria y poder realizar acciones con mayor celeridad.
Informes señalan que en esta época del año existe un aumento en los niveles de ansiedad en las personas privadas de libertad, pues muchas de ellas esperan obtener algún beneficio judicial que les permita pasar las fiestas de fin de año con sus familiares.
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La reducción del hacinamiento en las cárceles, la profesionalización de los agentes penitenciarios y la separación efectiva de las personas privadas de libertad condenadas de las procesadas, son objetivos en los que ya se encuentra trabajando el Ministerio de Justicia.
Mediante la inminente habilitación de tres nuevos establecimientos penitenciarios, se pretende cumplir estas metas, pues el objetivo es trasladar sólo a personas condenadas a las nuevas cárceles, que serán custodiadas por la primera promoción de agentes penitenciarios formados en el Instituto Técnico Superior Penitenciario.